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La indignación y el rechazo que ha provocado el escándalo del hospital de Torrejón ha obligado a pronunciarse este viernes a Isabel Díaz Ayuso, que había pasado 48 horas sin hablar de un asunto que le compete en primera persona. La presidenta de Madrid se mantuvo en silencio sobre un tema del que habló con contundencia hasta el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
“Cualquier mala práctica será erradicada con contundencia, con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, pero con responsabilidad”, ha dicho Ayuso sobre los audios, revelados por EL PAÍS, en los que Pablo Gallart —el CEO de la empresa Ribera Salud, la gestora del hospital— ordenó a los directivos del hospital público subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio económico.
Ayuso, no obstante, ha querido defender el modelo sanitario de su Gobierno en Madrid, a menudo blanco de las críticas de los profesionales, los usuarios y la oposición por su planteamiento de que sean actores privados los que gestionen centros públicos. “Tenemos unos grandes profesionales como en el hospital de Torrejón para quienes pido la máxima confianza y ni ellos ni ningún paciente será tratado por negocio ni por ningún otro interés. No dudaremos, llegado el caso, en actuar con esa contundencia desde la Comunidad de Madrid”, ha afirmado.
Cuatro directivos que denunciaron en el canal ético del hospital de Torrejón, sin embargo, enumeraron las instrucciones que Gallart dio y otras que, aseguran en esos escritos, se recibieron con posterioridad, como dar prioridad a pacientes “No cápita” ―aquellos que no tienen asignado por defecto el hospital, pero que piden ser atendidos en él― rentables, relegando la atención a los no rentables.
La Comunidad de Madrid ha inyectado 88 millones de euros adicionales en los últimos cinco años a Ribera Salud para la gestión del hospital, a los que se suman un rescate de otros 32,7 millones en julio para que el grupo pudiera hacer frente a las deudas adquiridas en el hospital de Torrejón, que en 2022 alcanzaba los 124 millones de euros.
Un portavoz autonómico justificó entonces que este abono extraordinario se debía a la necesidad de un reequilibrio del contrato por gastos no contemplados al inicio, como el gran gasto farmacéutico. Es, precisamente, uno de los gastos que Gallart pidió a sus mandos revisar: “La actividad que lleva pareja temas de farmacia es posible que no nos interese. No sé, hay muchísimas teclas que podemos tocar”.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, se pronunció antes que la presidenta madrileña. Fue este jueves: “Me alegro de que haya sido cesado”, subrayó en un acto en Don Benito (Badajoz). “Ese tipo de manifestaciones y de conductas son contrarias a los principios básicos que debe regir a la sanidad de nuestro país”, añadió.
Isa Serra, coordinadora autonómica de Podemos en Madrid, ha acudido este viernes a una concentración convocada en Madrid para protestar contra las prácticas de Ribera Salud reveladas por este periódico. Allí, ha asegurado que esta misma mañana su grupo ha presentado una querella en el Juzgado de Instrucción de Torrejón contra el gerente del hospital y contra la empresa. “Entre otras cuestiones por la utilización desleal de fondos públicos, prevaricación, posibles lesiones, coacciones a los propios trabajadores y denegación de las prestaciones sanitarias”, ha explicado. Y ha añadido: “Esperemos que se haga justicia contra lo que es un atentado grave contra la salud pública. La ciudadanía está cansada de ver cómo nos están robando la sanidad pública. Hay que movilizarse porque Ayuso y sus amigos de Ribera y Quirón no van a parar”.
