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Tras informar «con sorpresa y profundo pesar» que la ex primera ministra Betssy Chávez «está siendo asilada en la residencia de la embajada mexicana en Lima», el Gobierno de Perú tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con México, según confirmó en rueda de prensa el canciller peruano, Hugo de Zela.
El ministro de Exteriores explicó que esta medida se adoptó «frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en las que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú». No obstante, aclaró que no se suspenderán los vínculos consulares para garantizar la protección de los nacionales de ambos países.
De Zela lamentó profundamente «que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, manteníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias».
Tras el anuncio, el país andino comunicó que la Administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, había confirmado la decisión de otorgar asilo a la ex primera ministra.
Chávez se desempeñó como jefa del Consejo de Ministros por un breve lapso durante la presidencia de Pedro Castillo, entre el 26 de noviembre y el 7 de diciembre de 2022. La exfuncionaria enfrenta cargos penales por su presunta participación en el intento de disolución del Congreso, que derivó en la destitución y el arresto de Castillo a finales de ese año.
Su abogado, Raúl Noblecilla, había dicho antes de este lunes que no tenía noticias de su clienta desde hacía varios días y que desconocía si había solicitado asilo o no. Este lunes, Noblecilla afirmó que la ex primera ministra es una «perseguida política, como lo es, sin duda, el presidente Pedro Castillo y todos los que están injustamente en ese juicio».
Por su parte, Chávez negó haber intentado refugiarse en la embajada mexicana en Perú mientras Castillo llevaba a cabo su intento de disolver el Congreso, a pesar de que su chofer testificó que la política le pidió que la llevara allí antes de regresar a su oficina. La ex primera ministra también afirmó no haber tenido conocimiento del plan del expresidente para disolver la Asamblea Nacional.
Los detalles del caso
La Justicia de Perú procesa actualmente a Betssy Chávez por, como se dijo anteriormente, su presunta participación en el intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces jefe de Estado.
La ex primera ministra fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, a la que fue ingresada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.
Previamente, el Tribunal Constitucional había ordenado su excarcelación inmediata tras determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.
Tanto Sheinbaum como su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue él quien en realidad sufrió un golpe de Estado que atribuyen a los grupos de poder que dominan el Congreso de Perú.
Perú no hará con Chávez lo mismo que Ecuador hizo con Glas
En el marco de la crisis diplomática, el Gobierno peruano dijo este lunes que no pretende emular a Ecuador con un ingreso por la fuerza a la Embajada de México en Lima para detener a la asilada ex primera ministra peruana, como sí ocurrió el año pasado en la embajada mexicana en Quito con el exvicepresidente correísta Jorge Glas.
El canciller peruano subrayó que «esa posibilidad no existe». «Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de ese tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional», afirmó de Zela.
Con EFE y Reuters
