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con una espátula
El miedo, ese compañero silencioso que durante años amordazó a las familias de los presos políticos en Venezuela, finalmente estalló, luego que Nicolás Maduro terminara preso en operativo militar de EEUU el 3 de enero.
Por: lapatilla.com
Frente a las puertas del Palacio de Justicia, un grupo de mujeres —madres, esposas y hermanas— alzó la voz para denunciar una realidad sistemática: las torturas que persisten bajo el régimen de Delcy Rodríguez, tras la salida del poder de Nicolás Maduro en enero pasado.
El rostro de la protesta es el de mujeres como Génesis Martínez, cuyo esposo de 30 años fue trasladado recientemente desde El Rodeo IV hacia Yare III. Su relato describe un patrón de violencia física y manipulación psicológica que parece ser la norma en los centros de máxima seguridad.
“A mi esposo le partieron la cara y lo obligaron a grabar un video diciendo que se había caído de una hamaca. Recuerdo que cuando lo visité tenía cinco puntos en la cara y el cuerpo morado”, denunció Martínez ante los medios y transeúntes.
Según las manifestantes, las golpizas no son incidentes aislados, sino prácticas ejecutadas con bates de aluminio y tablas. Durante años, el temor a represalias directas contra los detenidos mantuvo estas denuncias en la sombra, pero la opacidad actual del sistema penitenciario ha empujado a las familias al límite.
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La urgencia de la protesta tiene un detonante crítico: el motín ocurrido el pasado lunes 20 de abril en el penal de Yare III. Aunque el régimen chavista ha confirmado al menos cinco fallecidos, no ha emitido ninguna otra actualización.
María Escobar, otra de las voces presentes en el Palacio de Justicia, personifica la desesperación de decenas de familias que desconocen el paradero o el estado de salud de sus seres queridos. “Muchos han recibido llamadas de 20 segundos, pero yo no sé nada de mi hijo”, señaló Escobar.
Mientras el hospital de Ocumare del Tuy recibe heridos de forma constante, según reportes de familiares, la falta de transparencia del chavismo, alimenta la angustia.
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Las familias exigen una “fe de vida” inmediata, asegurando que el traslado de presos políticos —como el ocurrido el 18 de abril— solo ha servido para profundizar el aislamiento y la vulnerabilidad de los detenidos.
A pesar del cambio de mando ocurrido tras el operativo militar que terminó con el arresto de Maduro el 3 de enero, las organizaciones de derechos humanos y los familiares presentes en la protesta coinciden en que la estructura de represión en las cárceles venezolanas permanece intacta.
La exigencia es clara: el cierre de los centros de tortura y el respeto a la integridad física de quienes hoy son considerados fichas de canje en el complejo tablero político del país.
