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El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) discutió este 21 de enero la situación de los presos políticos en Venezuela y las distintas delegaciones pidieron por la libertad plena de todos los detenidos por su forma de pensar. Algunas de las delegaciones también solicitaron a las autoridades venezolanas permitir que una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visite in situ el país para constatar la situación.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, insistió en que urge que la CIDH visite Venezuela. “Le hago un llamado a las autoridades venezolanas para que permitan la visita”, dijo.
Ramdin también condenó que se sigan apresando personas por pensar de manera diferente y rechazó la represión. Aseguró que con estas condiciones “no hay negociación posible”.
En este sentido celebró las recientes excarcelaciones que se han dado en Venezuela, pero aseguró que “no es suficiente porque aún hay cientos de personas que están en las mazmorras”; por lo que exigió a las autoridades, a cargo de Delcy Rodríguez, representante del Ejecutivo, “acelerar la liberación y no solo por motivos de derechos humanitarios, sino por motivos políticos” y demostrar que “están listos para participar en un proceso que conduzca a la estabilidad política; esto sería una buena señal para la democracia”.
A juicio de Ramdin, el proceso de transición en el país debe “ser liderado por el pueblo venezolano y con el apoyo de los aliados, de los países hemisféricos”. También aseveró que la OEA está preparada “para asistir, construir puentes, facilitar acuerdos, monitorear procesos y ofrecer soluciones, incluyendo procesos electorales”.
Excarcelaciones para todos
Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Guatemala y otros países coincidieron en que todas las personas arrestadas arbitrariamente deben ser excarceladas, sin condicionamientos ni medidas restrictivas posteriores.
Perú exigió información completa, actualizada y verificable, así como garantías sobre su identidad física y psicológica y el respeto al debido proceso. También reclamó facilidades para la repatriación de extranjeros liberados en Venezuela.
Chile y Uruguay calificaron las detenciones arbitrarias como violaciones graves a los derechos humanos y argumentaron que no puede haber transición democrática con presos políticos, mientras que Paraguay alertó que muchas de las personas excarceladas siguen bajo arresto domiciliario u otras restricciones inaceptables.
República Dominicana denunció que aún hay más de 800 presos por motivos políticos en Venezuela, muchas incomunicadas, sin acceso a información pública sobre sus casos ni garantías procesales.
Argentina condenó la liberación “por goteo” y la falta de información oficial, que aseguró “profundiza el sufrimiento de las familias”. Al mismo tiempo urgió la excarcelación de Nahuel Gallo y pidió una lista oficial de los presos políticos. Para este país es imperativo que se den las libertades para que a Venezuela retorne la democracia.
Visita de la CIDH
Otros de los puntos de mayor coincidencia de los Estados fue el llamado a las autoridades venezolanas, encabezadas en la actualidad por Delcy Rodríguez, para que autorice una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Paraguay recordó que este acceso se solicitó en 2025, sin obtener respuesta, y Guatemala consideró indispensable que el organismo constate directamente las violaciones de DD HH y verifique las condiciones de detención.
La última vez que la CIDH visitó Venezuela fue en 2002.
Colombia también manifestó su respaldo a una visita de la CIDH “bajo términos mutuamente acordados”, con la intención de evaluar la situación de derechos humanos y formular recomendaciones. Este país también exhortó a Venezuela a retornar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Estados Unidos, República Dominicana y Argentina también respaldaron explícitamente este mecanismo, señalando que la verificación independiente es clave para garantizar transparencia y confianza.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en voz de la relatora sobre Venezuela Gloria Monique de Mees, presentó un diagnóstico sobre Venezuela. Indicó que la situación no se trata de hechos aislados, sino de un patrón persistente y sistemático de persecución política, mediante el uso del derecho penal para silenciar a quienes disienten.
La CIDH también denunció la falta de independencia judicial, las detenciones prolongadas, audiencias diferidas indefinidamente, obstáculos para la defensa privada, así como condiciones de detenciones degradantes; incluyendo torturas, aislamiento, falta de atención médica, restricciones a visitas y desapariciones forzadas.
De acuerdo con los datos del Foro Penal, compartidos por la comisión, para el 19 de enero en Venezuela había alrededor de 800 presos políticos y solo habían podido confirmar 143 excarcelaciones. Desde 2014 denuncian que han habido más de 18.700 apresados por razones políticas.
“La dignidad humana no puede ser suspendida ni negociada”, reiteró la CIDH, al exigir la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, tanto nacionales como extranjeros, en Venezuela.
