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La ley de amnistía mete en el mismo saco a presos políticos y represores. El proyecto es tan amplio que el propio Nicolás Maduro, procesado por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos, solicita para él y su esposa Cilia Flores ser perdonado por el sistema judicial chavista.
Por Ludmila Vinogradoff | abecedario
Mientras el exmandatario se lo solicita por teléfono a su hijo Nicolás Maduro Guerra, alias «Nicolasito», los familiares de los presos políticos se han encadenado y declarado en huelga de hambre para, con o sin ley de amnistía, liberen a los detenidos. Así ocurrió este fin de semana con 17 presos, los primeros en salir bajo medidas cautelares de la prisión Zona 7, al norte de Caracas, donde se calcula que había 80 personas detenidas por motivos políticos.
Nicolasito informó que había recibido una llamada telefónica de su padre, arrestado en Nueva York desde el 3 de enero, cuando fue capturado junto a su mujer en Caracas por la fuerza militar de Estados Unidos. Tal y como señaló: «Él me dijo: amnistía no solamente para ellos, sino para nosotros también».
Al parecer, la llamada telefónica de su padre pidiendo su inclusión en la amnistía se produjo durante la discusión parlamentaria de la sesión plenaria del pasado jueves 12. En dicha sesión, Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión Especial redactora del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, solicitó la suspensión del debate sobre del artículo 7 del texto por falta de consenso.
Visto el bloqueo del texto, Jorge Rodríguez decidió aplazar la discusión para después del martes de carnaval, que es festivo. Maduro y su mujer buscan beneficiarse del perdón general que plantea la amnistía, que cubre delitos políticos desde 1999 hasta el día de hoy.
Los analistas consideran que este proyecto está diseñado a la medida de los verdugos y torturadores chavistas, y no tanto para beneficiar a los presos políticos. El motivo es que estos no necesitan de una ley de amnistía para ser liberados; les basta con la emisión de un decreto ejecutivo. Desde el 8 de enero, el régimen ha excarcelado a unos 450 presos políticos y quedan unos 644 todavía en prisión, de los cuales 185 son militares y 40 son extranjeros, según cifras del la ONG Foro Penal.
El politólogo Ramón Ibarra sostiene que el régimen ha propuesto una ley de amnistía con «la aviesa intención de meter en el mismo saco a las innumerables víctimas de sus abusos y prácticas deleznables, como el terrorismo de Estado, junto a los torturadores, asesinos, y esbirros formados y estimulados por su nefasto gobierno, desde los tiempos de Chávez».
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