

La presidenta peruana Dina Boluarte desoyó el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y promulgó una ley que otorga amnistía a militares, policías y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000), que dejó cientos de miles de víctimas, la mayoría civiles. Organizaciones denuncian que la medida “traiciona” a las víctimas y blinda a unos 900 uniformados, incluidos altos mandos.
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