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En medio de las sanciones y la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, el gobierno de Nicolás Maduro ha reactivado la producción de carbón en el occidente del país con apoyo de una empresa turca, con la meta de exportar más de 10 millones de toneladas en 2025.
Según informó la agencia Reuters, la compañía estatal Carbozulia reanudó sus operaciones en dos minas -Paso Diablo y Mina Norte- a finales de diciembre de 2024, tras varios años de paralización. La reactivación se realiza a través de una empresa mixta denominada Carboturven, conformada entre Carbozulia y la firma turca Glenmore Dis Ticaret Ve Madencilik AS, creada en 2018.
De acuerdo con cinco fuentes internas de la empresa citadas por Reuters, la producción de carbón alcanzó los tres millones de toneladas en el primer trimestre de 2025, lo que coloca a Venezuela en camino de superar los niveles registrados a comienzos de la década de 2000, cuando la producción anual rondaba los ocho millones de toneladas.
El presidente Nicolás Maduro ha presentado este repunte como parte del esfuerzo por diversificar la economía venezolana. “Es hora de unir fuerzas en la construcción de un país próspero”, declaró a inicios de año, al asegurar que el impulso al carbón acelerará el crecimiento económico.
Carbón de Turquía a Europa
El gobierno ha promovido un supuesto crecimiento del 8,7% en el tercer trimestre de 2025, pese a que -según la misma agencia- muchas empresas internacionales abandonaron el país y la inflación podría alcanzar cerca del 200% al cierre del año. En contraste con el petróleo, el carbón no está sujeto a sanciones estadounidenses, lo que ha facilitado su exportación hacia Turquía y, desde allí, a otros mercados europeos.
Un trabajador de la mina Paso Diablo, citado por Reuters bajo condición de anonimato, afirmó que Venezuela suministra el carbón crudo a Turquía, “que lo vende en otras partes de Europa”. Según dijo, el objetivo de Carboturven es alcanzar la exportación de 10 millones de toneladas métricas anuales.
Sin embargo, las operaciones se vieron interrumpidas la última semana debido a los recientes ataques militares estadounidenses a barcos en el Caribe, lo que obligó a suspender las exportaciones y detener temporalmente la producción por falta de espacio de almacenamiento.
Ni el Gobierno venezolano ni Carbozulia respondieron a las reiteradas solicitudes de comentarios hechas por Reuters. La agencia tampoco logró contactar directamente a Carboturven ni a su socio turco.
De acuerdo con el rastreador comercial Import Genius, Glenmore figura como exportador de carbón bituminoso desde Palmarejo, en el estado Zulia.
Mientras el gobierno presenta el auge del carbón como símbolo de recuperación económica, organizaciones ambientalistas y comunidades locales alertan sobre las consecuencias sociales y ecológicas de la expansión minera.
La organización Sociedad Homo et Natura, junto con líderes indígenas, denunció que las minas están liberando sulfato, plomo, cadmio, cianuro y mercurio al río Guasare, principal fuente de agua en la región. “Están tratando de apoderarse de todo lo que pueden”, declaró a Reuters Lusbi Portillo, coordinador del grupo y reconocido líder indígena wayuu.
Según las oenegés, al menos 12 comunidades indígenas y rurales han sido desplazadas por las actividades mineras en los últimos años, y temen que más sean afectadas ante la expansión del sector.
Un documento interno de Carbozulia, revisado por Reuters, incluye medidas de mitigación ambiental -como sistemas de supresión de polvo, tratamiento de escorrentías y controles de emisiones-, aunque las fuentes consultadas aseguran que no se aplican en la práctica.
“Antes había monitores instalados en cada comunidad para medir la contaminación, pero ya no están operativos”, afirmó un trabajador de Paso Diablo, quien advirtió sobre la falta de fiscalización ambiental en las minas.
Residentes de zonas aledañas han denunciado que el polvo de carbón está dañando sus cultivos, el agua y sus viviendas. “Ya no se puede vivir aquí. Tenemos carbón en las plantas, en nuestras casas, en nuestra ropa y en el agua, y no nos beneficia en absoluto”, relató a Reuters una habitante de la comunidad cercana a Paso Diablo, que pidió mantener el anonimato por temor a represalias.
Otro residente indígena de La Guajira describió cómo la contaminación afecta la cría de animales, vital para su supervivencia. “Vivimos en extrema pobreza rodeados de la riqueza carbonífera”, expresó.
Mientras el gobierno de Maduro insiste en que la minería de carbón contribuirá a la “prosperidad nacional”, las denuncias de contaminación y desplazamiento plantean un dilema entre la necesidad de ingresos y el deterioro ambiental de una de las regiones más vulnerables del país.
