
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este fin de semana lo que calificó como nuevos traslados irregulares de personas privadas de libertad en el país, luego de que al menos 129 reclusos fueran movilizados desde el estado Yaracuy hacia distintos centros penitenciarios del estado Lara.
De acuerdo con la organización, el operativo incluyó el uso de siete autobuses escoltados por la Guardia Nacional y la policía regional. En una primera unidad fueron trasladadas seis mujeres que se encontraban detenidas en una comandancia militar y que fueron enviadas al anexo femenino del Centro Penitenciario David Viloria, conocido como Uribana.
En los otros vehículos fueron movilizados alrededor de 60 hombres que estaban recluidos en la Comandancia General de la Policía de Yaracuy. A este grupo se sumaron otros internos trasladados previamente, lo que elevó la cifra total de reclusos reubicados a más de 120, distribuidos entre el penal de Uribana y la Comunidad Penitenciaria de Fénix.
El OVP señaló que estos movimientos se suman al traslado registrado el 28 de abril en el centro penitenciario Yare III, desde donde fueron enviados más de 600 presos a Aragua, Carabobo, Guárico y Lara.
La oenegé advirtió que este tipo de prácticas genera preocupación debido a que los internos suelen ser trasladados fuera de la jurisdicción de los tribunales que llevan sus causas, lo que podría afectar el desarrollo de los procesos judiciales y agravar el retardo procesal.
Además denunció que las autoridades suelen justificar estos movimientos con la falta de transporte para llevar a los detenidos a audiencias, lo que, según el OVP, termina impactando directamente en el acceso a la justicia.
Humberto Prado, director de la oenegé, ha señalado en ocasiones anteriores que en algunos estados del país se han cerrado o desactivado centros penitenciarios sin que hayan sido rehabilitados, lo que ha contribuido al hacinamiento en otras cárceles y al traslado constante de reclusos entre regiones.
El observatorio también alertó que los familiares deben asumir largos desplazamientos, mayores costos económicos y limitaciones en las visitas, además denuncian condiciones precarias dentro de los centros de reclusión en Lara.
Según la organización, estos traslados reiterados reflejan una crisis estructural del sistema penitenciario venezolano que, aseguran, se mantiene sin soluciones de fondo desde hace más de una década.
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