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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este sábado que va a llevar a los tribunales al Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid por negarse a crear un registro de médicos objetores de conciencia al aborto, lo que contraviene la ley. “La señora Ayuso, al más puro estilo sobre triunfoha decidido declarase en rebeldía contra el derecho de las mujeres al aborto y ha obstaculizado ese derecho de forma reaccionaria. Interpondremos un contencioso-administrativo por esta obstaculización a la ley, la democracia y las mujeres“, ha explicado García ante los medios de comunicación.
El Gobierno central ha esperado para pronunciarse a que se cumpla el último día de plazo para que la Comunidad de Madrid cree el banco de datos, lo que ocurrió este viernes a medianoche. Y lo ha hecho de manera contundente ante la resistencia de Isabel Díaz Ayuso, que cree que ese registro solo sirve para “perseguir” a los médicos que se niegan a practicar abortos en centros públicos y privados. Madrid se queda solo en su rebeldía después de que Baleares y Aragón, otras comunidades también gobernadas por el PP y que habían mostrado sus reticencias al registro, hayan decidido finalmente crearlo.
“En este país la ley se cumple”, ha añadido García. “La señora Ayuso ha decidido ponerse una vez más del lado equivocado de la historia. Nosotros estamos con la libertad de las mujeres para poder elegir sobre su cuerpo, sobre su vida y sobre su maternidad”, ha continuado. La ministra considera que la presidenta ha dado un paso para mostrarse “insumisa con la ley” y que, por eso, “tendrá que responder”.
El registro de objetores de conciencia resulta obligatorio para las regiones tras la reforma de la ley del aborto de 2023. El espíritu de ese banco de datos es que la decisión de esos sanitarios antiabortistas no se convierta en un obstáculo para las mujeres. Su finalidad también es evitar que se discrimine a los objetores o a los no objetores, y, de paso, que los segundos no se dediquen solo a esa tarea. Esos datos no se computan a nivel nacional, sino que deben ocuparse de su funcionamiento las autonomías. Madrid, de momento, no va a hacerlo.
El Gobierno de Ayuso lo había dejado claro desde el viernes. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, señaló que prefería que fuesen los tribunales los que tuvieran la última palabra, y no “un Gobierno sectario“. En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”, dijo Matute. La ministra de Sanidad dio acuse de recibo y dijo que, antes de pronunciarse, esperaría hasta que se acabase el plazo del Gobierno.
Este sábado lo ha hecho. García ha criticado con dureza a la presidenta: “Está yendo contra las mujeres. No sé qué le pasa a Ayuso con las mujeres y esta cruzada que les tiene”. En octubre, Pedro Sánchez le envió una carta para pedirle que cumpliera la norma, cuyo protocolo fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en diciembre de 2024. “Me dirijo a ti con la intención de ayudar a superar los obstáculos que, por desgracia, siguen encontrando muchas mujeres de nuestro país que deciden ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, decía la carta.
(Noticia de última hora: habrá ampliación en breve).
