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Se endurece y recrudece la campaña mediática, política, estratégica y delictiva contra Venezuela y los venezolanos. No es novedad. Desde nuestra Guerra de Independencia sufrimos intervenciones. En El pensamiento del Libertador: Economía y Sociedad esbocé un catálogo de las primeras. Durante la contienda contrabandearon armas para los realistas; sembraron de espías Nuestra América para controlar y sabotear los esfuerzos unitarios de la Gran Colombia; se opusieron abiertamente al Congreso Anfictiónico de Panamá. Por algo Bolívar consignó en 1819 que “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias en nombre de la libertad”.
Citemos ahora las más notorias y recientes. Por ejemplo, la abierta participación estadounidense en el golpe del 11 de abril de 2002. La calificación de Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” por Barack Obama en decreto del 6 de marzo de 2016. El reconocimiento del delincuente Guaidó como presidente autoelegido, con el consiguiente pillaje de los bienes de la República en el exterior. El cúmulo de más de un millar de medidas coercitivas unilaterales destinadas a plagar de miserias a los venezolanos con la esperanza de forzarlos a deponer las autoridades que eligieron.
Todas culminan en el vandalismo de cercar las aguas territoriales de Venezuela con acorazados, portaaviones, cazabombarderos y submarinos nucleares, aniquilar lanchas y tripulantes desarmados y abordar tanqueros, pillar su carga de petróleo venezolano, y excusarlo el 19 de diciembre de 2025 en el programa de Trump hacia nuestro país: quedarse con “todo el petróleo, las tierras y los activos que nos robaron”.
Postula el sicoanálisis que por el mecanismo de proyección atribuimos a otros nuestras ambiciones ocultas. Decir que los venezolanos “robaron” a Trump “el petróleo, las tierras y los activos de Venezuela” es poner al descubierto capas profundas de la mente de un delincuente, cuyo único instinto es considerar suyo lo ajeno. Es aplicación del proyecto National Security Strategy de noviembre de 2025, según el cual América Latina y el Caribe debe quedar reducida a sarta de colonias sin soberanía ni autodeterminación, sin el menor derecho con respecto a la metrópoli, obligadas a perseguir las organizaciones que Estados Unidos considere ilegales, con políticas migratorias, propiedades de activos, recursos, cadenas de abastecimiento y locaciones claves a disposición de los intereses y deseos estadounidenses.
¿Habráse visto jamás tal prepotencia, apenas matizada con ignorancia? Aclaremos. Las tierras, activos y riquezas de Venezuela pertenecen a quienes la habitamos desde tiempos inmemoriales. Para los pobladores originarios todo pertenecía a todos, hasta que los conquistadores impusieron propiedad privada sobre la superficie de algunas tierras. La Corona, sin embargo, reservó para el Estado la propiedad del subsuelo y sus riquezas. Este régimen pasó automáticamente a la Patria naciente, como reconoce el Libertador en decreto dado en Quito el 24 de octubre de 1829, según el cual “las minas de cualquier clase pertenecen a la República”.
Confirmar tal derecho requirió una Guerra de Independencia en la cual se sacrificó cerca de la tercera parte de la población. Es el régimen que desde entonces repiten todas nuestras constituciones y buena parte de las de América Latina y el Caribe. Dicho sistema es diametralmente opuesto al anglosajón, que atribuye la propiedad del subsuelo al dueño de la superficie.
La explotación –y no la propiedad- de algunas riquezas minerales puede ser otorgada en concesión discrecionalmente por el Estado a particulares, sólo por tiempo limitado, y bajo la condición de respetar el ordenamiento jurídico y cancelar los impuestos que éste sancione. Así, las concesiones para explotar yacimientos petrolíferos fueron otorgadas por Juan Vicente Gómez a testaferros, quienes las transfirieron a compañías extranjeras a cambio de jugosas comisiones. Las petroleras gozaron de tantas prebendas y exenciones tributarias que, según demostró el ministro de Hacienda Gumersindo Torres, hubiera sido más lucrativo regalarles el petróleo y cobrarles sólo los exonerados impuestos de importación.
Nuestra industria petrolera se construyó fundamentalmente con el trabajo de obreros venezolanos, cuyas condiciones y remuneraciones fueron en las primeras décadas tan miserables que detonaron la histórica huelga de 1936.
En 1943, bajo la presidencia de Isaías Medina Angarita, la Ley de Hidrocarburos sistematizó el régimen de concesiones petrolíferas y dispuso que su duración no podía exceder de cuarenta años, cumplidos los cuales revertirían sin costo alguno a la Nación todos los equipos e infraestructuras dedicadas a dicha explotación. La llamada nacionalización petrolera de Carlos Andrés Pérez en 1976 en realidad pagó a las empresas extranjeras espléndidas indemnizaciones por lo que debía regresar al patrimonio nacional gratuitamente en 1983.
Desde el inicio de la gran explotación petrolera en 1914, la conducta de las compañías foráneas con respecto al país sólo puede ser caracterizada como ininterrumpido latrocinio fiscal y tributario. Hacia 1967 revisé los voluminosos expedientes de los reparos formulados a sus declaraciones de rentas. Entre infinidad de otros fraudes y triquiñuelas, declaraban como precio del petróleo exportado el de su ficticia “venta” por céntimos a sus propias casas matrices, las cuales lo revendían afuera a las muy elevadas cotizaciones del mercado mundial. A pesar de que tal estafa fue reprobada por sentencias firmes de la Corte Suprema de Justicia de la época, el gobierno de Leoni “transó” por cantidad irrisoria lo que se nos debía por décadas de fraudes, aunque la transacción no es constitucionalmente posible en materia de interés público nacional.
Todas las flotas, amenazas y robos del mundo no pueden cambiar estas verdades. Quienes han robado “el petróleo, las tierras y los activos” de Venezuela no han sido los venezolanos, sino consorcios extranjeros dirigidos por magnates que nunca han pisado nuestro territorio. Hoy intentan culminar ese pillaje. Detengámoslo.
