La estrategia política de las dos velocidades

Durante el evento Prospectivas para Venezuelaorganizado a finales del mes de noviembre pasado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, se presentó como el escenario político más probable para el país el que denominamos “escenario de transición forzada”.

Este escenario que se anunció como el de mayor  probabilidad de ocurrencia, era el producto de la combinación de varios elementos, a saber, la materialización de una acción  externa de fuerza por parte de Estados Unidos contra el gobierno venezolano, la asimétrica capacidad de respuesta militar de la administración de Maduro, la imposibilidad de generar alianzas geopolíticas fuertes a su favor, la convicción de lo creíble de la amenaza en su contra, y sobre todo el aumento considerable de sus costos de permanencia, lo que alteraba drásticamente el balance costo-beneficio de resistirse a la acción norteamericana, todo lo cual  obligaría a la élite gobernante a aceptar a regañadientes una especie de transición no deseada, pero en la cual tratarían de obtener el mayor beneficio que las circunstancias le permitan.

Pues bien, este es precisamente el escenario en el que nos encontramos ahora, a escasas tres semanas de la incursión militar estadounidense del pasado 3 de enero en territorio venezolano. El problema es que este escenario, dada la alta inestabilidad de las variables en juego, a diferencia de que pueda parecer para algunos el fin de algo, avizora en realidad ser el comienzo de otra cosa, ahora más incierta y compleja.

La incertidumbre es tal que comienza incluso con la dificultad para definir si estamos o no en presencia de una transición política. Si nos atenemos a la etimología de la palabra (del latín “transición”, pasar de un estado o situación a otra) evidentemente lo estamos. El problema es que, en primer lugar, una transición política no es un evento, sino un proceso de cambio complejo, incierto y generalmente sin un resultado preestablecido. Pero a pesar de su complejidad, existen ciertas características que permiten definir cuándo se puede hablar propiamente de una transición. Mencionemos brevemente solo dos.

Una de ellas es que el núcleo de una transición es la creación de un nuevo marco institucional aceptado por todos los actores relevantes, incluyendo por supuesto a la población. Esto implica, como mínimo: a) establecer el Estado de Derecho (esto es, el imperio de la ley por encima del “imperio” de ciertas personas o sectores), b) garantizar elecciones libres, competitivas y transparentes, y c) reconocer libertades civiles y de defensa de las personas frente al Estado (derecho a la vida, a la integridad física y a la seguridad personal, libertad de pensamiento y de conciencia, libertad de expresión e información, libertad de prensa, de asociación, libertad de manifestación y de reunión pacífica, derecho a la privacidad, a la libre circulación, a la igualdad ante la ley y garantías judiciales y al llamado “debido proceso”), y libertades políticas básicas (derecho al sufragio universal y secreto, libertad para formar y militar en partidos políticos, libertad para la disidencia y la oposición política, derecho a competir por el poder).

Otra característica de una transición política es la resolución del «problema del garante», es decir, del rol de la Fuerza Armada y de los aparatos de coerción. Una transición no puede consolidarse sin redefinir el papel de las instituciones coercitivas del antiguo régimen, especialmente los militares y los servicios de seguridad. La transición requiere, sine qua non,  su subordinación al poder civil democrático.

En su clásica obra «Problemas de la transición y consolidación democrática: Europa del Sur, América del Sur y Europa Post-Comunista», Juan Linz y Alfred Stepan identifican lo anterior como uno de los «problemas» clave. La solución puede variar desde pactos de amnistía (como en Chile) hasta procesos de depuración y reforma (como en Europa del Este). Para los autores, «un régimen democrático no puede considerarse consolidado si los militares, en virtud de sus prerrogativas institucionales, tienen la capacidad de actuar de manera autónoma en áreas políticas que consideran vitales para sus intereses corporativos o para su visión de la misión nacional… La consolidación de la democracia requiere la existencia de un poder civil que sea el único responsable de la definición de la política de defensa y seguridad, y de la supervisión de su implementación.»

En el caso venezolano, adicionalmente, y si nos guiamos por lo que todos los estudios serios de opinión publica han encontrado desde hace mucho tiempo, no es ésta la situación política más deseada por la gente, sino una que surgió como posible, producto del reacomodo forzado del bloque dominante ante una acción militar externa. Ni siquiera es por ahora, y en lo inmediato, una transición democrática, pues no comienza con los votos de la población, sino con el control efectivo de la realidad que deriva de la asimétrica correlación de fuerzas de los actores en juego y de sus capacidades reales o fácticas de acción.

Esta correlación de fuerzas ha dejado claro la existencia, al menos por ahora, de dos estrategias. La del gobierno de los EEUU es avanzar hacia una “transición tutelada”, con preeminencia en una apertura económica que le permita asegurar un mayor control sobre el mercado energético mundial,  así como hacer negocios e inversiones atractivas, y donde la democratización política no sólo puede esperar sino que estará condicionada a que sirva tanto al primer objetivo económico como a otros objetivos políticos (por ejemplo, el alejamiento de los enemigos de su “patio trasero”, y la satisfacción de demandas internas de parte de su electorado de cara a las elecciones de mitad de periodo).

El del gobierno venezolano,  por su parte, es claramente una estrategia de “estabilización autoritaria”. Como afirma Guillermo Tell Aveledo, no se trata el actual de un nuevo gobierno, “sino de un remanente que gestiona su continuidad bajo nuevas tutorías externas”.   Por ello para el interinato en el poder es esencial ganar tiempo, para dar posibilidad a que, por ejemplo, al presidente Trump se le complique la situación interna (la resistencia de los sectores demócratas en el Congreso, la presión por el caso Epstein, un resultado electoral desfavorable en las elecciones de noviembre de este año, o incluso un cambio en su cálculo de costos-beneficios con respecto a Venezuela).

Por eso, dada la necesidad estratégica de ganar tiempo, el oficialismo aplica una estrategia de dos velocidades: muy rápida en lo económico pero muy lenta en lo político.  Por un lado, avanza con rapidez en medidas de apertura o liberalización económica que le permitan cumplir con las exigencias de Washington y no arriesgar así su permanencia en el poder, mientras mantiene una intencional lentitud en cuanto a apertura política. La táctica de las excarcelaciones fraccionadas y en cámara lenta, y la convocatoria a un “dialogo” dirigido desde el gobierno, se inscriben en esta estrategia no sólo de ganar tiempo, sino de intentar vender la tesis de una estabilización sin democratización.  Porque no es lo mismo transición democrática, a lo que aspira la casi totalidad del país, que estabilización autoritaria y normalización del conflicto, que es el outcome soñado del actual equipo gobernante a la crisis.

Además, el gobierno venezolano justifica esta lentitud en lo político, así como la continuidad de un discurso revolucionario para su audiencia interna,  en la necesidad de garantizar la “paz ciudadana” y la “tranquilidad social” que el primer objetivo de Trump –el económico- requiere, y que –en su narrativa- corre riesgo de no asegurarse si se relaja el control social coercitivo.

Esa narrativa la complementa con la inteligente venta a la administración Trump del argumento de que sólo hay una fuerza política real en Venezuela, y es la que representa el gobierno. Todo lo demás (partidos políticos de oposición, sectores importantes de la sociedad civil, incluyendo a Iglesia y a las universidades) es tan pequeño que no cuenta políticamente.  Por eso el gobierno mantiene tanto la narrativa como la expectativa (acompañada de acciones eventuales para reforzar ambas)  de coacción y control social, simplemente porque no puede permitir que aparezcan otros actores en escena, mas allá de los gobiernos de los dos países,  y mucho menos que crezcan en Venezuela fuerzas sociales alternativas, que pretendan no sólo presencia sino que demanden avances reales y constatables hacia la democratización.

En su conocida obra «Transiciones desde un gobierno autoritario”,  O’Donnell y Schmitter distinguen entre “liberalización” (concesión de ciertas libertades individuales y civiles) y “democratización” (establecimiento de reglas y procedimientos democráticos). Y advierten que la transición propiamente dicha comienza cuando la liberalización escapa al control del gobierno y desata demandas de cambio más profundas.  Pero ello no ocurre de manera ni azarosa ni automática. De hecho, puede no ocurrir, salvo que haya fuerzas que lo impulsen. Y aquí toma de nuevo importancia crucial la necesidad de que las organizaciones y sectores sociales, desde la riqueza de su diversidad y de sus diferencias, comencemos a pensar como actores y no como simples espectadores de una obra montada y dirigida por otros, y empecemos a ejercer la necesaria presión cívica para participar e incidir en el rumbo de los acontecimientos.

Una transición política no es simplemente un cambio de mandatarios o incluso de gobierno, sino un proceso progresivo (con avances, estancamientos y hasta riesgos de regresión), de re-fundación de un sistema político basado en la negociación, la creación de instituciones inclusivas y la resolución del problema de la coerción. Nuestro caso venezolano actual ejemplifica una situación donde, a pesar de los anuncios de cambios económicos, falta el componente esencial de una transición política real: la apertura de un proceso genuino de negociación para redefinir las reglas del juego de manera inclusiva y garantizar la subordinación del poder militar al civil, condiciones éstas  que son simplemente insoslayables. Pero eso no basta con pedirlo o desearlo. Es urgente el reencuentro y reactivación de los sectores sociales organizados para incidir y presionar por ello.

@angeloropeza182