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En 1982, el político conservador Belisario Betancur ganó las elecciones presidenciales en Colombia. En su discurso prometió que su prioridad era la paz y, para avanzar en esa línea, inició conversaciones con distintos grupos armados, entre ellos, la otrora guerrilla más grande de América Latina, las FARC. Su capital era La Uribe, en el occidental departamento del Meta, y allí firmaron unos acuerdos de paz en 1984. Producto de estos acuerdos nacería el partido Unión Patriótica (UP).
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Surgimiento y participación electoral
En 1985, un año después de la firma del Acuerdo de Paz, y producto de ese entendimiento, nace la UP. A esa fuerza se unirían los guerrilleros desmovilizados. Una transición de las armas a la política. Además de la guerrilla, al partido llegaron referentes comunistas, sectores sociales e incluso miembros liberales y conservadores. Un espacio transversal para liderar cambios sociales en Colombia.
La senadora del Partido Comunes Imelda Daza fue una integrante de la UP y es una de las sobrevivientes de lo que ahora la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reconoce como genocidio. La política se exilió a los 26 años en Suecia.
Cuando en 2023, luego de 30 años de litigio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo pública una sentencia histórica al condenar al Estado de Colombia por un plan de exterminio contra la UP, Daza describió en diálogo con France 24 en español, el surgimiento de la fuerza que rompió con la dinámica de alternancia bipartidista en el país sudamericano: «El nacimiento de la UP tiene gran acogida, porque el ambiente en la izquierda era de mucho optimismo político (…) Se vivía cierta euforia por la lucha cívica y ciudadana».
En 1986, la UP participó por primera vez en unas elecciones. Desde los años 50, Colombia vivía un bipartidismo entre liberales y conservadores y la UP consigue los mejores resultados de la historia de la izquierda, convirtiéndose en el tercer partido más votado y una alternativa a los poderes tradicionales.
El candidato presidencial Jaime Pardo Leal logró más de 300.000 votos, sumando un 10% del total, y en los comicios legislativos, el partido logra representación en el Senado, en la Cámara de Representantes y un gran número de alcaldías. La UP se convertía en un fenómeno en Colombia. Sin embargo, en paralelo, más de 300 militantes ya habían sido asesinados.
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Del buen resultado electoral al «genocidio político»
Una fecha que marca la historia de Colombia es el 30 de agosto de 1986: Leonardo Posada, un maestro escogido como representante fue asesinado. En menos de 24 horas, también mataban a Pedro Nel Jiménez, senador, después de dejar a su hija en el colegio. Son los primeros cargos electos de la UP a los que les cobran la vida.
En este contexto, meses después, dos congresistas, Braulio Herrera e Iván Márquez, abandonen la actividad política y vuelvan a la lucha armada de las FARC.
«Logramos un gran resultado electoral, que lejos de oxigenar la democracia, provocó preocupación al establecimiento y los clanes políticos, por lo que montan un macabro plan de exterminio (…) Después del resultado, nuestros concejales se empiezan a desarrollar en los concejos y empiezan a asesinarlos», comentó Daza.
Pese al llamado de las FARC a sus militantes para que retomen las armas, la Unión Patriótica decide continuar con su actividad. Pero impulsan una nueva fase en la que el partido es señalado por el Estado, como el brazo político de las FARC. Un estigma que provocó que su exterminio creciera, pues 1988 será el año en que más asesinatos se producen contra miembros y representantes de la UP.
Ese año asesinan a su candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, quien había obtenido un resultado histórico en los comicios previos.
Su sucesor como precandidato fue Bernardo Jaramillo Ossa, quien también sería asesinado meses antes de las elecciones presidenciales de 1990. Solo 24 horas antes de su muerte, el ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds, había dicho que la UP era el brazo político de las FARC, a lo que Jaramillo Ossa respondió: “Con esa frase el ministro Lemos Simmonds nos acaba de colocar la lápida en el pecho”.
En esa línea, la vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de la JEP, Catalina Díaz, dijo este martes 9 de diciembre en diálogo con France 24 en español que el tribunal investigó lo que llamó un proceso de «estigmatización» del partido.
“Hicimos una investigación a fondo en los archivos de la inteligencia militar y encontramos decenas de documentos como resúmenes de inteligencia, apreciaciones de situación, órdenes de operaciones, listados que explícitamente señalaban a dirigentes nacionales y locales de la Unión Patriótica con la marca FARC-UP, es decir que mandos militares, en la inteligencia especialmente, estigmatizaron a dirigentes, militantes y al partido en sí mismo”, explicó Díaz.
Y agregó que el señalamiento de la UP «como brazo político de las FARC» pudo ser determinado a partir de un proceso de investigación que calificó de «inédito».
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Un plan de Estado: la unión de paramilitares, narcotraficantes y fuerzas armadas
En cada elección, la UP perdía cargos populares, militantes y votos. Muchos seguían en la lucha, pero otros, para evitar la muerte, escogían entre el exilio o el ingreso a las FARC. Los cambios que buscaba impulsar la Unión Patriótica retaban a los caciques tradicionales regionales del partido liberal y conservador, que, en varios casos, se beneficiaban de los negocios del narcotráfico y tenían relaciones con Pablo Escobar.
Sobre esto, Imelda Daza comentó las dinámicas históricas de Colombia: «En este país la democracia sigue siendo una asignatura pendiente, siempre lo ha sido. Colombia nunca ha estado preparada para que la voz de las mayorías, del pueblo, se escuche e incida en las decisiones que le afectan. Esa estrechez, esa falta de democracia fue lo que le permitió a la clase dirigente asumir el exterminio de la Unión Patriótica a través de mercenarios».
Entonces, el Ejército colombiano se basaba en la doctrina de defensa y seguridad anticomunista. Esto unía al Estado con paramilitares, narcotraficantes y Fuerzas Armadas que compartían un enemigo: la izquierda.
Jaime Caycedo, uno de los fundadores de la UP, dijo en 1997 sobre los perpetradores: «Son miembros reaccionarios de grupos paramilitares. Por supuesto que conocemos muy bien las conexiones de estos grupos con las autoridades y miembros de la inteligencia militar».
Un genocidio que duró hasta el nuevo siglo
En 2002 el Consejo Nacional Electoral le retiró a la UP la personería jurídica como partido político, argumentando su poca relevancia electoral. Esta decisión fue vista de negacionista, pues esa pérdida de peso fue en gran medida por su exterminio, que nunca le permitió competir con el resto de partidos en igualdad de condiciones.
Por este motivo se le restauró la personería en 2013, y actualmente, forma parte de la coalición gobernante Pacto Histórico.
Diez años después, con la elección en 2022 de Gustavo Petro como presidente y de Francia Márquez como vicepresidenta, la izquierda llegó por primera vez al poder. Un resultado histórico, después de décadas sangrientas, en las que la izquierda no tuvo la posibilidad de participar de forma plena en política.
En el caso de Unión Patriótica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, responsabiliza al Estado de Colombia por imposibilitar ese acceso a la vida política a partir de llevar a cabo un “plan de exterminio” contra esa fuerza política.
Un paso más dio este martes la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al calificar como «genocidio» la campaña de exterminio perpetrada contra la UP, principalmente en las décadas del 80 y 90 del siglo pasado.
“Es un reconocimiento a que el ataque criminal estuvo dirigido conscientemente a destruir el partido político (Unión Patriótica). Estos crímenes habían sido calificados en Colombia como exterminio, como crímenes de lesa humanidad, pero no se había llegado al reconocimiento como genocidio”, explicó Catalina Díaz.
La JEP también imputó a cinco altos mandos retirados del Ejército y según Díaz, estos tendrán 30 días hábiles para decidir si reconocen su responsabilidad como autores en los crímenes que se les imputan.
«Si no lo hacen serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación que decidirá si procede un juicio adversarial», señaló a la vez que agregó que la JEP «seguirá investigando» porque en esta primera etapa se centraron en unas zonas de Colombia «pero el genocidio tuvo lugar en otros territorios del país».
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