
En un artículo anterior, sugerimos que la oposición active la movilización callejera para asegurarse un asiento seguro en la mesa de negociaciones de la transición, donde, por ahora, sólo Delcy Rodríguez y Trump parecen tener voz. El objetivo no es descarrilar la transición, sino hacer imposible avanzar sin garantías de que culminará en un régimen genuinamente democrático.
Para evitar agotar la energía popular mediante un llamado a manifestaciones callejeras en torno a un objetivo que puede parecer inverosímil, la oposición debería centrarse en reconstruir la confianza dentro de la base social más amplia a través de movilizaciones periódicas, predecibles y sostenidas. Una vez a la semana, por ejemplo, en un día fijo. Semejante estrategia también serviría para poner a prueba cuán dispuesto está el chavismo a reprimir, utilizando lemas menos combativos y, en cambio, presionando por concesiones modestas que el régimen de Rodríguez podría ya estar dispuesto a otorgar.
Un posible ejemplo de este tipo de demanda fue el llamado a la liberación de los presos políticos, expresado en voz alta por activistas del movimiento estudiantil, grupos de derechos humanos y asociaciones de familiares. Las movilizaciones se han vuelto recurrentes en las últimas semanas. La represión esperada no ha llegado, y escenas como la de representantes estudiantiles de la UCV confrontando directamente a Delcy Rodríguez parecen señalar una renovación del espíritu desafiante de la sociedad venezolana. El inesperado anuncio de una Ley de Amnistía y el cierre de El Helicoide como prisión política comienzan a sentirse como logros duramente ganados para un sector del país acostumbrado desde hace mucho tiempo a la esterilidad de su lucha.
Estos avances, sin embargo, tienen límites. El nuevo encarcelamiento de Juan Pablo Guanipa como gesto disciplinario hacia el liderazgo de la oposición continúa revelando las sensibilidades del régimen, pero también sus fracturas internas (enfrentamientos entre facciones moderadas y duras) y oportunidades para futuras luchas.
Con la Ley del Odio todavía en vigor, las ONG prohibidas, la incertidumbre sobre la redacción final de la Ley de Amnistía, la persistencia de estructuras de terrorismo de Estado y otros centros de detención, no se puede estar seguro de que el actual proceso de liberalización política no sufrirá reveses si los caprichos del Ejecutivo cambian. Aun así, estas siguen siendo victorias que inspiran a otros sectores. Un grupo de trabajadores que exigían una actualización del salario mínimo logró protestar frente al Tribunal Supremo de Justicia sin enfrentar represión.
La oposición debe adoptar una estrategia menos basada en la confrontación abierta y más en la aplicación del aikido político al régimen.
Hay, sin embargo, una ausencia flagrante: los partidos políticos y María Corina Machado, quien estando en el exterior no ha logrado forjar una conexión genuina con estas movilizaciones. Sin una organización política partidista detrás de estas demandas, se corre el riesgo de perder la oportunidad de construir un verdadero movimiento capaz de presionar al gobierno hacia la redemocratización.
Lo que falta es la activación de un liderazgo y una organización nacional capaz de proponer un programa político en el que se pueda reconocer que estas demandas están interconectadas. Uno en el que la fortaleza de múltiples sectores sociales afectados por el abandono del Estado pueda reforzarse mutuamente.
Para la oposición, el riesgo no sólo es quedarse atrás cuando parta el 'tren de la transición', sino también que las reformas económicas lideradas por Rodríguez –alentadas por los intereses petroleros estadounidenses– puedan generar un nuevo auge del consumo y el bienestar que eventualmente frene la protesta política. Si los sectores más escépticos comienzan a creer que la liberalización económica sin liberalización política es un acuerdo aceptable después de décadas de decadencia social, el espacio para la lucha democrática podría reducirse significativamente.
Entonces, ¿cómo recuperar esta pieza que falta en el momento político nacional?
En busca de partidos políticos
Por ahora, el regreso de Machado a Venezuela es poco probable sin garantías de seguridad. Tampoco creemos que su regreso físico sea estrictamente necesario para producir un movimiento democrático organizado. Lo que importa es restaurar estructuras organizativas de base que, como lo demostró el ejemplo de los Comanditos, son posibles en nuestro país. Especialmente cuando el costo de la represión parece estar aumentando.
En este contexto, la oposición debe adoptar una estrategia menos arraigada en la confrontación abierta y más en la aplicación del aikido político al régimen. El Aikido, como arte marcial, se centra en utilizar la fuerza del oponente contra él. Políticamente hablando, la oposición no necesita imponer una agenda de transición alternativa al chavismo en este momento. Más bien, debería tomar la agenda que proponen Delcy y Jorge Rodríguez y profundizarla. Cuando vea una pequeña grieta abierta, debe colocar su pie en el espacio hasta que la puerta se abra lo suficiente para pasar. Y el chavismo ya está ofreciendo esa oportunidad con la reorganización del sistema de partidos.
Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional, anunció que el PSUV buscaría reformar el Código Electoral. Unos días después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la suspensión temporal del período de registro y revalidación de partidos. Una hipótesis es que, en respuesta a las demandas estadounidenses de cierto grado de liberalización política, el chavismo puede facilitar la normalización de partidos previamente intervenidos por el poder judicial y levantar las inhabilitaciones que impiden a los líderes políticos postularse para cargos públicos.
Sea o no cierto esto, los partidos de oposición deben aprovechar esta ventana de oportunidad para reactivar sus estructuras militantes convocando asambleas vecinales, ayuntamientos abiertos e incluso dialogando con consejos comunales para llevar la agenda legislativa propuesta por el propio chavismo al debate público.
Al apuntar a la Asamblea Nacional como punto focal de la movilización, la oposición no sólo presionaría al régimen sino que también obligaría a los legisladores que se autodenominan oposición.
Esto requiere pedagogía política por parte de la oposición: demostrar que esto no es simplemente una capitulación, sino más bien un reconocimiento de que la transición a la democracia es un proceso gradual que exige estrategia, astucia, madurez y, fundamentalmente, organización y compromiso cívico activo a medida que se ganan nuevos espacios de libertad y la lucha se profundiza progresivamente. Dicha movilización debería apuntar a reoxigenar los cuadros de los partidos y dar legitimidad a las propuestas que puedan surgir durante los debates parlamentarios sobre la reforma.
Naturalmente, surgen tensiones. La oposición considerada legítima a los ojos del público obtuvo ese estatus precisamente al negarse por completo a competir en las elecciones legislativas de 2025 y, por lo tanto, no ocupa escaños en la Asamblea. Por el contrario, los legisladores de oposición que el chavismo tolera carecen de credibilidad entre la base opositora más amplia. Sin embargo, esto no tiene por qué ser un obstáculo para las fuerzas democráticas, que pueden seguir presionando al poder legislativo desde el exterior. Por ejemplo, el liderazgo de Machado podría convocar movilizaciones en los días de debate parlamentario, no para oponerse abiertamente a las discusiones, sino para exigir que las demandas del pueblo sean escuchadas en las reformas venideras.
Por un lado, claramente no hay garantía de que se incorporen todas las demandas o de que las reformas propuestas por la oposición fuera de la Asamblea se traduzcan en legislación efectiva. Pero el retorno en energía militante y capital organizacional para los partidos políticos puede pesar más que el resultado legislativo mismo, ya que esa organización fortalecida se convierte en la nueva base para futuras movilizaciones.
Por otro lado, al apuntar a la Asamblea Nacional como punto focal de la movilización, la oposición no sólo presionaría al chavismo sino que también obligaría a aquellos legisladores que se llaman a sí mismos oposición pero enfrentan problemas de credibilidad. Después de todo, la política es un juego. El maximalismo moral con el que a menudo se juzga la legitimidad de los líderes de la oposición puede convertirse en un obstáculo para reconocer que los Capriles Radonskis de la Asamblea de 2025 no necesitan ser figuras incondicionales de la oposición.
Un efecto del 3 de enero fue que el propio Capriles –un detractor de Machado– elogió su posición de liderazgo, probablemente impulsado por cálculos políticos. Sin embargo, son precisamente estos intereses políticos los que las fuerzas democráticas pueden explotar. Estas líneas de posicionamiento son aperturas que la oposición puede profundizar, torciendo no sólo el brazo del gobierno sino también el de estos legisladores, presionándolos para que respondan ante los grupos organizados fuera de la Asamblea. Establecer canales de comunicación con tales legisladores no contaminaría la lucha democrática si se aborda desde un punto de vista de pragmatismo estratégico.
Mientras los medios empleados no socaven el objetivo final –la consolidación de una democracia basada en la memoria, la verdad y la justicia– la oposición haría bien en sopesar sus alternativas con menos timidez moral y mayor madurez política.
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