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En 2025, los delitos ambientales se expandieron a rincones de la cuenca amazónica que hasta entonces se habían salvado del saqueo desenfrenado que redes criminales y élites de la región han promovido durante la última década. Todo a expensas de los bosques y de sus habitantes.
Por Insight Crime
En el sur de la Amazonía de Ecuador y en el río Puré —en la frontera entre Colombia y Brasil— se instalaron nuevos focos de minería ilegal de oro, al tiempo que otros se multiplicaron a lo largo de Perú, Brasil y Venezuela durante 2025, impulsados por los precios récord que alcanzó el metal precioso. Esta minería ilegal forma parte de un ecosistema de economías ilegales que también incluye el acaparamiento de tierras, la siembra de cultivos de uso ilícito, la tala ilegal de madera y el desmonte para la agricultura. Estas actividades son algunos de los motores criminales detrás de la deforestación y pérdida de biodiversidad en la región que están erosionando el rol de la Amazonía como sumidero de carbono y llevándola a un punto de no retorno.
A pesar del rol protagónico de las economías ilegales en la crisis climática, hace una década apenas figuraban en el radar de las autoridades y por años permanecieron ausentes en la lista de desafíos urgentes relacionados con el cambio climático. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático COP30, celebrada en noviembre de 2025 en Belém, Brasil, la declaración final no incluyó una hoja de ruta precisa para disminuir la deforestación y enfrentar sus motores —incluyendo el crimen organizado—.
A través de la expansión de la minería ilegal y de los cultivos de coca, abordaremos cómo, en la última década, el crimen organizado ha desempeñado un papel cada vez más central en la crisis climática que enfrenta la Amazonía y por qué su abordaje debe ser una prioridad.
La minería ilegal de oro
El auge de la minería ilegal de oro en la cuenca amazónica durante la última década ha sido apalancado por la creciente demanda internacional y los precios récord del metal precioso. Entre 2015 y finales de 2025, la onza de oro pasó de cotizarse en US$1.060 a US$4.030, lo que representa un aumento del 280%.
Hasta hoy, la minería ilegal ha afectado docenas de áreas protegidas y territorios indígenas de la cuenca amazónica, según datos de Amazon Conservation, y se ha extendido a lo largo de más de 4.000 sitios ilegales a lo largo de la Amazonía, aunque se estima que existen más. En Ecuador, por ejemplo, se ha dado un crecimiento acelerado de la superficie minera en los últimos años. En la provincia de Napo, en el centro del país, la superficie minera pasó de tener menos de 50 hectáreas a superar las 1.300 entre 2007 y 2023. En el sur del país, en el Parque Nacional Podocarpus, las hectáreas afectadas por la actividad minera se dispararon en un 127% entre 2023 y 2024.
Este crecimiento ha dejado una huella profunda en la cuenca amazónica. Entre 2018 y 2024, la minería ocasionó la pérdida de más de 2 millones de hectáreas de bosque y un tercio de esta deforestación ocurrió en territorios indígenas y áreas protegidas. La minería utiliza extensivamente el mercurio para separar el oro de los sedimentos, y en el camino contamina las fuentes de agua y el suelo, y por ende, a las comunidades.
Deforestación impulsada por los cultivos de coca
En pleno auge de la oferta y la demanda de cocaína a nivel mundial, los cultivos de uso ilícito se están multiplicando en la cuenca amazónica y contribuyendo a la pérdida de bosques, especialmente en parques naturales y áreas protegidas de Colombia y Perú.
En los departamentos amazónicos de Colombia, los cultivos de coca pasaron de 39.069 hectáreas en 2015 a 64.562 hectáreas en 2023, lo que representa un aumento del 65%, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD). La gran mayoría de las plantaciones de coca se han concentrado en el departamento de Putumayo y en territorios de protección especial, incluyendo parques nacionales naturales, territorios colectivos y reservas forestales de ley segunda —espacios concebidos originalmente para la conservación.
Mientras tanto, en Perú, los cultivos se han expandido más allá del tradicional epicentro de la coca en el país: el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) y se han adentrado cada vez más en la Amazonía. Mientras que en 2015 en el VRAEM había 18.333 hectáreas y en el resto del país 21.967, en 2024 el VRAEM registró 36.345 y el resto de Perú 53.110.
Es alarmante que en la última década, el narcotráfico, lejos de operar de forma aislada, ha estado estrechamente ligado a otros delitos ambientales en la región. Es común, por ejemplo, que redes criminales utilicen cargamentos de madera para camuflar cocaína, que se compartan rutas de tráfico o que se usen las rentas del narcotráfico para abrir cada vez más puntos de minería ilegal, se construyan carreteras ilegales y se trafiquen tierras.
Los orquestadores de los delitos ambientales
En las regiones de triple frontera entre Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Brasil, un sinnúmero de actores criminales se han instalado en la Amazonía para lucrarse de los delitos ambientales durante la última década. En el camino se han aprovechado de la profunda fragilidad institucional que predomina en la región para consolidar un control territorial, a menudo a través de la violencia, la corrupción, la prestación de servicios y la cooptación de las instituciones. En otras palabras, han instaurado una suerte de “gobernanza criminal”.
Esta gobernanza criminal puede competir o coexistir con las instituciones estatales y regular el orden social y territorial mediante instituciones formales e informales, lo que tiene efectos devastadores en la Amazonía y en quienes la habitan. Cuando una comunidad es obligada a seguir las reglas impuestas por grupos criminales o vivir bajo amenazas constantes, la idea misma de derechos queda en el limbo.
Rápidamente, estas organizaciones criminales están llegando a zonas nuevas en la cuenca amazónica y expandiendo sus portafolios.
Entre ellos destacan el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) —la red criminal más grande de Brasil— y su facción rival, el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), quienes se han expandido en zonas fronterizas de la Amazonía de Brasil para sacar una tajada de la minería ilegal. Además, el CV cruzó la frontera y se estableció en Perú, incentivando el cultivo de hoja de coca y la producción de pasta base en los departamentos de Loreto y Ucayali, donde la superficie cultivada se ha incrementado drásticamente en los últimos cinco años.
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