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“Es una victoria jurídica, pero no de la batalla final”. Los abogados de la plataforma vecinal Ulloa Viva, adalid de las protestas contra la macrocelulosa de Altri en Lugo, han advertido este lunes de que el proyecto aún no está muerto del todo. La Xunta anunció el pasado viernes que tira la toalla en su intención de sacar adelante la polémica fábrica y explicó que impulsará el archivo del expediente, una fórmula de la que recelan los opositores a la factoría. Temen que la senda administrativa elegida por el Gobierno de Alfonso Rueda permita resucitar Altri dentro de unos años. “Vamos a estudiar y ver todas las vías para seguir jurídicamente atacando los restos vigentes para forzar un cierre definitivo a esta cuestión”, señala el equipo jurídico integrado por Pedro Trepat, conocido por haber sido el abogado de Nunca Máis durante la marea negra del Prestigioy Xoaquín Monteagudo.
La plataforma reclama a la Xunta que, en vez de declarar la caducidad del expediente, una vía que la legislación recoge como excepcional, opte por “entrar en el fondo del asunto” y deniegue las autorizaciones solicitadas por la empresa Greenfiber, participada por la portuguesa Altri y el empresario coruñés Manuel García Pardo. Se trata del permiso de captación de agua del embalse de Portodemouros, en el río Ulla, y de la autorización ambiental integrada. Además, la macrocelulosa tiene aprobada desde el pasado marzo una declaración de impacto ambiental que “subsiste seis años”. “Queda ahí una espada de Damocles”, advierte Trepat.
Frente a los recelos de los opositores al proyecto, Rueda ha insistido este lunes en que el expediente de Altri será archivado porque el Gobierno central no ha concedido a Greenfiber la conexión a la red eléctrica que necesita para la fábrica. Ha asegurado además que aunque la empresa encontrase una vía alternativa de suministro a la planta como pretende, “habría que volver a evaluarla” y, por tanto, iniciar un expediente nuevo. Ha asegurado además que “no hay ningún tipo de compensación [económica] prevista” y ha cargado contra la plataforma vecinal que encabezó las protestas acusándola de difundir “inexactitudes” y “afirmaciones injustas”. Lo que ha evitado Rueda es aclarar si espera que una hipotética llegada del PP a La Moncloa podría despejar la reactivación de una factoría que él defendió como crucial. “Espero que un nuevo gobierno se dé cuenta de que uno de los grandes problemas estratégicos” que tiene la industria en España es ”la falta de planificación eléctrica”, se ha limitado a decir.
El memorando misterioso
El rechazo al denominado Proyecto Gama, que preveía ejecutar la planta junto a la Red Natura y el Camino de Santiago y fabricar 400.000 toneladas de celulosa soluble y 200.000 de fibras textiles sostenibles, ha encadenado protestas multitudinarias durante los últimos cuatro años. La lucha popular contra la fábrica se ha nutrido no solo del movimiento ecologista. Se han movilizado también las cofradías de pescadores por el temor al daño ambiental en el río Ulla, que desemboca en la marisquera ría de Arousa. El rechazo también caló entre los vecinos de la comarca de A Ulloa donde se pretendía levantar el complejo, ya que se trata de una zona con un fuerte sector agroganadero y turístico. Una treintena de asociaciones jacobeas y de albergues privados se posicionó también en contra.
Este malestar social llevó también al PSOE gallego a rechazar un proyecto industrial que concitó debate interno en el partido. Junto a las protestas ciudadanas, la oposición de los socialistas ha propiciado su caída en desgracia. Los promotores de la planta pretendían pagarla con 250 millones de ayudas de los fondos europeos, pero sus solicitudes ante el Gobierno de Pedro Sánchez fueron rechazadas. Este problema de financiación ha sido el argumento utilizado por el Ejecutivo socialista para denegarle a Greenfiber también la construcción de la subestación eléctrica que pidió.
El anuncio de la Xunta de que archivará el expediente de Altri ha desatado la euforia entre sus detractores, pero Patricia Coucheiro, portavoz de Ulloa Viva, aboga por celebrar “con cautela”. “Esto no se ha acabado”, remarca Juan Pedro Sánchez, presidente de Ulloa Viva. Los opositores a la planta ven un “margen de incertidumbre” ante una posible “reactivación” de la macrocelulosa dentro de unos años. Les “llama la atención” que la Consellería de Economía anticipe que archivará el expediente pese a que la empresa tiene tres meses para presentar alegaciones. “Forma parte de la complicidad entre la Xunta y la empresa que ya hemos visto en este tiempo”, señalan sus abogados en alusión al apoyo cerrado que recibió Altri primero del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo y posteriormente del de Rueda.
Otro de los flecos que deja la tramitación de Altri en Galicia tiene que ver con las posibles compensaciones que pueda exigir la empresa. Estando Feijóo en la presidencia, la Xunta firmó un “memorando de entendimiento” con la compañía lusa que se mantiene en secreto. El misterioso compromiso no lo firmó el Gobierno gallego directamente, sino a través de una firma público-privada llamada Impulsa que compartían la Administración autonómica (40%) y las empresas Abanca, Reganosa y Sogama. Esta sociedad se fundó para elegir proyectos industriales a los que destinar la lluvia de ayudas europeas que llegó con la pandemia y fue la que encargó a Altri la puesta en marcha de la planta en Palas de Rei (Lugo). Ahora, el Ejecutivo de Rueda se niega a desvelar el contenido del memorando pese a las exigencias de BNG y PSdeG-PSOE.
“Para nosotros es fundamental que ese memorando de entendimiento sea público”, apunta Juan Pedro Sánchez, presidente de la plataforma Ulloa Viva. Critica “el oscurantismo” que ha rodeado la tramitación de la fábrica e insiste: “Más allá del archivo, lo que necesitamos es que el proyecto se entierre. Ya le llevaremos flores”.
