Últimas noticias de última hora Portal de noticias en línea
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro de EE UU, emitió una licencia este 24 de abril en la que autoriza al Estado venezolano a utilizar fondos públicos para pagar la defensa privada de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes están detenidos en Nueva York desde el pasado 3 de enero cuando fueron capturados por fuerzas militares de Estados Unidos.
A través de una comunicación enviada por el fiscal Jay Clayton al juez del caso, Alvin K. Hellerstein, se informó la decisión que le permitirá a la pareja Maduro-Flores contar con una defensa privada durante el juicio que enfrentan en Estados Unidos.
Sin embargo, la licencia establece condiciones que el Estado venezolano debe acatar. Entre las restricciones se establece que los fondos públicos que se utilicen deben ser los que están disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026.
Otra condición prevista es que el dinero usado para pagar la defensa no provenga de fondos de depósito de gobiernos extranjeros.
Según el escrito presentado el viernes, la defensa reconoce la exención de las sanciones y retira por ahora su moción para desestimar los cargos.
El abogado John De La Vega explicó en su cuenta en la red social X que la estrategia de la Fiscalía para permitir el pago de los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores responde, principalmente, a una necesidad procesal: blindar el caso frente a posibles nulidades.
Señaló que en este tipo de procesos penales federales, cualquier limitación al derecho a una defensa adecuada puede abrir la puerta a futuras apelaciones basadas en la violación del derecho constitucional a contar con representación legal efectiva.
Nicolás Maduro está acusado de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.
Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal.
Tras la decisión, se espera que las partes puedan presentar pruebas y mociones en los próximos 60 días.
