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En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela advirtió el domingo 3 de enero que informar en el país implica moverse entre riesgos, autocensura y decisiones condicionadas.
A través de un comunicado, la organización sostuvo que el ejercicio periodístico en el país ha mutado hacia una práctica condicionada. Hay profesionales que han dejado de firmar sus trabajos o de cubrir determinados temas y territorios, mientras otros han aprendido a moverse dentro de márgenes cada vez más estrechos para poder informar.
«Se ha ido instalando una forma de hacer periodismo atravesada por el cálculo, la precaución y una incertidumbre que no se disipa», señaló la organización.
Durante 2025, IPYS Venezuela documentó 111 casos que agrupan 139 violaciones a la libertad de expresión. Aunque la cifra representa una disminución frente a años anteriores, el informe subraya que el riesgo no ha desaparecido, sino que se ha transformado. En particular, se registraron 25 detenciones arbitrarias y cinco desapariciones forzadas, hechos que marcaron un punto de quiebre en el ecosistema informativo.
Más de 8 de cada 10 periodistas en Venezuela han cambiado su forma de trabajar por miedo o presión.
El efecto ya no es solo individual: es estructural. Más información: https://t.co/ItO5YDZhM6 #3mayo #DiaDeLaLibertadDePrensa— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) 3 de mayo de 2026
A partir de estos eventos, el impacto dejó de ser individual y comenzó a extenderse a toda la dinámica periodística, afectando decisiones cotidianas, agendas de cobertura y límites editoriales. Más de 8 de cada 10 periodistas reconocieron haber modificado su forma de trabajo en respuesta a este entorno.
El resultado es un periodismo más distante y con menor presencia en el terreno. IPYS señaló que el impacto actual no solo se mide en agresiones documentadas, sino también en lo que no se publica: temas que se dejan de cubrir, preguntas que no se formulan y relatos que nunca llegan a contarse.
36 violaciones a la libertad de expresión
En 2026, este patrón se mantiene. En los primeros meses del año, la organización ha registrado 36 violaciones a la libertad de expresión en un contexto donde persisten mecanismos de control que combinan acciones directas y discrecionalidad estatal.
Los hechos ocurridos el 3 de enero evidenciaron este escenario. Detenciones de periodistas durante coberturas, borrado forzado de material informativo, agresiones, cierres de emisoras y advertencias públicas contra medios confirmaron que informar sigue implicando riesgos inmediatos, incluso en momentos de alta visibilidad.
Aunque a mediados de enero y febrero se produjeron excarcelaciones, IPYS alertó que estas no significaron una restitución plena de garantías. Las liberaciones ocurrieron bajo criterios poco transparentes y coexistieron con procesos judiciales abiertos, cargos desproporcionados y restricciones al derecho a la defensa.
Periodistas como Carlos Julio Rojas, Rory Branker, Ismael Gabriel González, Jonathan Carrillo, Luis López y Omario Castellanos continúan judicializados o a la espera de la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía. En este contexto, la libertad, señaló la organización, funciona más como una concesión parcial y reversible que como un derecho garantizado.
Finalmente, IPYS Venezuela afirmó que la recuperación de la libertad de prensa pasa por medidas concretas: el cese de la persecución judicial, la liberación plena de los detenidos por expresarse, el desbloqueo de medios digitales, la restitución de concesiones, el acceso a la información pública y el fin de la vigilancia e intimidación.
“La reconstrucción democrática depende de condiciones reales para informar y estar informado”, advierte la organización, que junto a la Alianza por la Libertad de Expresión plantea estas acciones como un punto de partida indispensable y no como una agenda a futuro.
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