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La Comisión Europea ha descartado la demanda de la campaña ciudadana ‘Mi voz, mi decisión’ de establecer un mecanismo financiero europeo específico para permitir que todas las mujeres en Europa puedan tener acceso a un aborto seguro y asequible, incluso si su país de origen no garantiza este derecho. No obstante, el Ejecutivo europeo, que no tiene competencia directa para legislar sobre el aborto, ha dejado claro por primera vez que la interrupción voluntaria del embarazo puede financiarse con fondos europeos. Y propone que los Estados que así lo deseen hagan uso del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) con este fin. Eso sí, sin dinero extra europeo.
“Los Estados miembros pueden, si lo desean, utilizar el FSE+ para mejorar la igualdad de acceso a servicios sanitarios legalmente disponibles y asequibles, incluidos los servicios de aborto seguro”, explica el Ejecutivo europeo en su respuesta oficial a ‘Mi voz, mi decisión’. Por lo tanto, agrega, “la Comisión considera que no es necesario (…) presentar al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de acto jurídico por el que se establezca un nuevo programa de financiación, tal y como se ha solicitado”.
La vía que propone Bruselas dependerá de que haya países dispuestos a destinar parte de esos fondos asignados sobre todo para políticas de cohesión y relacionadas con el empleo a garantizar el acceso al aborto asequible a mujeres que no necesariamente provienen de ese mismo Estado. Según la Comisión y la propia campaña, ya hay 11 países que han manifestado su intención de apoyar esta vía: España, Eslovenia, Francia, Estonia, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Luxemburgo, Rumania, Austria y Polonia.
Teóricamente, ha reconocido la vicepresidenta de la Comisión para Derechos Sociales, Roxana Minzatu, ya se podía hacer uso de estos fondos para cuestiones de atención sanitaria como el aborto. Pero esta “es la primera vez que aclaramos que sí, que el acceso a un aborto seguro para mujeres, es elegible para el ESF+, aclaramos que es posible” destinar esos fondos a ese propósito, ha defendido. También la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, ha calificado esta respuesta como un punto de inflexión: “En la práctica, esto significa que las mujeres tendrán un mejor acceso a servicios de aborto seguros. Cualquier mujer vulnerable. En cualquier lugar de Europa. Esto es revolucionario”, ha recalcado la comisaria liberal que, al igual que la socialdemócrata Minzatu, son minoría en un Ejecutivo muy conservador, igual que también se ha escorado a la derecha y hasta ultraderecha el Parlamento Europeo.
En una comparecencia desde Bruselas, la coordinadora de ‘Mi voz, mi decisión’, Nika Kovač, ha reconocido la “decepción” del movimiento con la falta de fondos adicionales. Pero, rodeada de eurodiputados progresistas, ha querido celebrar también que, “por primera vez, la Comisión Europea se pronuncia claramente” sobre una cuestión tabú en muchos países aún y dice que “los fondos europeos pueden ser usados para garantizar el acceso a un aborto seguro”. Por eso, ha reivindicado, “hoy es una victoria para las mujeres en Europa y para la democracia europea”.
El FSE+ es el principal instrumento de la UE para “invertir en las personas y respaldar la aplicación del pilar europeo de derechos sociales”, y cuenta con un presupuesto de 142.000 millones de euros hasta 2027, si bien los programas pueden extenderse dos años más. Aunque sus ámbitos principales son el empleo, educación o la inclusión social, también la salud y el acceso a “servicios esenciales” forman parte de los 20 principios establecidos en el pilar europeo. De hecho, destaca al respecto la Comisión en su respuesta, “el FSE+ tiene como objetivo, entre otras cosas, reducir las desigualdades en materia de salud y garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a los servicios sanitarios esenciales”.
Son los Estados los que gestionan principalmente este fondo, mientras que la Comisión desempeña un papel de “supervisión”. Según la propuesta ahora desvelada, la idea es que los países, de forma voluntaria, propongan a la Comisión una enmienda de sus programas nacionales o regionales para “incluir, si así lo desean, una acción destinada a facilitar el acceso a servicios de aborto legales, seguros y asequibles”.
“Estamos poniendo las herramientas sobre la mesa. Ahora les toca a los Estados miembros utilizarlas. Y estamos dispuestos a ayudarles a acceder a estos fondos”, ha afirmado Lahbib. El dinero que ‘Mi voz, mi decisión’ estima requeriría garantizar que las mujeres que no puedan abortar en su país o no tengan el dinero requerido para hacerlo logren interrumpir su embarazo con esta ayuda europea oscila entre tres y siete millones de euros anuales.
La campaña ‘Mi voz, mi decisión’ comenzó en 2024, en plena oleada conservadora internacional contra el aborto legal, como una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). Esta vía, que permite que, si un millón de ciudadanos europeos de al menos una cuarta parte de los Estados miembros de la UE firman una iniciativa pidiéndole a la Comisión que proponga legislación en ámbitos de su competencia, el Ejecutivo europeo debe responder a esta petición, que es lo que ha hecho ahora. La petición de esta campaña a favor de un “aborto seguro y accesible” superó además todas las expectativas: reunió 1.124.513 firmas verificadas en 19 Estados miembros, convirtiéndose en la duodécima ICE que pasaba a ser aceptada.
Tras su presentación oficial ante la Comisión, el 1 de octubre del año pasado, sus representantes la defendieron en una audiencia pública en el Parlamento Europeo un mes más tarde y, en diciembre, la Eurocámara, pese a estar muy marcada por las fuerzas ultraconservadoras, emitió una resolución en apoyo a la iniciativa. Aunque las resoluciones parlamentarias no son vinculantes, el mensaje era claro: el hemiciclo respaldaba que la Comisión “establezca un mecanismo voluntario abierto a todos los países de la UE, y con contribución de la UE” que le permita a un país miembro “ofrecer acceso a la interrupción segura del embarazo -de conformidad con su legislación nacional- para cualquier persona que no pueda recibir esa atención de manera segura y legal”.
En vísperas de la decisión ahora conocida, y entre rumores de que la Comisión podría rebajar su oferta, ‘Mi voz, mi decisión’ lanzó otra campaña de firmas online para “convencer” a Bruselas para que “cambie de opinión”, que recibió más de 275.000 respaldos. Además, más de un centenar de eurodiputados socialdemócratas, liberales, de izquierda y verdes firmaron una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, advirtiéndole de que “una negativa a actuar ante una iniciativa que cumple todas las condiciones de los tratados plantearía serias dudas sobre el cumplimiento de los principios de la democracia participativa”.
La víspera de la decisión, también los primeros ministros de Eslovenia, Suecia, Dinamarca, Estonia y España enviaron a Von der Leyen otra carta manifestando su apoyo explícito a ‘Mi voz, mi decisión’: “Desde nuestra perspectiva común, ninguna persona debería verse obligada a continuar con un embarazo contra su voluntad debido a barreras legales, económicas, geográficas o socioeconómicas más amplias que socavan la igualdad de acceso en la práctica. La autonomía corporal y el derecho a tomar decisiones sobre la propia salud y el futuro deben protegerse y respetarse en toda la Unión”, recalcaban.
Pese a calificar también la respuesta de Bruselas como una victoria para las mujeres de todo el mundo, varios eurodiputados progresistas han subrayado que la lucha continúa y que ahora lo que hay que batallar es asegurarse que en el próximo presupuesto plurianual de la UE, en plenas negociaciones, no se rebajen estos fondos sociales ni se intenten hallar subterfugios para poner trabas a la vía ahora despejada por la Comisión.
