La sociedad venezolana continúa silenciada

Han transcurrido dos meses desde la captura del jefe del Cártel de los Soles, Nicolás Maduro, pero a pesar de ello, la sociedad venezolana continúa sometida al silencio.

Han cambiado puntualmente algunas cosas, como la aprobación unilateral de dos leyes: una relativa a la exploración petrolera; y otra, cargada de omisiones, vicios y trampas, la Ley de Amnistía que, a la postre, ha resultado un instrumento para que muchos de los mecanismos de sometimiento de la sociedad venezolana se mantengan inalterados y vigentes, al tiempo que sirven al poder narco para garantizar impunidad a los autores intelectuales y materiales de los programas de represión, tortura y violaciones de los derechos humanos. El que destituyan a unos y designen a otros funcionarios, lo anoto de una vez, no modifica el carácter represivo, brutal y criminal del régimen. El Sebin sigue con su activismo aterrador, la Dgcim también, Diosdado Cabello y los Gramcko Arteaga continúan imperando en todo el territorio, dueños y señores de las vidas de los habitantes de todo el país.

Sigo con la Ley de Amnistía. En efecto, se trata de un instrumento parcial, profundamente perverso, que excluye más que incluye, y que se las arregla para que una masa enorme de ciudadanos, presos o no, que viven en Venezuela o en otros países, continúen detenidos o perseguidos o amenazados o sometidos a presentaciones periódicas en tribunales o con juicios abiertos por delitos inexistentes o descaradamente fabricados por funcionarios de la narcodictadura. El propósito de fondo, como bien se ha dicho, es mantener los correajes de la dictadura funcionando en condiciones de impunidad. Y, como es evidente, la supuesta amnistía no aporta ninguna novedad sustantiva dirigida al restablecimiento de la libertad de expresión para los ciudadanos venezolanos.

Esto hay que decirlo de forma clara y sonora: no se ha establecido un estatuto de libertades en Venezuela para las prácticas fundamentales de informar y opinar, tal como cierta prensa ha sugerido en otros países. La censura continúa dominando la escena mediática. La prohibición, por ejemplo, de mencionar los nombres de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia continúa vigente. Hace tan solo unos días, el viernes 20 de febrero, los esbirros de Conatel cerraron la emisora Urbana 94.3 FM, y a continuación decomisaron sus equipos. Durante la semana que hoy culmina, desde ese mismo organismo han continuado con sus programas de sistemáticas amenazas a medios radiales y televisivos ya silenciados. La narcodictadura no se conforma: supone que el silencio puede ser todavía más extendido, más ominoso, más aplastante.

También en los días recientes, a muchos de los que han recibido el beneficio de la excarcelación, les han amenazado “informalmente”, es decir, evitando el uso de correspondencias tribunalicias u oficiales, sino a través de carceleros, llamadas telefónicas o de mensajeros enviados especialmente para proferir estas brutales y soterradas amenazas. Les ha funcionado, sin duda: de los excarcelados hasta ahora, solo muy pocos se han atrevido a compartir su testimonio ante periodistas o activistas de organizaciones no gubernamentales.

El estado de cosas, que resumo aquí de forma apurada, es el siguiente: se mantiene en todo el territorio venezolano la prohibición de hablar de política en noticieros, programas de entrevistas, por parte de locutores y periodistas. No se puede hablar de lo ocurrido el 3 de enero, ni de los expedientes y acusaciones en contra de Cilia Flores y Nicolás Maduro, ni del Cártel de los Soles, ni de los fondos congelados en Suiza.

El bloqueo de la señal de Internet de decenas de portales informativos y medios de comunicación continúa inamovible. Bastaría una orden del alto mando de la dictadura -una simple orden ejecutiva- para restituir el derecho de los ciudadanos a estar informados, que es un derecho establecido y protegido por la Constitución, que los narcos violan y no reconocen.

A los centenares de propietarios de equipos, instalaciones, vehículos, antenas, routers y otros instrumentos como computadoras, teléfonos móviles, grabadores, dispositivos eléctricos y más, que fueron robados y desaparecidos por funcionarios civiles o uniformados en allanamientos y cierres ilegales de radios y televisoras, no les han devuelto ni un alfiler ni responden a sus consultas. Al contrario: a quien se atreva a preguntar por segunda vez por los bienes de su propiedad los amenazan con encerrarlos en una de sus mazmorras.

En el caso específico de El Nacionalque estoy en el deber de repetir aquí, nada ha cambiado: el edificio sede de El Nacional en los Los Cortijos de Lourdes, la rotativa y otros equipos, continúan bajo el control del narcotráfico.

No decenas sino centenares de periodistas viven en el exilio, o encerrados en sus casas en Venezuela, desempleados, sin posibilidad de cumplir con alguna actividad del oficio, o están en la clandestinidad bajo acusaciones falsas y desproporcionadas. A estos hay que sumar miles de procesos legales en curso, a veces por hechos tan irrelevantes como el de haber recibido en el teléfono un mensaje que la narcodictadura califica de incitación al odio.

Este estado de cosas, al que podrían añadirse páginas y páginas de hechos, abusos y casos de extrema gravedad, es decisivo: dejan en claro que el objetivo de la Transición está lejos todavía. Es condición previa, requisito imprescindible: hasta que cada ciudadano no pueda expresarse con total libertad y son consecuencias; hasta que los periodistas no puedan hacer su trabajo sin temor a ser encarcelados o judicializados; hasta que no devuelvan a sus propietarios los bienes que les fueron robados en reales asaltos a mano armada; hasta que no sean suspendidos de forma definitiva los procesos judiciales en curso por informar u opinar; hasta que no sean derogadas las leyes que justifican la violencia contra los derechos inalienables de expresión e información, hablar de información continuará siendo vano e incierto.