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El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró que la Ley de Amnistía en debate se sustenta en aportes técnicos y jurídicos del Ministerio Público y del Poder Ciudadano, concebidos para dotar al instrumento de solidez institucional y apego al marco legal venezolano.
Durante su intervención, Saab explicó que ambas instancias han puesto su experiencia acumulada al servicio de una norma que no responde a intereses sectoriales, sino a la necesidad de crear condiciones estables para la convivencia política y la paz social en el país.
Destacó que el proyecto se plantea como un punto de encuentro entre actores con visiones distintas, al incorporar un enfoque inclusivo que reconoce la pluralidad del sistema político venezolano y busca reducir los factores de confrontación histórica.
En ese contexto, fue enfático al precisar el alcance de la iniciativa: «Es una Ley de Amnistía general para todos los factores políticos que hacen vida en la nación venezolana, no solo para un sector, tanto para el sector opositor como para el sector gubernamental, porque ese es el sentido de una Ley de Amnistía, una Ley de Amnistía general que reconcilie todos los factores políticos».
El titular del Ministerio Público señaló que el objetivo central es apartar definitivamente al país de escenarios de violencia y promover el entendimiento desde las instituciones, como vía para fortalecer la democracia y la estabilidad.
A su juicio, el compromiso del Poder Ciudadano con la reconciliación pretende marcar un precedente histórico, orientado a que las diferencias políticas se tramiten exclusivamente a través del debate democrático y no mediante la confrontación armada.
