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La comunicadora social Marifer Lucía Guzmán Chacín admitió estar incursa en el delito de promoción o incitación al odio y en consecuencia el Tribunal Primero de Control de Anzoátegui le impuso una pena de 6 años y 8 meses de prisión, según fuentes judiciales.
El referido delito está contemplado en la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, donde se prevé una pena de 10 a 20 años de prisión. En este caso, la acusada Guzmán Chacín admitió su participación en los hechos investigados por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público y, en consecuencia, el Tribunal Primero de Control la condenó a 10 años; pero, al aplicarle la rebaja que ordena el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal, la sanción le quedó en 6 años y 8 meses de prisión, explicó la fuente.
La investigación tiene su origen en la denuncia interpuesta contra la comunicadora social el día 20 de enero de 2025 ante el Servicio de Investigación Penal de la Policía Bolivariana del estado Anzoátegui.
El denunciante refiere que Marifer Lucía Guzmán Chacín laboró como comunicadora social en la Gobernación de Anzoátegui desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024, debido a que su contrato no fue renovado.
Luego de fenecido ese contrato, Guzmán Chacín se dedicó a crear contenidos que, en criterio del denunciante, ofendían y desprestigiaban a la Gobernación de Anzoátegui, específicamente al Instituto de Cultura. Dichos contenidos eran subidos a las redes sociales por la aludida comunicadora social.
A partir de esa denuncia, Guzmán Chacín fue detenida y presentada ante el Tribunal 1 de Control de Anzoátegui el 10 de febrero de 2025, día en que la imputaron y le decretaron privativa de libertad, por la presunta comisión del delito de Promoción o Incitación al Odio.
Posteriormente, el 27 de marzo de 2025, la Fiscalía Sexta del Ministerio Público solicitó abrir un juicio contra Guzmán Chacín. A los pocos días, el citado tribunal celebró la audiencia preliminar para debatir si ordenaba o no el pase a juicio contra la comunicadora social, tal como lo había solicitado el Ministerio Público. Pero en esa misma audiencia, el juez le preguntó a la acusada si deseaba admitir los hechos; ella respondió que sí y en consecuencia le impuso la condena de 6 años y 8 meses de prisión, manteniéndose la medida privativa judicial preventiva de libertad.
Luego, el 30 de mayo de 2025, el expediente ingresó al Tribunal de Ejecución N 2 y desde esta misma fecha se ejecuta la sentencia condenatoria.
