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El Consejo de Ministros ha puesto en marcha el anteproyecto que permitirá que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, tras el aval del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se trata de una operación de gran calado que afecta al grueso del régimen común y que inicia ahora su recorrido normativo.
La medida es voluntaria para cada gobierno regional y se articulará mediante convenios bilaterales. Abarca pasivos con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y parte de la deuda bancaria, con una condonación media cercana al 19% y un reparto en gran medida ligado al criterio de población ajustada.
Cómo funciona la condonación y el papel del FLA
Condonar en este contexto implica que la deuda que hoy soportan los territorios pasa a contabilizarse a nivel estatalaliviando sus cargas financieras y reordenando los vencimientos bajo la tutela del Tesoro.
El FLA, creado en 2012 como vía extraordinaria de liquidez para autonomías con dificultades de financiación, es una de las piezas centrales del esquema. La operación también prevé asumir una parte de la deuda con entidades privadas mediante subrogación, siempre que el acreedor dé su consentimiento.
El procedimiento varía según cada caso: si la comunidad no tiene FLA, deberá detallar su cartera con terceros para que el Estado, con autorización del acreedor, asuma esos préstamos. Si sí tiene FLA, la cancelación se efectuará por orden de antigüedadpriorizando los tramos más antiguos y avanzando después hacia los más recientes.
De acuerdo con el diseño presentado, el reparto toma como referencia la población ajustada para aproximadamente el 75% del volumen, con el objetivo declarado de evitar agravios entre territorios con estructuras demográficas y de gasto diferentes.
La propuesta no alcanza a los territorios forales, Euskadi y Navarrafuera del régimen común. Ambos han manifestado su intención de explorar compensaciones en el marco de sus sistemas específicos.
Impacto financiero, reparto territorial y reacciones
Hacienda estima que la operación reducirá el coste financiero agregado, con un ahorro de intereses entre 6.600 y 6.700 millones en los presupuestos autonómicos. La AIReF, no obstante, advierte de que dicho ahorro no abre margen adicional de gasto por la vigencia de la regla de gasto, aunque sí mejora la posición para financiarse y volver a los mercados en mejores condiciones.
En cifras absolutas, el mayor volumen lo concentran Andalucía y Cataluñaque suman más del 43% del total. Según los datos difundidos, Andalucía rondaría los 18.791 millones y Cataluña unos 17.104 millones, seguidas por la Comunitat Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha.
- Comunitat Valenciana: en torno a 11.210 millones
- Madrid: cerca de 8.644 millones
- Castilla-La Mancha: alrededor de 4.927 millones
- Galicia: unos 4.010 millones
- Castilla y León: aproximadamente 3.643 millones
- Murcia: cerca de 3.318 millones
- Canarias: en torno a 3.259 millones
- Aragón: unos 2.124 millones
- Baleares: alrededor de 1.741 millones
- Extremadura: unos 1.718 millones
- Cantabria: cerca de 809 millones
- La Rioja: alrededor de 448 millones
El Ministerio subraya que la medida no privilegia a ningún territorio y que el grueso del importe (cerca de 60.000 millones) corresponde a comunidades gobernadas por el PP. En términos relativos, distintas fuentes sitúan a Canarias entre las más beneficiadas por porcentaje, mientras que por habitante destaca la Comunidad valenciana.
El rechazo político ha sido notable en varias autonomías del PP, que hablan de “operación política” y anuncian batalla institucional y judicial. Posiciones como las de Ester Muñoz en el Congreso, o las de Fernando Clavijo y Diego Calvo en el ámbito autonómico, marcan un frente crítico que, en algunos casos, no ha aclarado si finalmente se acogerá o no a la quita.
Desde la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha cuestionado la medida, aunque sin concretar si renunciará a acogerse. En paralelo, el Gobierno cree que, pese a la dialéctica, las comunidades que critican la iniciativa terminarán firmando por el alivio financiero que conlleva.
En cuanto a plazos, el texto pasa a audiencia pública para recoger aportaciones autonómicas. El Ejecutivo prevé enviar la norma al Congreso en las próximas semanas y aspira a una aprobación final tras el trámite parlamentario, que incluirá enmiendas y podría ajustar el diseño técnico.
El debate se mueve entre el alivio financierola equidad territorial y el impacto presupuestario real. La clave, para muchos analistas, será cómo se combine la reducción de intereses con las reglas fiscales vigentes y la capacidad de las comunidades para retomar financiación ordinaria en los mercados.
Con el anteproyecto ya en marchalos próximos meses dirán si el consenso político acompaña a una operación que pretende reequilibrar cargas, ordenar pasivos y dar oxígeno a las cuentas autonómicas sin alterar el marco fiscal que limita el crecimiento del gasto.
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