Últimas noticias de última hora Portal de noticias en línea
El Foro Penal publicó un nuevo balance sobre los presos políticos en Venezuela. La organización no gubernamental (ONG) precisó que, hasta el 10 de noviembre, en el país hay 882 personas privadas de libertad por motivos políticos.
- Los presos extranjeros
- Aumento de detenciones sin información oficial
De acuerdo con el reporte publicado el 13 de noviembre, de ese total, 116 son mujeres y 766 hombres. Asimismo, 709 de los detenidos son civiles y 173 militares.
Por otro lado, el Foro Penal mencionó que 878 de los presos políticos son adultos y que aún hay cuatro adolescentes arrestados por esta condición.
También se reportaron dos excarcelaciones; 158 personas fueron condenadas y 724 no cuentan con una medida cautelar.
El 8 de noviembre, la ONG informó que en el país había 884 presos políticosde los cuales 85 tienen otra ciudadanía o doble nacionalidad.
Los extranjeros o personas con doble nacionalidad detenidos en Venezuela corresponden a:
- Alemania – 2
- Argentina – 3
- República Checa – 1
- chile – 1
- Chipre – 1
- colombia – 21
- Cuba – 1
- Ecuador – 2
- Líbano – 1
- Pakistán – 1
- España – 19
- Francia – 2
- Guayana – 1
- Países Bajos – 3
- Hungría – 2
- Honduras – 3
- Irán/Irlanda – 1
- Irán – 1
- Italia – 7
- Panamá – 1
- Perú – 1
- Polonia/Ucrania – 1
- Portugal/Venezuela – 5
- Rumania – 1
- Ucrania – 2
Aumento de detenciones sin información oficial
El 3 de noviembre, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió sobre el aumento de las detenciones en Venezuela “sin información pública suficiente” sobre los casos, lo que consideró un “escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada” debido a esta “opacidad” y a la “negación del acceso a asistencia legal” que, asegura, existe en el país.
En su cuenta de X, la organización indicó que, durante la semana del 27 de octubre, se evidenció “un preocupante aumento de detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado en distintas regiones del país”sin que se informe, añadió, sobre las “circunstancias o el paradero de las personas privadas de libertad”.
En este contexto, afirmó que esta situación constituye una “violación directa de los derechos fundamentales de las personas afectadas”en particular del derecho a la libertad personal, al debido proceso y a la integridad física y moral, así como del derecho de sus familiares a conocer la verdad sobre su paradero.
Por tanto, exigió a las autoridades venezolanas garantizar información inmediata y veraz sobre la identidad, el paradero y la situación jurídica de todas las personas detenidas, así como el acceso irrestricto a abogados de confianza y la posibilidad de comunicarse con sus familiares, tal como establece la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado.
