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El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo régimen para ordenar cómo se conservan, administran y disponen los bienes incautados en causas penales y de extinción de dominio. La medida, instrumentada vía DNU 575/2025, concentra estas funciones en el Ministerio de Justicia con el objetivo de ganar eficiencia, evitar pérdidas de valor y asegurar una trazabilidad completa.
Según el texto oficial, la prioridad será reinvertir el valor de los activos en políticas públicascon énfasis en la reparación de las víctimas y el fortalecimiento del sistema de justicia y de seguridad. El esquema incorpora un inventario público y limita los aranceles por enajenación al 5% del valor del bienpara maximizar los recursos destinados a fines sociales.
Qué cambia en la gestión de los bienes incautados
El decreto establece que Justicia será responsable de la custodia y administración de los activos cautelados y recuperados en procesos penales de la justicia nacional y federal, y en procedimientos de extinción de dominio. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) queda a cargo exclusivamente de la venta o concesión para la explotación comercial.
Además, se crea el Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacionalun órgano colegiado dentro de Justicia que coordinará con otros organismos, evaluará el destino de los activos y supervisará el uso de los recursos para garantizar legalidad, control y transparencia.
Para reforzar el seguimiento, se implementará un inventario público y actualizado que documentará el recorrido de cada bien desde su incautación hasta su venta, reasignación o baja. Este registro busca facilitar el control ciudadano y mejorar la rendición de cuentas.
El Consejo de la Magistratura deberá relevar los bienes actualmente bajo custodia judicial y remitir el detalle a Justicia en un plazo improrrogable, de modo que se unifiquen criterios y procedimientos en toda la administración pública nacional.
También se prevé la transferencia al Ministerio de Justicia de los activos que hoy administra la AABE y que se encuentren alcanzados por el régimen, con coordinación interinstitucional y plazos definidos para no demorar su puesta a disposición.
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Reparto de los fondos y prioridades de destino
El producido de las ventas y otros ingresos asociados a los bienes recuperados se distribuirá conforme a una escala que prioriza la reparación de las víctimas y, posteriormente, el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia y seguridad.
Entre los destinatarios figuran el Poder Judicial de la Naciónel Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensalas fuerzas de seguridad, la Unidad de Información Financiera (UIF)la SEDRONAR y el propio Ministerio de Justicia, con el fin de mejorar infraestructura, tecnología y capacidades operativas.
La Padre mantendrá su rol comercial con un tope del 5% en aranceles, tasas o comisiones por enajenación o servicios específicos, evitando que los costos administrativos erosionen los fondos que deben destinarse a fines públicos.
Cambios normativos y ajustes institucionales
El DNU modifica y armoniza múltiples normas para unificar el destino de los bienes decomisados. Entre otros puntos, introduce cambios en el Decreto 1382/2012 (AABE) —incluido el tope del 5%— y su reglamentación (Decreto 2670/2015), y actualiza reglas sobre administración y disposición de activos provenientes de delitos.
También se actualizan artículos clave de la Ley de Estupefacientes (23.737)del Código Aduanero (22.415)de la Ley 26.364 (trata)de la Ley 25.246 (UIF) y de la normativa de extinción de dominio (Decreto 62/2019), para coordinar el uso de recursos y asegurar compatibilidad entre regímenes.
Motivos, contexto y urgencia de la medida
El Ejecutivo fundamenta el DNU en la magnitud del crimen organizadolas pérdidas por deterioro de activos y la necesidad de actuar con rapidez para que los bienes recuperados financien con impacto inmediato a la justicia, la seguridad y las políticas de asistencia.
El régimen responde a recomendaciones de la OCDE y el GAFIque promueven fortalecer la recuperación de activos, garantizar su trazabilidad y orientar su uso a desarticular redes criminales y a reforzar instituciones públicas.
El esquema busca evitar que los fondos de bienes incautados se deterioren por falta de uso o mantenimientologrando así una utilización efectiva que contribuya a la reparación social y a fortalecer las capacidades institucionales.
Implicaciones prácticas y próximos pasos
Para juzgados y fiscalías, el nuevo marco ofrece procedimientos claros y coordinados para la administración y eventual enajenación, incluida la posibilidad de venta anticipada cuando existan riesgos de deterioro o costos excesivos de conservación.
En materia de competencias, las causas federales y nacionales se ajustarán a la nueva escala de distribución de recursos, mientras que en materia provincial se conservarán las reglas de destino previstas en las leyes específicas para esos procesos.
Se espera que, con el inventario público y la optimización de subastas y concesionesaumente la recuperación efectiva de valor y se reduzcan tiempos muertos, canalizando fondos hacia infraestructura, tecnología y capacidades operativas críticas.
