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Son militares institucionalistas, no pertenecen al grupo de aduladores del régimen ni a ningún grupo político. Son hombres y mujeres apolíticos y no deliberantes, formados en la carrera militar profesional, cuyas actuaciones estuvieron, en los hechos, apegadas a la Constitución y a las leyes. Son militares que intentaron, cada uno desde su ámbito y responsabilidad, proteger la democracia, contribuir a la restitución del hilo constitucional, respetar la soberanía popular expresada en el voto, evitar violaciones a los derechos humanos, salvaguardar los derechos políticos del pueblo venezolano y cooperar con la justicia internacional.
La situación de los militares venezolanos desde 1999 es compleja, pero aún reparable para algunos. Con excepción de aquellos que fueron asesinados o sufrieron violaciones irreversibles de derechos humanos, miles de militares han desertado, se han exiliado, o han sido perseguidos, castigados o encarcelados por razones estrictamente políticas. Muchos de estos casos son de montajes judiciales, sin derecho a la defensa ni a un abogado de confianza que los representara.
Esta alerta surge de la reveladora primera discusión de la Ley de Amnistía en la Asamblea Nacional. Aunque la iniciativa fue aprobada por unanimidad, no incorporó de manera expresa al sector militar institucional perseguido por razones políticas, lo que demuestra el claro interés de la cúpula de poder, de aquellos como Jorge Rodríguezque llevan años diseñando leyes represivas para encarcelar inocentes. Tampoco se incluyó a la oposición que ellos mismos financian, que mantiene una represión sobre el sector militar institucional.
Durante más de dos décadas, oficiales y tropa profesional fueron dados de baja, degradados, pasados a retiro forzoso, procesados penalmente, privados de libertad o empujados al exilio por la política interna de obligar a la FANB a servir exclusivamente al partido PSUVya sea por actos de conciencia o por negarse a cumplir órdenes manifiestamente ilegales, como violar los derechos de la sociedad venezolana, perseguir o desaparecer políticos opositores o denunciar actos de corrupción, entre otros. Esta práctica destruyó las carreras, familias y proyectos de vida de miles de militares.
Hoy en día, el petróleo y las inversiones vinculadas a ese sector energético pueden ser percibidos, dentro del propio estamento militar institucional, como un posible objetivo indirecto de presión política frente a la permanencia de los compañeros y amigos privados de libertad injustamente. No se trata de una estrategia declarada ni de una amenaza explícita, sino de una lectura o interpretación realista: cuando la principal fuente de ingresos, legitimidad e interés internacional y estabilidad económica de la cúpula corrupta depende de la industria energética, la existencia de militares presos por razones políticas introduce una tensión latente innecesaria que ningún actor relevante e interesado en el buen desarrollo del país puede ignorar. Mientras los golpistas del 4 de febrero estaban presos, sus compañeros ejecutaron un golpe el 27 de noviembre.
La industria petrolera, activo estratégico y eje central del poder actual, carece de un entorno de seguridad sostenible cuando está resguardada por militares que mantienen compañeros presos por razones políticas, lo que introduce una alerta de vulnerabilidad silenciosa. Antes, esta situación no representaba un riesgo porque la industria estaba desmantelada y el grupo que dirige el país consiguió más dinero del narcotráfico que del petróleo.
Conviene decirlo con claridad: esto no es un debate ideológico. Son militares apolíticos, con muchos dolientes, sometidos actualmente a tratos crueles e inhumanos y aparentemente olvidados por el diálogo, la diplomacia y la política.
Hoy, la cúpula pide diálogo, respeto a las leyes internacionales, diplomacia, pero a lo interno sigue siendo déspota, cruel e inhumana. Pretenden negociar con la libertad de personas civiles, militares y extranjeros que no han cometido delitos comunes. Esto representa un grave problema de justicia, coherencia y credibilidad para este proceso, y donde el presidente Triunfo quiere que se haga de la mejor manera, sin riesgos de grupos descontrolados.
Estos castigos a militares por cumplir con su deber constitucional o por negarse a ejecutar órdenes contrarias a la Constitución nunca han sido un cimiento estable para ninguna institución armada. El régimen siempre quiso que todos los militares fueran como Vladimir Padrino López oh Hernández Larescomplacientes con el narcotráfico, la corrupción, la represión a la sociedad y, sobre todo, que avalaran los fraudes electorales para que el PSUV se mantuviera en el poder y en los cargos.
El concepto de delito políticoreconocido por la doctrina y el derecho comparado, comprende aquellos actos dirigidos a cuestionar, resistir o restablecer el orden constitucional, sin finalidad de lucro ni afectación deliberada de bienes jurídicos individuales. Muchos militares y sus familiares fueron procesados por conspiración, insubordinación o traición sin garantías judiciales reales, sin pruebas suficientes y sin haber cometido delitos comunes.
Tenemos para estos casos un precedente histórico que resulta imposible de ignorar. Los militares que participaron en la insurrección armada del 4 de febrero de 1992, encabezada por Hugo Chávez Fríasque hoy son gobierno y verdugos como Diosdado Cabellofueron beneficiarios de una amnistía amplia, pese a que aquella acción dejó cientos de civiles y militares muertos. Sin desconocer la gravedad de esos hechos ni el dolor causado, el Estado democrático optó entonces por una solución política orientada a la pacificación y reinserción institucional. Resulta jurídicamente incoherente y éticamente insostenible que hoy se niegue una salida mucho más justificada desde el punto de vista de los derechos humanos a militares institucionalistas que no causaron muertes y fueron perseguidos por razones políticas o actos de conciencia.
El presidente Triunfo quiere un desarrollo estable para Venezuela. Existe un interés del régimen en cumplir y ofrecer garantías de seguridad jurídica y operativa a la inversión extranjera, especialmente en el sector petrolero. Sin embargo, esto podría chocar abruptamente con la permanencia de militares institucionales presos por razones políticas. Pretender atraer capitales mientras existen militares encarcelados, con compañeros y amigos desertores, en la reserva activa y muchos activos aún en libertad, conscientes de la arbitrariedad sufrida, envía una señal inquietante. La industria petrolera depende de seguridad, de una Fuerza Armada profesional y cohesionada. Un Estado que aún se mantiene al margen de la ley, con presos militares por razones políticas, proyecta una institución castrense en conflictos violentos internos, con la moral baja, sin confianza, y esa percepción pesa tanto como cualquier contrato o incentivo fiscal.
Se debe corregir una falla estructural que debilita a la Fuerza Armada y la capacidad de seguridad interna del país. Hoy, los militares institucionales observan. También observan los inversionistas. Y cuando ambos miran al mismo Estado, la justicia o su ausencia termina convirtiéndose en un factor decisivo para asegurar la estabilidad e inversión.
Aprovecho para recordarle respetuosamente evaluar los lapsos constitucionales venezolanos para mantener la presidencia encargada, que son muy claros. En pocos meses, el régimen debe convocar elecciones presidenciales, y de no ocurrir, esta ilegalidad puede afectar directamente los conflictos institucionales a lo interno de la FANBuna organización cuyo comandante en jefe debe ser alguien con el respaldo plenamente de la mayoría del pueblo venezolano.
A los que hoy ocupan los principales cargos del gobierno les fascina ser reconocidos y llamados por esos cargos, pero llevan décadas evitando elecciones que los expongan a la realidad: no tienen los votos ni los méritos para esos cargos. El fraude y la represión han sido sus acompañantes y el sustento para mantenerse.
