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La organización Foro Penal hizo público este sábado 31 de enero el borrador de un Anteproyecto de Ley de Amnistía Generalun día después de que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez anunciara que el Ejecutivo impulsará una ley de amnistía general y que el texto sería llevado a la Asamblea Nacional (AN) para su discusión, como parte de una iniciativa orientada a la reconciliación nacional.
El documento fue difundido en la red social X por Gonzalo Himiob Santomévicepresidente de Foro Penal, quien explicó que el texto está abierto al debate y a la recepción de sugerenciasy que su publicación busca “aclarar dudas” sobre el alcance jurídico de una ley de amnistía.
De acuerdo con el anteproyecto, la amnistía se otorgaría a favor de personas presas, perseguidas, investigadas, imputadas, procesadas o sancionadas por motivos políticosincluso cuando los hechos hayan sido calificados formalmente como delitos comunes, siempre que se demuestre que la finalidad real de la actuación estatal fue política.
La exposición de motivos sostiene que la amnistía no se concibe como un acto de perdón ni como una presunción de culpabilidadsino como un mecanismo de justicia constitucional correctivadestinado a neutralizar los efectos jurídicos de procesos que, aunque formalmente legales, habrían carecido de legitimidad constitucional, independencia judicial y razonabilidad democrática.
Exclusiones expresas: crímenes graves quedan fuera
El artículo 4 del anteproyecto establece de forma expresa las exclusiones de la amnistíaen cumplimiento del artículo 29 de la Constitución y de las obligaciones internacionales del Estado venezolano. Quedan fuera de cualquier beneficio quienes sean responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos o degradantesu otras violaciones graves de derechos humanos.
Foro Penal subraya que esta exclusión busca evitar que la amnistía sea interpretada como un instrumento de impunidady asegurar su compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.
El texto fundamenta la competencia de la Asamblea Nacional para dictar una ley de amnistía en el artículo 187, numeral 5, de la Constituciónque atribuye de manera expresa al Poder Legislativo la facultad de decretar amnistías. Según el anteproyecto, esta competencia es indelegable y no está sujeta a veto ni a control del Poder Ejecutivo.
Asimismo, la exposición de motivos invoca los artículos 2, 3, 19, 26, 44, 49 y 333 de la Constitución, para sostener que el Estado no solo tiene el deber de abstenerse de violar derechos humanos, sino también la obligación positiva de restablecerlos cuando han sido vulnerados mediante actuaciones arbitrarias del poder público.
Efectos jurídicos amplios
Entre los efectos previstos, el anteproyecto contempla:
- La liberación inmediata de personas privadas de libertad
- El cese de medidas cautelares y sanciones administrativas
- La eliminación de antecedentes judiciales, policiales y militares
- La anulación de solicitudes de captura o alertas internacionalesincluidas las cursadas ante Interpol
- La restitución de bienes confiscados o incautados
Para la determinación de los beneficiarios, el texto otorga carácter vinculante a las certificaciones de presos y perseguidos políticos emitidas por organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
Derogatoria de leyes y revisión normativa
El anteproyecto incluye una cláusula derogatoria ampliaque propone dejar sin efecto normas que, según el documento, han sido utilizadas para criminalizar la disidencia política. Entre ellas figuran la Ley contra el Odiola Ley de ONGla Ley “Simón Bolívar” contra el Bloqueodisposiciones de la Ley de Extinción de Dominio y varios artículos del Código Penal.
Además, insta a revisar otras leyes especiales para adecuarlas a los estándares constitucionales y a los tratados internacionales de derechos humanos.
Foro Penal sostiene que la propuesta no distingue entre oficialismo y oposición entre los posibles beneficiarios y que su finalidad es contribuir a un proceso de reconciliación nacionalen un contexto marcado por denuncias de persecución política y uso ilegítimo del sistema de justicia.
El anteproyecto no tiene carácter vinculantepero fue redactado como un texto técnicamente estructurado para servir de base a un eventual debate legislativo.
Liberaciones parciales y cifras en disputa
La publicación del anteproyecto ocurre en medio de un proceso de excarcelaciones parciales de presos políticosiniciado a comienzos de enero. Según cifras de Foro Penal, al menos 302 personas consideradas presos políticos han sido liberadas en las últimas semanas, aunque la organización aclara que el proceso de verificación continúa y que no todas las excarcelaciones anunciadas por el Gobierno han podido ser confirmadas.
De acuerdo con los registros más recientes de la ONG, entre 711 y 777 personas siguen detenidas por motivos políticos en el país. Estas cifras contrastan con los datos oficiales: voceros del gobierno han afirmado que más de 600 personas (de acuerdo con Delcy Rodríguez), e incluso hasta 800 (según el ministro de Interior, Diosdado Cabello), han sido liberadas desde diciembre, aunque sin publicar listados completos ni permitir verificación independiente.
El proceso de liberaciones y el anuncio de una ley de amnistía se producen también en un contexto de presión internacional. Días antes, el presidente de EE UU, Donald Trumpafirmó en Truth Social que Venezuela liberaría a más presos políticosen el marco de conversaciones y gestos que Washington ha seguido de cerca.
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