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“El que las hace, las paga”. Esta fue la proclama del presidente Javier Milei en redes sociales para celebrar la aprobación de la reforma penal en el Senado.
Una promesa de campaña hecha realidad que llega impulsada por el fuerte apoyo obtenido en las elecciones de medio término de octubre de 2025, que fortaleció al bloque libertario y a sus aliados en el Congreso. El proyecto, que ya tenía media sanción de Diputados desde el 3 de febrero, cierra con broche de oro el período de sesiones extraordinarias.
Durante más de 40 años, según recordó el propio Milei, la dirigencia política evitó debatir esta reforma pese a que se presentaron más de 37 proyectos sin tratamiento.
“Mientras tanto el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”, señaló el mandatario.
Casos como el de Bruno Bussanich, un empleado de estación de servicio en Rosario asesinado por un menor de 15 años, o el de Jeremías Monzón, apuñalado más de 20 veces por tres adolescentes, impulsaron el reclamo social que hoy se traduce en ley.
El debate en el recinto: siete horas de tensión
La sesión fue maratónica y tensa. El oficialismo, con el respaldo de PRO, UCR y bloques provinciales, logró el quórum y la mayoría necesaria. El peronismo y la izquierda votaron en contra, argumentando riesgos de inconstitucionalidad y falta de fondos para implementar el nuevo régimen.
El senador libertario Gonzalo Guzmán Coraita definió la jornada como “histórica”: “Derogamos el Régimen Penal de la Minoridad que rige hace 46 años y lo reemplazamos por uno moderno, integral y especializado”. En las gradas, familiares de víctimas presenciaron el debate, lo que generó cruces con la oposición.
¿Qué establece la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil?
La norma crea un sistema penal especializado para jóvenes de 14 a 18 años, con principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad. La edad de imputabilidad baja a 14 años exclusivamente para delitos graves.
Entre las principales novedades establece una pena máxima de 15 años de prisión para homicidios, abusos sexuales y secuestros; así como medidas alternativas para delitos menores: amonestación, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y prohibición de acercamiento a la víctima.
Sin embargo, la nueva ley también distingue a los menores de los adultos al prohibir alojar a adolescentes con adultos en cárceles o dependencias judiciales, y crear tribunales especializados, así como celeridad procesal, reserva del proceso y derecho del menor a ser escuchado con asistencia familiar.
El texto prioriza la educación, la cultura y la atención espiritual durante la detención, diferenciando por edad y situación procesal. El costo estimado del sistema penitenciario juvenil ronda los 3,2 millones de pesos por metro cuadrado, y se destinarán 23.700 millones de pesos iniciales a las provincias.
Reacciones en la clase política
El bloque de La Libertad Avanza y sus aliados hablaron de “cambio histórico” y “justicia real”. Luis Juez, senador cordobés, respondió a las críticas presupuestarias: “Si la discusión es la plata, que la pongan las provincias. Se la gastan en publicidad en vez de justicia”.
El peronismo y la izquierda rechazaron la norma de plano. Jorge Capitanich (Chaco) advirtió que sin presupuesto suficiente “estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”. Lucía Corpacci señaló: “Debemos actuar con racionalidad y humanidad. Esta ley no es la solución de nada”.
Martín Soria (kirchnerismo) fue más duro: “Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”.
Gerardo Zamora alertó sobre posibles litigios y violación al federalismo. Organismos de derechos humanos, aunque no participaron directamente en el debate, ya adelantaron que estudiarán acciones judiciales por considerar la reforma “punitivista” y contraria a tratados internacionales.
Implicancias para la sociedad argentina
La ley busca reducir la impunidad que, según el Gobierno, fomentaba la escalada delictiva entre menores. En provincias como Santa Fe y Buenos Aires, donde los robos y homicidios cometidos por adolescentes crecieron exponencialmente, el impacto se sentirá de inmediato una vez reglamentada.
Especialistas consultados coinciden en que el nuevo régimen permitirá intervenir antes y con herramientas más modernas. Sin embargo, advierten que el éxito dependerá de la inversión real en programas de reinserción y de la capacitación de jueces, fiscales y personal penitenciario.
Argentina se alinea ahora con la mayoría de países de la región: Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela fijan la imputabilidad en 14 años; Brasil, Ecuador y varios centroamericanos la bajan incluso a 12. La reforma cierra un ciclo de décadas en que la legislación de 1980 quedó obsoleta ante la realidad de bandas juveniles armadas y delitos cada vez más precoces.
Próximos pasos y el mensaje de Milei al país
La ley aguarda su publicación en el Boletín Oficial y posterior reglamentación. El presidente Milei la incluirá seguramente en su discurso de apertura de sesiones ordinarias este domingo, como uno de los logros más concretos de su gestión en materia de seguridad.
Para millones de argentinos que exigían “mano dura” contra la delincuencia juvenil, este viernes marca un antes y un después. La reforma penal de Milei ya es ley. El desafío ahora es que funcione en las calles y en las cárceles juveniles del país.
Con Reuters, AP y EFE
