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El 18 de noviembre María Corina Machado publicó un escueto texto titulado “Manifiesto de la Libertad” (de hecho firmado el 9 de noviembre). El post en X afirma que tiene dos destinatarios: los venezolanos y “nuestro presidente” Edmundo González Urrutia. El primer destinatario era obvio. El manifiesto pretende aclarar los principios doctrinales del potencial proyecto político de Machado para una Venezuela post-Maduro. El segundo destinatario, sin embargo, es más turbio. El gesto de exponer estos principios a quien podría ser el próximo presidente es también un esfuerzo por reafirmar que la voz principal de ese futuro gobierno no será del presidente, sino de Machado. También es una forma de despojar preventivamente a González Urrutia del poder que podría ejercer en la presidencia, lo cual es fundamental en una transición.
El manifiesto tiene un problema ideológico fundamental: parte del supuesto de que existen derechos naturales. Esta idea se gestó en el pensamiento liberal durante la transición de la Edad Media a la Modernidad, especialmente en el liberalismo anglosajón, del que Machado bebe, con algunas modificaciones. Dice que existen derechos inherentes a la condición humana, de los cuales se derivan supuestos sobre un buen gobierno, un buen Estado, una buena ley y una buena vida.
Machado habla de “derechos eternos que le han sido otorgados a todo ser humano”, que “la voluntad de trabajar, crear y contribuir al bien común nace de la dignidad” y que “la libertad no es un privilegio otorgado por el Estado, sino un derecho inherente a la naturaleza misma de la humanidad”, concluyendo que “todo venezolano nace con derechos inalienables otorgados por nuestro Creador, no por los hombres”.
La trampa de los derechos “naturales”
Esta concepción de los derechos naturales borra el hecho de que, en el mundo real, los derechos son producidos por los seres humanos, no por la naturaleza o Dios. Aunque Machado afirma que “ningún régimen, sistema político o tiranía tiene el poder de quitarnos lo que es divinamente nuestro: el derecho a vivir con dignidad, hablar libremente, crear, soñar y prosperar como individuos”, los últimos años bajo Maduro demuestran que una tiranía de hecho puede anular derechos, como puede suceder en cualquier parte del mundo. En última instancia, todo derecho depende de la existencia de una comunidad política capaz de reconocerlos y defenderlos: una comunidad que, en los tiempos modernos, remite al Estado, que, así como los consagra, también puede violarlos. Sin Estado no hay derecho alguno.
La biología no produce nuestros derechos y, respecto a la naturaleza humana, filósofos como Thomas Hobbes afirman que es intrínsecamente violenta, mientras que Jean-Jacques Rousseau dice que es intrínsecamente benévola y que la sociedad la corrompe. Apelar al Creador tampoco contradice la realidad política de todo derecho.
Cuando Machado habla de “devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos, al sector privado”, ¿está diciendo que los ciudadanos equivalen al sector privado? ¿La ciudadanía sólo se ejerce en el ámbito privado?
Nadie tiene derechos fuera de un estado. Eso lo sabemos los venezolanos. Lo aprendimos en la región del Darién, fuera de los límites de cualquier legalidad, y dentro de Venezuela, donde no hay ningún recurso real para restaurar estos derechos excepto la lucha por recuperar el poder político. Organismos supranacionales como la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o las Naciones Unidas carecen de poder político sobre el Estado venezolano, y no tienen capacidad para garantizar que no se violen nuestros derechos, por naturales o fundamentales que sean.
No podemos saber si Machado es consciente de este tedioso problema de filosofía política, pero ciertamente le resulta útil afirmar que estos derechos son naturales, porque es políticamente eficaz. De hecho, podemos esperar que la destrucción económica, la violencia política generalizada, el éxodo masivo y la destrucción del tejido social venezolano hayan estimulado valores de “derecha” o “liberales”. Machado habla de este sentido común y hace que el Manifiesto resuene con ideas que, lejos de ser innatas, se han arraigado gradualmente en el sentimiento popular.
Hay derechos más obvios que proclamar: la libertad de expresión, el derecho al voto, el derecho a la libertad de reunión y el derecho a estar a salvo del crimen y la violencia estatal. Y aclaremos aquí: reconocer que no son derechos naturales no es oponerse a ellos, sino reconocer que su única garantía es la propia acción y organización comunitaria de un pueblo organizado como Estado. Cuando Machado habla de “devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos, al sector privado”, ¿está diciendo que los ciudadanos equivalen al sector privado? ¿La ciudadanía sólo se ejerce en el ámbito privado?
La tradición neoliberal, desde la Sociedad Mont Pelerin hasta pensadores como Von Mises, Hayek y Friedman, sostiene que la verdadera libertad es la económica y que cualquier interferencia con la propiedad privada o el mercado es una violación de los derechos naturales. “Cuando el Estado pone su mano dura sobre el mercado, ahoga el espíritu humano que da vitalidad genuina al crecimiento”, afirma Machado, sin darse cuenta ni admitir que el manifiesto contiene una contradicción problemática para la futura democracia venezolana.
Un manifiesto creado para autodestruirse
Machado habla de un Estado limitado a crear “las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva”. En el ideal neoliberal, el Estado es un mero administrador de la ley y debe actuar de manera predecible y calculable para los actores económicos, restringiendo toda interferencia “arbitraria”. Este ideal, sin embargo, es antidemocrático: en una sociedad de ciudadanos –que no son sólo seres económicos, sino también seres sociales y políticos– donde el derecho al voto es también un derecho “natural”, como dice Machado, y “las calles son del pueblo”, los venezolanos nunca pueden ser privados de su voz respecto de sus derechos sociales, económicos y políticos.
La tensión en su Manifiesto radica en reconocer qué libertad es verdaderamente primordial: la económica o la política, la libertad del mercado sobre la democracia o la libertad de la democracia sobre el mercado.
Hoy, la idea de recuperar el sector privado del sector público y el mercado del Estado puede “parecer natural”. Sin embargo, cuando empecemos a discutir, por ejemplo, cómo proteger la biosfera venezolana de la catástrofe ambiental generada por el chavismo, encontraremos que todas las propuestas implicarán restringir la economía libre. Lo mismo podría decirse del objetivo de Machado de lograr un “pueblo autosuficiente”, una promesa de autarquía que es antitética al libre mercado, donde sólo las intervenciones económicas del Estado han logrado producir situaciones de casi pleno empleo (tanto en América Latina como en Occidente en general).
Incluso la bandera misma de soberanía, independencia y desarrollo nacional es la antítesis del libre mercado sin restricciones. Augusto Pinochet, el mejor alumno de la Escuela de Chicago, no abolió el impuesto del 10% a las exportaciones de cobre porque necesitaba esos ingresos estatales para financiar sus Fuerzas Armadas. Ronald Reagan, en su mayor ofensiva contra el Estado de Bienestar estadounidense, no detuvo ni un segundo las inversiones en la industria militar, con los efectos keynesianos que ello conllevaba, porque dar marcha atrás en ese punto era un riesgo para la seguridad nacional. La FANB poschavista también exigirá restricciones a las políticas de libre mercado para proteger la soberanía y la burocracia militar.
El Estado que Machado imagina en este Manifiesto de la Libertad no es el que será posible en la era post-Chávez. Tampoco es un Estado que pueda lograrse plenamente en una democracia. La tensión en su Manifiesto radica en reconocer qué libertad es verdaderamente primordial: la económica o la política, la libertad del mercado sobre la democracia o la libertad de la democracia sobre el mercado.
Esto requiere considerar seriamente el papel del Estado en el futuro de Venezuela, sin fobias antichavistas ni dogmas neoliberales. Requiere reconocer que sin el Estado no hay derechos, del mismo modo que un Estado por sí solo es insuficiente para garantizar esos derechos.
