Familiares de los niños cuatro desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil, Ecuador, tras ser detenidos por una patrulla militar, denunciaron supuestas «acciones intimidatorias» por parte de la Policía. También señalaron un posible intento del Gobierno de interferir en la investigación. El caso revivió el debate sobre la vulneración de derechos humanos y la efectividad de las medidas contra la delincuencia de parte del gobierno de Daniel Noboa.
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