¿Una tercera nacionalización del petróleo venezolano? No si el ciudadano es el propietario

Recientemente, Estados Unidos alcanzó un nuevo hito histórico: produjo más de 13,6 millones de barriles por día, una hazaña asombrosa para un país que muchos pensaban que había alcanzado su punto máximo en 2008, cuando la producción tocó fondo en 5 millones de bpd. Este asombroso aumento no fue logrado por un gigante estatal, sino por un ecosistema de miles de operadores independientes impulsados ​​por incentivos de mercado que, en Venezuela, podrían parecer de otro planeta.

Mientras tanto, Venezuela ha recorrido el camino opuesto: desde un orgulloso pico de 3,7 millones de bpd en 1970, se ha desplomado a una producción estancada por debajo de 1 millón de bpd.

En Texas, el terrateniente es dueño del petróleo; en Venezuela, es el Estado, el que pretende, todo el tiempo, representarnos a todos.

La guerra de los cien años

desde el Los Barrosos II Tras el estallido de diciembre de 1922, nuestra historia petrolera se ha definido por un tira y afloja incesante entre el capital privado y el Estado por la captura de la renta petrolera. Este conflicto no es exclusivo de Venezuela, pero al entrar en esta “tercera apertura”, la pregunta es inevitable: ¿cómo evitamos una tercera nacionalización?

Después de haberlo hecho dos veces antes (1976 y 2006), Venezuela ha sentado un precedente que altera la evaluación del riesgo en todos los horizontes de inversión. ¿Cómo podemos garantizar a los inversores que la historia no se repetirá? Aunque a menudo se vende como un triunfo patriótico, la nacionalización es un incumplimiento terminal de contrato y un ataque directo a los derechos de propiedad, que disuade a los mismos perfiles de capital que de otro modo estarían participando. El arbitraje internacional, las reformas legales y los marcos institucionales son necesarios, pero no suficientes.

La toma del gobierno y la carrera global

Para poner las cosas en perspectiva: antes de la reforma de 2026, el sistema fiscal venezolano estaba entre los menos competitivos del planeta. Entre las regalías sobre los ingresos brutos, el impuesto sobre la renta (ISLR) y los impuestos sobre las “ganancias extraordinarias”, el Estado extrajo una “participación gubernamental” que a menudo excedía el 80%, con tasas impositivas marginales que alcanzaban hasta el 95% dependiendo de los umbrales de precios. En un escenario en el que el margen neto del operador se reducía al mínimo, la producción se convertía en un juego de supervivencia y la reinversión se hacía técnicamente imposible.

Si bien la reforma de enero de 2026 avanza en la dirección correcta, no solo estamos compitiendo contra nuestro propio pasado; estamos compitiendo contra el mundo. Considere los márgenes actuales (Operator Share) en la región:

• Canadá (Alberta, petróleo pesado): Privado 50%-55% | Gobierno 45%-50%
• Texas (Cuenca Pérmica): Privado 45%-55% | Gobierno 45%-55%
• Colombia (Nuevas Reformas): Privado 40% | Gobierno 60%
• Brasil (Presal): Privado 39% | Gobierno 61%
• Guyana (Modelo 2025): Privado 25%-35% | Gobierno 65%-75%
• Venezuela (Ley 2026): Privado 20%-35% | Gobierno 65%-80%

Incluso con la reciente reforma, Venezuela está lejos de ser una “ganga” para la inversión a largo plazo.

La propuesta: de Estado-socio a ciudadano-propietario

Para mitigar el riesgo de expropiación y atraer capital a largo plazo, propongo un modelo construido sobre cuatro pilares fundamentales:

• Asociación Capital Privado-Ciudadano: El Estado es retirado de las operaciones. Los incentivos están alineados directamente entre los ciudadanos –los propietarios finales del subsuelo– y aquellos que arriesgan el capital para extraerlo.

• Cero Impuestos Corporativos (Desplazamiento Fiscal): Eliminar el impuesto sobre la renta de las empresas, las regalías y todos los impuestos “ocultos” en la fuente. Esto reduce drásticamente el punto de equilibrio operativo a niveles técnicos promedio de 30 a 40 dólares por barril, convirtiendo a los “cementerios de hierro” en empresas rentables incluso en entornos de precios bajos. No se trata de una moratoria fiscal, sino de una reorientación de la recaudación fiscal: el operador entrega una parte importante del valor directamente a los ciudadanos, mientras que el Estado se sostiene gravando los ingresos totales de los ciudadanos y de las empresas en el resto de la economía.

• El dividendo ciudadano (petróleo a efectivo): En lugar de pagar un impuesto tradicional a un Tesoro discrecional, el operador entrega el 50% de su beneficio neto (en realidad, un impuesto fijo pagado a los propietarios) directamente a un fideicomiso soberano (o mecanismo no estatal similar) administrado por bancos internacionales de primer nivel. Si bien el 50% es una proporción significativa, la ausencia de cualquier otra carga fiscal convierte a este modelo en uno de los más competitivos de la región. Este fideicomiso distribuye dividendos periódicos a todos los ciudadanos venezolanos, incluidos los que se encuentran en el exterior. Luego, el Estado financia sus operaciones gravando estos dividendos como parte del ingreso total de los ciudadanos a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ISLR) y otras fuentes impositivas de una economía diversificada. Esto asegura que el presupuesto del gobierno dependa de la prosperidad colectiva de su pueblo, no del control político sobre el petróleo.

• El ciudadano como “guardián” y auditor: Este es el escudo definitivo. En 1976 y 2006, el Estado nacionalizó porque era fácil arrebatar el control a una “multinacional” y entregárselo a una burocracia. Según este plan, cualquier gobierno que intentara expropiar estaría tomando directamente de los bolsillos de 30 millones de propietarios. La transparencia está integrada: los ciudadanos monitorean la producción y las distribuciones a través de plataformas digitales en tiempo real, auditorías independientes y otros mecanismos de supervisión descentralizados. El ciudadano deja de ser un espectador y se convierte en el más poderoso defensor de la industria.

A diferencia del Estado, cuyo ansia de renta petrolera es política y carece de consecuencias inmediatas para quienes están en el poder, el ciudadano actúa con la prudencia de un propietario, porque se convierte en uno. Bajo este modelo, cualquier intento de “asfixiar” al socio privado se traduce inmediatamente en una caída de los dividendos personales. La propiedad privada del beneficio es, en sí misma, la mejor garantía de estabilidad para el capital.

Aplicación y realidad

Según este modelo, el reparto de beneficios netos directos para la industria petrolera sería: privado 50%, ciudadanos 50%, estado 0%.

Este “Estado 0%” se aplica exclusivamente a la fuente para aislar a la industria del rentismo político. No significa un Estado con ingresos cero; el gobierno continúa financiando sus funciones, pero a través de un sistema tributario transparente (ISLR, IVA) derivado de una economía de propiedad ciudadana.

Por ejemplo, con el petróleo a 100 dólares y la producción a 3,5 millones de bpd, cada ciudadano habría recibido 1.500 dólares al año (6.000 dólares para una familia de cuatro). A un precio base de $60, el dividendo sería de $640 por persona. Hoy en día, con la producción estancada por debajo del millón de barriles, un ciudadano recibiría apenas 185 dólares. Es modesto, pero representa el punto de partida de un círculo virtuoso en el que el Estado sólo prospera si sus ciudadanos lo hacen primero.

Aquí radica la virtud del modelo: la alineación de intereses. Bajo el sistema actual, los ciudadanos observan desde la barrera cómo la riqueza petrolera se desvanece en el vórtice estatal. Con este enfoque, cada venezolano tiene un interés personal: cuanto más prospera su socio privado, más se benefician ellos mismos. Los ciudadanos pasan de ser críticos pasivos a ser actores principales del crecimiento industrial de la nación.

Consideraciones para una nueva Venezuela

En otras circunstancias, podría no ser partidario de las transferencias directas de “efectivo”. Pero dadas las alternativas, es el “mal menor”. La clase política probablemente afirmará que esto no es factible ni “patriótico”. Para muchos políticos, el incentivo es doble: la salivante perspectiva de gestionar un inmenso “botín” de petróleo y el ideal recurrente de “hacer el bien” con los recursos de otras personas.

¿Aún tienes dudas? Mire nuestro historial: a pesar de tener las reservas probadas más grandes del mundo y más de 20 administraciones diferentes de cada tendencia política desde 1922, el Estado capturó y administró más de 1,2 billones de dólares en rentas entre 1920 y 2015. ¿El resultado? Un récord mundial Guinness en auges desperdiciados, la mayor migración del hemisferio sin una guerra formal y una destrucción institucional sin precedentes.

¿No es hora de retirar al Estado del petróleo?

Esta propuesta lograría:

• Competitividad real: al igualar los márgenes de Texas y Alberta (50%+ para el sector privado), compensamos los riesgos institucionales con una rentabilidad global de primer nivel.
• Un Estado limitado: El Estado deja de ser un empresario ineficiente y se convierte en árbitro: proporcionando control, arbitraje y seguridad. Su financiación vendría de gravar otras actividades económicas, lo que le obligaría a fomentar la prosperidad general en lugar de vivir del subsuelo.
• Un camino hacia una nación productora de dividendos: ¿por qué no extenderlo a todas las actividades extractivas (gas, oro, hierro, tierras raras)? Quizás el oro del Arco Minero dejaría de ser un agujero negro y se convertiría en un dividendo directo, protegiendo los recursos del saqueo y la opacidad.

La reforma de enero de 2026 es sólo un suspiro en una prolongada agonía. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. La “Guerra de los Cien Años” por la renta petrolera ha dejado al Estado como un carcelero rico en promesas y una ciudadanía pobre en realidades.

Para evitar una tercera nacionalización es necesario sacar el subsuelo de la arena política y llevarlo a la esfera de la libertad económica. Estados Unidos no domina los mercados por mandato gubernamental, sino a través de un ecosistema que recompensa el riesgo y la eficiencia. Venezuela puede emular este éxito, pero sólo rompiendo el bloqueo del Estado y permitiendo que florezca un tejido de inversores en alianza directa con los ciudadanos.

La verdadera soberanía no es el Estado que gestiona los pozos; son los propios venezolanos los verdaderos dueños de los beneficios. Sólo a través de este pacto de propiedad podemos esperar que el petróleo se convierta, por fin, en un motor de desarrollo y no en la herramienta de nuestra propia destrucción institucional.