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En Venezuela se ha instalado una peligrosa narrativa: la de las supuestas “liberaciones” de presos políticos como gesto de distensión. Sin embargo, quienes han salido de los calabozos no han recuperado la libertad. Solo han cambiado de jaula. El régimen ha perfeccionado una modalidad perversa: excarcelar sin liberar, sacar a la calle sin devolver derechos, permitir respirar sin permitir vivir.
La mayoría de los presos políticos excarcelados permanecen bajo medidas cautelares arbitrarias: prohibición de salida del país, prohibición de declarar, limitaciones para ejercer actividades laborales o profesionales, obligación de presentación periódica ante organismos de seguridad. Estas condiciones los convierten en rehenes administrativosen ciudadanos bajo custodia permanente del Estado represor. Son, literalmente, carne de cañón para nuevas extorsiones, nuevas detenciones, nuevas venganzas, si en algún punto de control policial alguien decide “reactivar” su expediente.
No hay reinserción social posible cuando el Estado mantiene el control total sobre la vida del excarcelado. No hay libertad cuando el miedo sigue siendo el marco de existencia.
En este contexto, Delcy Rodríguez —la usurpadora— ha anunciado la posibilidad de una “ley de amnistía” desde una Asamblea Nacional igualmente usurpada. El anuncio no es inocente. Forma parte del manual histórico del régimen: enredar, dilatar, ganar tiemposimular concesiones para recomponer fuerzas. Ya conocemos el libreto.
Conviene entonces aclarar, con rigor jurídico, la diferencia entre los dos mecanismos que hoy se colocan sobre la mesa: el indulto y la amnistía.
El indultoprevisto en el artículo 236 numeral 19 de la Constitución, es una atribución del Ejecutivo. Puede perdonar la pena o su ejecución, pero no borra el delito. El indultado sigue siendo culpable ante el sistema, conserva antecedentes penales y queda jurídicamente marcado. Es una gracia, no una restitución de derechos.
La amnistíaen cambio, regulada en el artículo 236 ordinal 5°, tiene un efecto radicalmente distinto: extingue la acción penal y el delito mismo. Jurídicamente, es como si el hecho nunca hubiera existido. Elimina antecedentes, se aplica incluso a personas no sentenciadas y está diseñada para delitos políticos o relacionados. La amnistía no es una concesión: es un acto de reparación institucional.
Por eso resulta profundamente revelador —y alarmante— que uno de los “venenos” adelantados por Delcy Rodríguez sea la exclusión de los delitos de homicidio y crímenes de lesa humanidad. El régimen sabe exactamente lo que hace: más del 80 % de los presos políticos han sido inculpados falsamente por magnicidio o terrorismofiguras fabricadas para cerrar cualquier salida jurídica real. No se trata de justicia, sino de ingeniería represiva.
Pudieron anular juicios viciados, reconocer nulidades absolutas, restituir derechos de manera inmediata. No lo hicieron. Prefieren la táctica de siempre: administrar el conflicto, no resolverlo.
Desde el Programa de Organización Ciudadana (POC) y el Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI) insistimos en que el desmontaje del terrorismo de Estado no puede hacerse por partes ni con medidas cosméticas. Se requiere un programa sistémicointegral, coherente y sostenido en el tiempo.
Delcy Rodríguez anuncia el cierre del Helicoide, pero guarda silencio sobre la realidad más brutal: más de 100 centros de tortura en todo el paísmuchos de ellos clandestinos. Solo por citar algunos datos: Zulia (9), Caracas (11), Miranda (14), Bolívar (8), Táchira y Yaracuy (6), entre otros. Hay decenas más que aún desconocemos. El terrorismo de Estado no se reduce a un edificio emblemático; es una red nacional de represión.
El sector justicia del POC ya tiene adelantado el trabajo técnico para abrogar las leyes que sostienen el andamiaje represivoasí como para actuar contra las inhabilitaciones políticas que han sido usadas como arma de exclusión masiva. Pero somos conscientes de una verdad incómoda: este proceso tomará años. Y precisamente eso es lo que desea Delcy la “U”: cansar, desgastar, diluir la presión.
La presión internacional y la movilización interna han obligado al régimen a confesar verdades que antes ocultaba. Una de ellas es devastadora: el 68,8 % de los presos políticos son personas pobres. La represión no es solo política; es clasista. Y aunque gran parte de esta maquinaria fue diseñada por el Cartel de los Soles, no puede olvidarse que desde 2018 Delcy Rodríguez ha sido responsable directa de organismos de tortura como el SEBIN y la DGCIM.
Frente a este panorama, desde hace más de dos años se ha venido construyendo una plataforma social ampliacon el objetivo del restablecimiento de la Constitución de 1999, bajo el liderazgo de María Corina Machado. En ese espacio hemos trabajado con especialistas venezolanos y extranjeros para comprender con claridad el tipo de transición que estamos atravesando y, sobre todo, para formar cientos de facilitadores ciudadanos que hoy orientan, explican y organizan a la población mediante conversatorios presenciales y virtuales, dentro y fuera del país.
Hoy observamos cómo la sucesora del Cartel de los Soles comienza, de forma aislada y controlada, a restituir algunos derechos. No por convicción, sino por presión. Nuestra tarea es lograr que los aliados internacionales y los actores internos comprendan que no basta con gestos parciales: se requiere la restitución plena de los derechos básicos para que la organización social pueda existir sin persecución.
El instrumento por excelencia sigue siendo la movilización socialentendida en todas sus formas: conversatorios, denuncias, oración, protestas, acompañamiento ciudadano. Solo podremos avanzar hacia una rápida liberación política y civil si contamos con una dirección colegiada político-socialcon metas claras de corto y mediano plazo.
La amnistía verdadera —no la simulada— y el protagonismo de los líderes sociales son hoy los dos pilares de una transición real. Todo lo demás es dilación. Y Venezuela ya ha perdido demasiado tiempo.
Rafael Veloz García. Ex Pdte de la Federación Interamericana de Abogados. Diputado 2015. Coordinador del Programa de Organización Ciudadana, POC.
