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La Fiscalía del Tribunal de Apelación de París solicitó este martes que se condene a la líder ultraderechista Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos europeos, los mismos que en primera instancia, pero sin ejecución inmediata, así como a 4 de prisión, aunque solo uno de cumplimiento firme con brazalete electrónico, y 100.000 euros de multa.
Tras escuchar una requisitoria algo menos severa que su condena en primera instancia, al pedir los fiscales que la inhabilitación no sea inmediata y rebajar a solo un año la prisión firme con vigilancia electrónica, en vez de dos, Marine Le Pen abandonó el tribunal sin hacer declaraciones.
Posteriormente, expresó a BMFTVsu descontento: «Claramente, la Fiscalía (de Apelación) sigue la misma línea que la Fiscalía en primera instancia».
Aunque consideró que Le Pen fue «instigadora y amplificadora» de un sistema fraudulento puesto en marcha por su padre Jean-Marie, la Fiscalía del Tribunal de Apelación estimó hoy que no era necesario mantener la pena de inhabilitación inmediata, teniendo además en cuenta que la líder ultraderechista tiene una sola condena en su historial, por difamación, no por un asunto penal.
Una apreciación que valoró como «extremadamente positiva» el abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, pues supone que la Fiscalía ha tenido en cuenta la nueva línea de defensa de su clienta, que «ya no constituye criminalización ni riesgo de reincidencia».
Posibles escenarios para Marine Le Pen
Si el Tribunal, cuya sentencia se espera antes del verano, sigue el criterio de la Fiscalía, Le Pen podría presentarse a las elecciones presidenciales en 2027, en un momento en que la extrema derecha lidera las encuestas, si presentase un recurso en «casación», señaló a la prensa el abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve.
Le Pen podría aún optar a las presidenciales dependiendo de los plazos de la inhabilitación a la que sea condenada y si agota todas las vías judiciales de las que dispone, por lo que se abren varios escenarios y el único que cierra completamente la puerta a sus aspiraciones es que el tribunal confirme su pena de primera instancia, según varios analistas.
Junto con otras diez personas relacionadas con su partido, la Agrupación Nacional (RN), Le Pen había sido condenada en primera instancia, en marzo de 2025, por malversación de fondos públicos de la Eurocámara al haber utilizado asistentes parlamentarios para trabajar en el Frente Nacional (anterior denominación del RN), en vez de en el Parlamento Europeo.
La inhabilitación dictada entonces contra la dirigente fue de ejecución inmediata, lo que la dejaría fuera de la carrera por el Elíseo si la sentencia en apelación no lo evita.
Los dos fiscales que pronunciaron la larga requisitoria lanzaron duras críticas al esquema en el que participaron la veintena de condenados en primera instancia, la mitad de ellos actuales cargos del RN.
Aunque agradecieron el cambio de tono de Le Pen en apelación, el fiscal Thierry Ramonatxo consideró inadmisibles los «ataques mediatizados» en primera instancia a la institución judicial y citó las «amenazas explícitas de muerte» que sufrieron los magistrados que dictaron la condena.
«Un sistema pensado para desviar fondos públicos»
El fiscal afirmó que quedó demostrado durante el proceso en apelación que «había una organización fraudulenta con la meta de financiar» el Frente Nacional (hoy RN) que, en esa época, sufría graves problemas económicos. «Un sistema pensado para desviar fondos públicos despreciando las reglas de probidad y del funcionamiento de lo público», lamentó.
Recordó que el organismo afectado en primer lugar por este sistema, el Parlamento Europeo, está financiado por los impuestos, directa o indirectamente, de los franceses y del resto de ciudadanos de países miembros de la UE.
El otro abogado general de la requisitoria, Stéphane Madoz-Blanchet, criticó las prácticas de Marine Le Pen y aseguró que el hecho de ser una persona elegida por sufragio universal «no representa un refugio contra la ley, pero sí una máxima exigencia».
En primera instancia, los jueces consideraron probado que Le Pen había heredado de su padre un sistema de financiación ilegal de su partido, mediante el uso de fondos destinados a asistentes parlamentarios entre 2004 y 2016.
El perjuicio estimado para la Eurocámara fue de más de cuatro millones de euros.
En el juicio en apelación, Le Pen adoptó una estrategia de defensa basada en la involuntariedad y la buena fe. «Si he cometido un delito, no tenía el sentimiento de haberlo hecho», afirmó, argumentando que todas sus actuaciones fueron públicas y que la Eurocámara nunca les advirtió de posibles irregularidades.
