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“Ni han sido los primeros ni serán los últimos”. Esa frase la pronunciaba hace unos días una socialista ―y la suscribían media docena más― sobre los casos de acoso sexual conocidos en el último mes dentro de su partido: de las denuncias internas contra el dirigente Francisco Salazar en el propio Palacio de La Moncloa al expediente informativo de oficio abierto al miembro de la ejecutiva federal Javier Izquierdo después de su dimisión alegando “motivos personales y familiares”, la concejala de Torremolinos que ha ido a la Fiscalía o las acusaciones contra el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y cómo se han gestionado por parte de su partido en Galicia. Y aunque ha sido el PSOE quien más titulares ha ocupado en diciembre por esta cuestión, no ha sido el único. En el PP, la crisis está entre alcaldes: el de Algeciras, José Ignacio Landaluce; el de Jericá (Castellón), Jorge Peiró, y el de Navalmoral de la Mata (Cáceres), Enrique Hueso. Y en Vox, el foco ha estado en su jefe de redes sociales, Javier Esteban Bejarano.
¿Sorpresa ante ese goteo incesante conocido en diciembre? En general, no. Ni en partidos políticos ni en ningún otro ámbito. La última macroencuesta del Ministerio de Igualdad estima que el 36,2% de las mujeres en España de 16 o más años ha sufrido acoso sexual en algún momento de su vida, más de 7,7 millones. “El acoso sexual está muy extendido: tanto en organizaciones políticas como de la Administración, la sociedad civil, las ONG, todo tipo de entidades y, por supuesto, las empresas”, alega la abogada especialista en violencia de género Amparo Díaz. Para ella, como para otras expertas con las que este diario ha contactado, la clave está no en el hecho, conocido por todas, sino en qué respuesta se da desde las estructuras. Y todas coinciden: ninguna está preparada para dar esa respuesta.
“Incluso aunque haya una ideología proigualdad, en la práctica hay un machismo interiorizado y normalizado que en las estructuras de poder dificulta muchísimo una reacción diligente para investigar y defender a las víctimas”, afirma Díaz, que comparte con el resto de especialistas que eso, en parte, hace que las organizaciones, en general y sean las que sean, “adopten los protocolos porque están obligados por ley”, como resume Virginia Gil, la directora de la Fundación Aspacia, especializada en violencias sexuales.
En España, y aunque sea ahora cuando más se está hablando de acoso y protocolos, la diversa legislación obliga desde hace años a prevenir y atajar esta forma de violencia contra las mujeres: desde la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de 2007, a la de Libertad Sexual, de 2022, en la que se incluyó de forma específica la necesidad de un “protocolo para prevenir, detectar y combatir la violencia machista” en organizaciones sociales y partidos. D e las formaciones con representación parlamentaria, solo una no cuenta con esta herramienta interna: el PP.
El resto, desde el PSOE a Vox, PNV o Coalición Canaria, lo tienen. Aunque son dispares tanto en el tiempo que llevan activos como en los procedimientos. Algunos lo activaron hace años, como Podemos (2018), ERC (2019), BNG y Junts (2021), y EH Bildu (2022). Otros han ido haciendo actualizaciones, como los Comunes, que lo modificaron en 2023 y tienen previsto una nueva revisión en 2026, o Esquerra, que está ahora mismo en ese proceso. Y hay varios más recientes, como el de Izquierda Unida, de mayo de 2024; el de Sumar, de enero de este año; el del PSOE, de mayo también de este 2025; y PNV, que lo aprobó el pasado 13 de diciembre y que hasta entonces contaba con las herramientas establecidas en su Código Ético.
Muchos tramitan las denuncias a través de las llamadas comisiones de garantías de sus estructuras, como Junts; otros tienen órganos específicos, como el PSOE; unos son más detallados, como el de Izquierda Unida, y otros son más generales o, como el de la ultraderecha, habla de “violencia sexual como un riesgo laboral más”. Unos son fáciles de encontrar en las propias páginas web de los partidos y otros son imposibles de localizar, como el de Unión del Pueblo Navarro. Unos reconocen que les han llegado casos, como Podemos o EH Bildu (aunque ninguno da cifras), y otros aseguran que nunca han tenido que activar el protocolo, como el BNG.
Sean como sean, afirman las especialistas, hay diversas cuestiones en las que fallan esos protocolos, ya sean de empresas, entidades o instituciones, y para ellas son grietas importantes por las que nunca pueden ser del todo efectivos. El primero, de base y al que se apuntaba antes, es que se hacen por obligación, por lo que “muchas veces son un corta y pega de un protocolo básico que no se ha adaptado”, apunta Gil, de la Fundación Aspacia. Es decir, que no siempre la elaboración de los protocolos está llevada por personas especialistas en el tema, lo que provoca, a veces, que “hasta que la institución en cuestión no se enfrenta al primer caso de acoso no suele saber que el protocolo ni siquiera se adecúa a su propia realidad”, ahonda Gil.
Elena Saura y Cynthia Bartolomé, dos expertas de la consultora de políticas públicas Red2Red, enlazan con la implantación de esos protocolos, que “no siempre están difundidos a nivel interno con la precisión y la amplitud que requerirían, cuando han de ser no solo completamente públicos sino accesibles”, y a los que, de forma complementaria, “ha tenido que añadirse una formación mínima, básica, de a quiénes hay que acudir, cómo son las medidas cautelares que se van a tomar o cómo va a ser el procedimiento”. Muchas veces, dicen, se dedica un presupuesto cero a la elaboración, implantación y gestión de estos protocolos: “Y eso significa cero implicación real”.
El obstáculo más extendido: el miedo
Y en medio de todos los fallos técnicos o logísticos que pueden tener esos protocolos, Gil recuerda cómo se cruza el mayor de los obstáculos en cualquier tipo de violencia machista: “El miedo general que tienen todas las mujeres a no ser creídas ante la verbalización de una violencia sexual”. En los casos en los que se da en el ámbito profesional, se une “el hecho de que de esa verbalización puede depender el puesto de trabajo o la carrera profesional, y eso implica poner en peligro la sostenibilidad económica propia o la de la familia”, añade Gil, que incide en qué pasa cuando se ha decidido denunciar y no se ha encontrado apoyo: “Es lo que a veces las víctimas reportan, que el acosador sigue en la organización en cuestión y han sido ellas las que han tenido que salir”.
Y aunque eso, que supone una represalia contra las víctimas de acoso, está prohibido, por ejemplo, en todos los protocolos de los partidos políticos, sigue sucediendo o hay miedo a que suceda. Una de las mujeres que interpuso una denuncia interna contra Paco Salazar a través del canal habilitado por Ferraz lo hizo pidiendo un ordenador prestado y viajando a otra comunidad autónoma para que la localización que pudiera rastrearse no fuera la suya habitual. Se preguntan las especialistas a qué podría deberse esa precaución extrema si no fue al miedo a lo que pudiese derivar de esa denuncia.
Eso, dicen Saura y Bartolomé, es en organizaciones grandes, “donde la confidencialidad puede llegar a ser más fácil, pero, ¿qué pasa con las más pequeñas? Ahí el miedo a las represalias es brutal, no solo de las víctimas, sino de las personas que han podido presenciar el acoso y deben también aportar su testimonio”. Y Bartolomé añade “el miedo incluso a que la propia persona a la que hay que denunciar el hecho sea el agresor o el amigo del agresor, o no se sepa muy bien si esa persona es cercana al agresor”.
Para todas, la confidencialidad debe asegurarse al 100%. “Desde los canales para emitir la denuncia a las salas de reuniones donde puedan reunirse para tratar la cuestión o incluso plantear que sea fuera de la organización o del lugar de trabajo”, ahonda Saura.
Ahora, dentro de los protocolos de los partidos, la confidencialidad está asegurada, al menos sobre el papel. Y en muchos la denuncia puede hacerse de forma completamente anónima, como en el del PSOE, que ya se plantea la posibilidad de cambiar esta cuestión tras el análisis de lo que ocurrió con las denuncias contra Salazar, paralizadas durante cinco meses. Según han afirmado, encontraron en ese anonimato parte de la dificultad para investigar lo sucedido, ya que no sabían de dónde provenía. En Vox, de inicio, no tienen ese problema. En su protocolo se especifica que “las denuncias serán secretas, pero no podrán ser anónimas”.
En cualquier caso, alegan las especialistas, lo que más importa es desde dónde y cómo se han gestado estos protocolos. “El cómo elaborarlos, desde el compromiso, con toda la información, consultando desde el minuto uno a todos los niveles y haciendo ese proceso participativo y con canales de comunicación interna muy explícitos. Con personal formado para entender esta violencia y atender a las víctimas, y con un equipo de varias personas, que el comité que ha de recoger las denuncias no sea unipersonal, que esto parece que no pasa pero en la práctica acaba pasando en ocasiones, sobre todo en estructuras pequeñas, y es un error tremendo”.
Para Gil, de la Fundación Aspacia, la clave estaría en la externalización: “La mejor manera de poder dar una respuesta a las víctimas es generar una estructura externa, para que sí se ponga el foco en las necesidades de las mujeres y no de las organizaciones. Y que no sean personas internas las que tengan que determinar si se hace caso o no a una cosa u a otra, porque siempre va a entrar la subjetividad. Pensamos ’es que no me puedo creer que esto sea así, que este señor que es amigo mío o que es mi compañero o que es mi no sé qué haya hecho esto’. Y la respuesta a las víctimas no puede depender de la capacidad de una persona para asumir que sí, que a veces esos señores que son amigos o compañeros o lo que sea, han hecho eso”.
Con información de Sonia Vizoous, Michael Walnut, Mikel Ormazabal y Paula Chouza.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
