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Al menos 22 protestas se registraron el jueves en 15 estados de Venezuela, de acuerdo con un balance difundido por el Observatorio de Conflictividad Social.
Las manifestaciones tuvieron lugar en Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira, La Guaira, Yaracuy y Zulia, según detalló la organización en su reporte.
Las principales exigencias se centraron en la liberación de todos los presos políticos y en reclamos de carácter laboral.
Entre estos últimos, la ONG destacó la solicitud de un reajuste salarial acorde con el costo de la vida, la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y el pago de pensiones que cubran las necesidades básicas.
En el estado Aragua, trabajadores consignaron un pliego de exigencias ante la Inspectoría del Trabajo de Maracay, donde reiteraron la demanda de un ajuste salarial.
Aumentaron las protestas tras la captura de Maduro
La conflictividad social en Venezuela registró un fuerte repunte en enero, luego de la captura en Caracas de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por fuerzas militares estadounidenses. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes se documentaron 622 protestas, un aumento de 53% en comparación con enero de 2025 y un promedio de 21 manifestaciones diarias.
De acuerdo con el OVCS, la operación de Estados Unidos generó un reacomodo acelerado de fuerzas y abrió espacio para que distintos sectores retomaran las calles con exigencias de libertad, justicia y participación política.
Del total de manifestaciones registradas ese mes, 550 estuvieron relacionadas con la defensa de derechos civiles y políticos, lo que representa 88% de los casos. La principal demanda fue el derecho a la participación política, presente en 502 protestas.
Le siguieron las exigencias vinculadas al derecho a la justicia (232), el derecho a la manifestación pacífica (148) y los derechos de personas detenidas (58).
El informe señaló que 214 protestas se centraron en exigir la libertad plena de presos políticos.
“Las denuncias formuladas por los manifestantes señalan violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo torturas, tratos crueles, desapariciones forzadas de corta duración y detenciones arbitrarias, muchas ejecutadas sin orden judicial ni pruebas suficientes”, indicó el OVCS.
Las vigilias frente a centros de detención se consolidaron como una de las expresiones más visibles de protesta pacífica. Madres, esposas, hijas y organizaciones de derechos humanos encabezaron concentraciones para exigir respeto a garantías fundamentales.
Aunque en menor proporción, las demandas por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales representaron 12% del total, con 72 protestas. Entre los reclamos más frecuentes estuvieron los salarios y pensiones dignos, la discusión de convenciones colectivas y el pago oportuno de beneficios laborales.
También se registraron 25 protestas vinculadas a fallas en servicios básicos y vivienda, con denuncias por problemas en el suministro de agua potable, electricidad, transporte y saneamiento, así como deterioro de infraestructura y acumulación de desechos.
Más protestas en Caracas
En cuanto a la distribución geográfica, el Distrito Capital encabezó la lista con 89 protestas, seguido por Miranda (84), Mérida (47), Bolívar (45) y Anzoátegui (44). Los estados con menor número de manifestaciones fueron Guárico (1), Amazonas (6) y La Guaira (8).
Las concentraciones representaron 58% de las acciones registradas, seguidas por vigilias (105), marchas (71) y pancartazos (25). Además, 42% de las protestas combinaron exigencias políticas, laborales y sociales.
Durante enero se documentaron ocho protestas reprimidas en cinco estados y cuatro manifestaciones dirigidas contra cuerpos de seguridad e inteligencia por presuntos abusos y uso excesivo de la fuerza.
El OVCS destacó que la presión y vigilancia internacional contribuyeron a contener mayores niveles de represión.
“La centralidad de las protestas por presos políticos, la masiva y constante presencia de familiares, estudiantes universitarios y organizaciones sociales reflejan la profundidad del daño acumulado por años de criminalización de la disidencia”, señaló la organización.
