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La Comisión Europea ha presentado una ambiciosa revisión de la legislación sobre el IVA en el seno de la Unión Europea, con el claro objetivo de adaptarse a los retos que plantea la economía digital y garantizar una mayor eficacia en la recaudación fiscal. Este enfoque, recogido bajo el llamado paquete normativo Vida, implica la adopción de una nueva directiva y dos reglamentosque marcarán un antes y un después en la gestión de este impuesto a lo largo y ancho de los países miembros.
Durante años, el IVA ha supuesto un quebradero de cabeza tanto para administraciones tributarias como para empresas, especialmente en el contexto transfronterizo y digital. Con estas nuevas normas, Bruselas busca simplificar procedimientos, reforzar la lucha contra el fraude y modernizar las obligaciones de información vinculadas a las operaciones comerciales dentro de la Unión.
Un nuevo marco legal para el IVA digital
A través de la Directiva (UE) 2025/516 y los Reglamentos (UE) 2025/517 y 2025/518, la UE introduce importantes transformaciones en la gestión y control del IVA. El paquete Vida responde a la necesidad de que la normativa fiscal se mantenga al ritmo de la digitalización, abordando cuestiones fundamentales como la transmisión de información en tiempo real, el uso generalizado de la factura electrónica, la regulación de plataformas digitales y la integración de mecanismos de ventanilla única para simplificar trámites a empresas y ciudadanos.
Uno de los pilares esenciales es la implantación del suministro digital de información en tiempo real, lo que permitirá a los Estados miembros disponer de datos actualizados sobre transacciones intracomunitarias. Este mecanismo sustituirá progresivamente los estados recapitulativos que hoy en día deben presentar los operadores, agilizando así la detección de posibles irregularidades o fraudes fiscales.
Además, la facturación electrónica se sitúa en el centro del nuevo sistema. A partir de ahora, será el formato por defecto para la mayoría de operaciones, debiendo cumplir con estándares europeos en cuanto a estructura y transmisión de datos. Esto no solo hará más automática la gestión del impuesto, sino que facilitará los procesos de deducción y devolución del IVA por parte de empresas y autónomos.
En cuanto al ecosistema digital, las plataformas online, especialmente aquellas que intermedian en servicios como alquiler de alojamientos o transporte terrestre de pasajeros, tendrán nuevos deberes de información y, en determinadas circunstancias, se les considerará como responsables fiscales de las operaciones gestionadas.
Directiva (UE) 2025/516: simplificación y transparencia
Esta directiva supone un avance significativo en la reducción de cargas burocráticas y una apuesta clara por la transparencia. El texto legal adapta las exigencias de suministro de datos a las realidades de la economía colaborativa, limitando la necesidad de registros fiscales en varios países para las empresas que operan transfronterizamente. Para ampliar información sobre las obligaciones de los autónomos en el ámbito digital, puedes consultar nuestro artículo sobre kit digital para autónomos.
Con ello, las empresas que realicen ventas o presten servicios en otros países de la UE podrán aprovechar un proceso mucho más ágil, ya que los sistemas nacionales de información deberán ser interoperables y compatibles con el nuevo modelo europeo. La directiva elimina gradualmente la obligación de presentar informes recapitulativos para operaciones intracomunitarias, siempre que se cumplan los requisitos de información digital en tiempo real.
El gran protagonista es, sin duda, el impulso de la factura electrónica. Los Estados miembros podrán exigir su uso generalizado, y las facturas deberán emitirse en un formato estándar, estructurado electrónicamente. Esto implica que, para reclamar devoluciones o deducciones del impuesto, será imprescindible disponer de una factura conforme a las nuevas normas. El uso de formatos alternativos solo quedará permitido para operaciones dentro de un mismo país, si así lo permite la legislación nacional.
Otra novedad relevante es la expansión del régimen de ventanilla única (OSS/IOSS)que ahora abarcará también entregas nacionales de empresas extranjeras a consumidores finales, así como nuevas disposiciones para la gestión de bienes propiedad de las empresas trasladados entre Estados miembros. Esta medida está diseñada para simplificar la vida a los negocios que venden en varios países, permitiéndoles rendir cuentas fiscales a través de una única plataforma.
El texto prevé, a su vez, la supresión escalonada de los acuerdos de stock de reservaque hasta ahora permitían la existencia de existencias en otros países sin implicar una declaración inmediata del IVA. Estos acuerdos dejarán de poder formalizarse a partir del 30 de junio de 2028 y suprimidos definitivamente al acabar junio de 2029.
En el capítulo de la lucha contra el fraude, se endurecen los controles sobre plataformas digitales, considerándolas responsables del IVA salvo prueba fehaciente de que el servicio fue realizado directamente por el proveedor original. Igualmente, se refuerzan las condiciones y controles para la deducción y reclamación del impuesto.
Reglamento (UE) 2025/517: intercambio eficiente de información
Con este reglamento, Bruselas pretende optimizar la cooperación administrativa en el control del IVA, estableciendo un sistema electrónico central (VIES central) que gestionará el intercambio de datos entre los sistemas nacionales de los Estados miembros. De esta forma, los fiscos de los distintos países podrán colaborar más estrechamente para identificar operaciones irregulares en tiempo real y validar la información suministrada por los contribuyentes.
Este nuevo modelo exige a los países comunitarios mantener actualizados los datos de identificación fiscal de los operadores que realizan transacciones dentro de la UE, automatizando su revisión y verificación. Además, el reglamento fija procedimientos claros para la consulta y transmisión electrónica de información vinculada al funcionamiento de los regímenes de ventanilla única, mejorando así la trazabilidad y la apertura de las operaciones.
Finalmente, se garantiza que las autoridades fiscales podrán acceder de forma eficiente a los registros mantenidos por las empresas acogidas a estos regímenes, así como a los datos de las plataformas digitales que actúan como intermediarios.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2025/518: reglas claras para plataformas y pequeñas empresas
El tercer pilar de la reforma, el Reglamento de Ejecución, aclara conceptos clave en materia de intermediación digital y delimita qué servicios se consideran como facilitados a través de plataformas electrónicas. Se excluyen expresamente actividades como la mera gestión de pagos o la publicación de anuncios sin intermediación directa en la prestación del servicio subyacente.
Además, precisa el alcance de los regímenes especiales para pequeñas empresas en el sector de alquiler de alojamientos de corta duración y el transporte de pasajeros. Según la nueva normativa, solo el proveedor original del servicio podrá acogerse a este régimen, excluyendo a las plataformas que actúan como intermediarios fiscales.
Este reglamento también define las obligaciones de registro, declaración y conservación de información para las empresas que transfieran sus propios bienes a otros países de la Unión Europea. Establece qué datos deben intercambiarse y conservarse, permitiendo así una mayor trazabilidad y control de los movimientos comerciales dentro del espacio comunitario.
El conjunto de estas medidas busca crear un marco fiscal más robusto, transparente y tecnológicamente avanzadoque responda tanto a las necesidades empresariales como a las exigencias de las autoridades tributarias.
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Impacto en empresas, autónomos y Administraciones
La llegada de este paquete normativo tiene consecuencias directas para las empresas, autónomos y las propias Administraciones. Por un lado, obliga a una adaptación tecnológica, ya que la factura electrónica y la transmisión digital de datos serán la norma y no la excepción. Por otro, se espera una importante reducción de la burocracia, gracias a la interoperabilidad de sistemas y la centralización de la información.
Para los sectores más involucrados en el comercio digital y las plataformas de servicios online, el nuevo marco legal exige una revisión de sus procesos internos y, en muchos casos, el desarrollo de sistemas informáticos que permitan cumplir con las nuevas obligaciones. A su vez, podrán beneficiarse de procedimientos unificados y una mayor seguridad jurídica en sus operaciones internacionales.
Las Administraciones tributarias, por su parte, contarán con herramientas más potentes para combatir el fraude fiscaldetectar irregularidades de manera anticipada y proporcionar una mayor protección a la base impositiva comunitaria.
Plazos de implementación y seguimiento
El paquete de medidas establece un calendario progresivo para la entrada en vigor de las distintas obligaciones. Así, la eliminación de los acuerdos de existencias de reserva tendrá lugar entre 2028 y 2029, mientras que los sistemas actuales de suministro de información en tiempo real podrán seguir vigentes en algunos países hasta el 1 de enero de 2035, como periodo transitorio.
La Comisión Europea asume el compromiso de elaborar informes periódicos de evaluación acerca de la implantación de los nuevos requisitos digitales y del funcionamiento de las obligaciones para las plataformas online. Además, aunque los Estados miembros podrán mantener medidas nacionales específicas para la recaudación y prevención del fraude, no se permitirá imponer exigencias adicionales de información sobre las operaciones ya cubiertas por el nuevo sistema, salvo para la declaración del IVA o auditorías concretas.
Los cambios propuestos persiguen modernizar la fiscalidad europeadotándola de una estructura ágil, segura y preparada para los retos económicos de la próxima década.
La reforma del IVA promovida desde Bruselas representa un cambio de rumbo en la forma en que la Unión Europea gestiona su principal impuesto indirectointegrando digitalización, simplificación y cooperación reforzada. El nuevo marco normativo busca consolidar un mercado más integrado, donde empresas y consumidores se beneficien de trámites más sencillos y Administraciones más eficientes, todo ello con una vigilancia reforzada para garantizar una recaudación justa y combatir con mayor eficacia el fraude fiscal.
