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La Ley de Amnistía ha dejado de augurar soluciones y ha pasado a anticipar más desacuerdos, como lo demostró el diferimiento de la segunda discusión en la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) este 12 de febrero.
El instrumento, diseñado en las sombras en el Parlamento controlado por el chavismo, estaba llamado a allanar el camino para la libertad de los detenidos por causas políticas en Venezuela, pero ampara a cada vez menos de estos con cada nueva modificación que se adopta.
La versión completa no ha sido leída todavía en el congreso unicameral, pero la amplitud de la cobertura que se anticipaba inicialmente parece haberse diluido considerablemente, excluyendo de su alcance a cada vez más personas y situaciones.
Por ejemplo, el artículo 7, que fue el que causó el diferimiento, reserva los beneficios derivados de la ley exclusivamente a quienes ya están siendo procesados en cortes o tienen sentencia firme, lo que motivó la objeción del diputado opositor Luis Florido.
“Hay muchas personas que ni siquiera han sido presentadas ante los tribunales y tienen años en prisión, personas en desaparición forzosa, gente solicitada que está fuera del país y no tienen garantías para regresar y ponerse a derecho, para poder ser amparados por la ley”, recordó Nora Bracho, parte de la misma bancada de Florido, en declaraciones a los medios.
El desacuerdo puede ser la razón por la que varios centenares de detenidos pasen al menos una semana más en prisión, porque la actividad en la Asamblea Nacional casi seguramente cesará durante el feriado nacional por Carnavales.
Sin embargo, Bracho insistió en la que las excarcelaciones siguen siendo una decisión política del Ejecutivo, que ya ha venido ejecutando desde el 8 de enero (cuando se prometieron originalmente), y no están atadas necesariamente a la Ley de Amnistía, que se anunció tres semanas después.
“Esta es una ley para la reconciliación, para el reencuentro, no podemos partir de la exclusión”, insistió Bracho, vicepresidenta de la comisión redactora de la ley.
Pero el estatus procesal de los detenidos es solo uno de los nudos que han trabado el proceso y solo una de las objeciones de organizaciones no gubernamentales, activistas de Derechos Humanos y políticos de oposición.
Ámbito temporal: de 27 años a solo unos meses
Cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mencionó por primera vez la perspectiva de una «amnistía general” el 30 de enero, dijo que ésta abarcaría “todo el periodo de violencia política de 1999 (cuando el chavismo llegó al poder) al presente”.
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Sin embargo, esos 27 años han quedado reducidos a unos pocos meses por el artículo 6, que sí fue aprobado en segunda discusión, que limita el ámbito de aplicación de la ley a 10 momentos históricos específicos.
Estos son el golpe de Estado de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002 y 2003, las protestas que antecedieron y las que siguieron al referendo revocatorio de 2004, las manifestaciones estudiantiles de 2007, las que se produjeron tras las elecciones presidenciales de 2013 y 2024, y periodos de agitación política en 2014, 2017 y 2019.
Delsa Solórzano, exdiputada y defensora de Derechos Humanos, apuntó en X que estos límites temporales excluyen a condenados por instrumentos como la Ley Contra el Odio o la Ley Simón Bolívar, “entre otros instrumentos de represión vigentes”.
También deja por fuera, según Solórzano, causas de naturaleza militar, como las que enfrentan los acusados de conspiraciones, tentativas de magnicidio e intentos de golpe de Estado denunciados por el hoy depuesto Nicolás Maduro.
«Son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley de amnistía, si se aprueba sin escuchar a las víctimas», advirtió en una protesta ante la Asamblea Nacional Andreína Baduel, hija y hermana de detenidos por razones políticas.
Su padre, el exministro de Defensa de Chávez Raúl Isaías Baduel, murió en prisión en 2021. Su hermano Josnars sería uno de los excluidos. Sentenciado al máximo de 30 años de cárcel por su supuesta participación en la operación ‘Gedeón’ para deponer a Maduro, Josnars no se inserta dentro del ámbito temporal de la Ley de Amnistía.
“La persecución política ha sido un continuo, no una suma de eventos aislados”, apuntó en declaraciones al portal ‘Analítica’ Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal, una organización que ha llevado adelante la defensa de los considerados presos políticos.
Conversando con la agencia EFE, Himiob agregó que «pareciera ser que la intención clara es no incluir a los militares dentro de la amnistía».
Defensores de Derechos Humanos que estuvieron detenidos y siguen sujetos a medidas cautelares, como Rocío San Miguel, Javier Tarazona o Eduardo Torres, tampoco serían beneficiados por la amnistía, pues la reclusión de los tres se produjo fuera de los periodos contemplados en el artículo 6.
Imprecisión en la definición de delitos
Oenegés, activistas y familiares han cuestionado también que las últimas versiones suprimen la lista de delitos considerados políticos (como la instigación, la resistencia a la autoridad, la rebelión o la traición), con lo que se aumenta la discrecionalidad para escoger a los amnistiables.
Las faltas que quedan excluidas del alcance de la ley, como narcotráfico, corrupción o faltas contra el patrimonio público, también pueden constituir una “argumentación errada”, como explicó a EFE Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal: «El fin de la detención es político en muchas ocasiones».
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Es el caso, por ejemplo, de la exjueza María Lourdes Afiuni, quien cumplió prisión y luego detención domiciliaria durante 10 años desde 2009, y aún hoy tiene prohibición de salida del país, por un supuesto delito de corrupción, aunque su proceso está relacionado con una decisión tomada cuando estaba a cargo de un tribunal en Caracas.
Ni restitución, ni habilitación, ni reparación
Los últimos borradores a los que ha tenido acceso la agencia Reuters no incluyen disposiciones que sí se encontraban en la primera versión, como la restitución de los bienes confiscados a los detenidos por motivos políticos, que van desde simples celulares o perros de raza hasta casas y negocios.
Tampoco se contempla ya la eliminación de las sanciones a medios de comunicación, que sí se incluía originalmente, con lo que persiste el cierre de centenares de estaciones de radio y televisión, las millonarias multas que obligaron al cierre de varios medios y las restricciones técnicas que mantienen bloqueados a los principales portales noticiosos del país.
En un análisis publicado el 9 de febrero en su portal oficial, Espacio Público, citó como condición para avanzar en una «convivencia creíble» que la ley incluya la devolución «de las licencias radioeléctricas y los equipos incautados a medios y periodistas”, así como “la reapertura de medios de radio, televisión, impresos y digitales clausurados arbitrariamente”.
Lo que se conoce hasta ahora de la Ley de Amnistía no incluye previsiones para la reparación a las víctimas y no se habla ya del levantamiento de las restricciones para ocupar cargos públicos contra figuras de la oposición, por lo que persiste la inhabilitación política, por ejemplo, para la ganadora del Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.
“La persecución no ha sido solo penal; ha tenido dimensiones laborales, civiles, tributarias y administrativas que no están siendo abarcadas”, advirtió Gonzalo Himiob en conversación con ‘Analítica’.
Vigencia de leyes represivas
En un análisis publicado el 9 de febrero en su portal oficial, Espacio Público apunta que el proyecto de Ley de Amnistía “mantiene intacto el entorno legal represivo”, pues no prevé la derogación de instrumentos aprobados por la extinta Asamblea Constituyente y por la Asamblea Nacional de mayoría chavista, que han servido de base para el encarcelamiento de muchos opositores.
Cita como ejemplo la Ley contra el Odio, que prevé cuantiosas multas y penas de 10 a 20 años de prisión por delitos que no figuran en el Código Penal venezolano, o la Ley Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista, que persigue y castiga con hasta 30 años de cárcel a los que hayan instigado, apoyado o favorecido las sanciones internacionales.
“Sin estas derogatorias, la amnistía es un paliativo transitorio que no ofrece garantías estructurales reales y da paso a una nueva amenaza permanente”, apunta Espacio Público.
Memoria selectiva
La organización humanitaria Cofavic apuntó en un análisis del proyecto de ley que se conoció originalmente que el objetivo de paz social que persigue el instrumento debe ser compatible con “la obligación indeclinable” del Estado de “investigar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos”.
Al igual que Cofavic, Espacio Público también ha mostrado su preocupación por el artículo 11 de la ley, que ordena a los órganos administrativos “eliminar de sus archivos los registros y antecedentes” de las personas beneficiadas por amnistía.
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Aunque concuerda con el propósito de “dejar sin efectos jurídicos los registros y antecedentes penales”, la organización apunta que esos registros “pasan a tener un mérito probatorio y valor cultural para la Nación”.
“La sociedad tiene el derecho imprescriptible de conocer quiénes fueron perseguidos, por qué opiniones y qué funcionarios ejecutaron dichas órdenes para garantizar la verdad y la no repetición”, agrega el análisis de la oenegé.
Con Reuters, EFE, AP y medios locales
