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América Latina, una de las regiones más vulnerables a los estragos del cambio climático, ha decidido tomar la iniciativa. En una cumbre preparatoria en México, representantes de 22 países de la región consolidaron una postura común de cara a la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la ONU sobre el Clima, un evento que regresará a Latinoamérica en 2025, celebrándose en Belém, Brasil.
La ministra mexicana Alicia Bárcena destacó la importancia del diálogo regional frente a las crisis actuales: “Frente a las múltiples crisis que enfrentamos, es más importante que nunca dialogar sobre nuestros desafíos comunes”, expresó la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Los países acordaron tres prioridades: eliminar gradualmente los combustibles fósiles, acelerar la acción climática y priorizar la adaptación. Los países presentarán un documento conjunto en la conferencia de la ONU sobre cambio climático, que vuelve a la región tras más de diez años.
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El punto más destacado del acuerdo regional es el llamado a una “eliminación gradual” de los combustibles fósiles. Esta es una declaración de intenciones significativa. Aunque la región incluye a importantes productores de hidrocarburos—como Brasil (el anfitrión de la COP30), México, Argentina y, más recientemente, Guyana—el consenso regional subraya que la ciencia climática exige una transición acelerada.
La postura no está exenta de tensiones internas, pero el acuerdo marca un compromiso de priorizar la descarbonización y la inversión masiva en energías renovables, de las cuales la región tiene un potencial abundante (solar, eólico e hidrógeno verde). América Latina no solo se centrará en la mitigación; exigirá una reestructuración de la arquitectura financiera climática global.
La expectativa es que América Latina aproveche esos puntos en común para lograr un frente más unificado en la COP30, y que la presidencia de Brasil impulse temas particularmente relevantes para la región a partir de iniciativas en marcha, como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) para la protección de los bosques.
En la conferencia «PreCOP30», el Gobierno de México detalló su plan para reducir 225 millones de toneladas de emisiones para 2030. Sin embargo, análisis de ONGs señalan que la política de apoyo a Pemex y el «raquítico» presupuesto ambiental contradicen estas metas.
La posición regional es clara: la adaptación a los impactos ya inevitables del cambio climático (sequías, huracanes más intensos, derretimiento de glaciares) debe tener la misma prioridad que la reducción de emisiones. La región insistirá en que las naciones desarrolladas cumplan con sus compromisos de financiación.
Esto incluye el fondo de pérdidas y daños, para asegurar que el fondo, acordado en la COP28, sea accesible, ágil y esté suficientemente capitalizado para compensar a las naciones más afectadas. Por otra parte, el financiamiento para la adaptación, para demandar que se dupliquen los fondos destinados a la adaptación, como se ha prometido anteriormente.
Finalmente, canjes de deuda por naturaleza, para promover mecanismos que alivien la deuda externa de los países a cambio de compromisos verificables de conservación y acción climática.
El hecho de que la COP30 se celebre en Belém, en la puerta de entrada a la Amazonía, no es simbólico; es estratégico. Brasil ha señalado que esta será la «COP de la selva».
La posición latinoamericana integrará de manera central la defensa de la biodiversidad y el papel de las comunidades indígenas. La región argumentará que no se puede alcanzar la meta de 1.5°C sin proteger los grandes biomas, como la Amazonía, y que las soluciones basadas en la naturaleza deben ser financiadas adecuadamente. Se espera una fuerte presión para que los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios sean incluidos en las soluciones climáticas, reconociéndolos como los «guardianes del bosque».
Con este documento de posición, América Latina y el Caribe han logrado un consenso notable. El reto para 2025 será mantener esa unidad frente a las presiones de las economías desarrolladas y gestionar las complejidades internas de sus propias matrices energéticas. Sin embargo, el mensaje de la región es firme: ya no son solo receptores de ayuda, sino actores protagónicos que exigen soluciones basadas en la justicia climática.
En la mayoría de las negociaciones ambientales internacionales, desde biodiversidad hasta mercurio, la región participa como un único bloque: el Grupo de América Latina y el Caribe (Grulac). Sin embargo, existen otros grupos con distintos enfoques. Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú integran la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC); mientras que Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay son miembros del Grupo SUR. Brasil, además, coordina posiciones con Sudáfrica, India y China como parte del Grupo BASIC, y 16 países insulares de la región forman parte de la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS), que reúne a 39 naciones en todo el mundo.
