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El Foro Emilia Pardo Bazán, “en representación de buena parte de las universidades privadas” (35 de las 46), ha emitido un comunicado para lamentar el endurecimiento de los requisitos de calidad para abrir en España un campus, tras anunciar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez el pasado 31 de marzo una modificación del decreto de creación de estas. “El proyecto nos parece que no responde adecuadamente a la realidad, ni a las necesidades del sistema universitario en su conjunto”, opinan en su nota, tras reunirse este jueves con el secretario general de Universidades, Francisco García, en el ministerio. Los nuevos centros tendrán que contar con un informe favorable de la agencia de evaluación ANECA o sus correspondientes autonómicas. El lobby remarca su “total compromiso con la calidad y excelencia del sistema universitario”.
El comunicado del foro no es transparente: no está firmado por las universidades que lo apoyan y la institución no tiene una web, de forma que es muy difícil saber quién rubrica el comunicado. Este diario ha obtenido la lista de miembros del foro tras reclamarla a la Universidad Antonio de Nebrija, que preside el foro y que es la que ha enviado la nota. En España hay 46 privadas autorizadas, y 43 en funcionamiento.
En el listado hay universidades clásicas como la Francisco de Vitoria, con otras prestigiosas como Comillas, Mondragón y Deusto, y otras de nueva implantación a distancia como Isabel I de Castilla o UDIMA. No aparece la Universidad de Navarra, la única privada que se sitúa en el ranking Shanghái junto a 36 de los 50 campus públicos españoles.
El comunicado del foro va en contra del lanzado el pasado viernes por la conferencia de rectores (CRUE), que está presidida por una rectora de la pública (Eva Alcón, de la Jaume I) y en la que los centros estatales son mayoría. En su nota apoyaron los cambios en el decreto de Manuel Castells de 2021. La conferencia requiere unos requisitos mínimos de calidad para ingresar, y algunas no lo intentan y otras no los pasan.
A juicio del foro, en la exposición de motivos que acompaña al proyecto se “ofrece una visión distorsionada de las universidades privadas”. Aseguran que las privadas “garantizan el cumplimiento de la misión de la Universidad: docencia de calidad, investigación rigurosa y transmisión del conocimiento”. Sin embargo, las cifras dicen otra cosa. El 92% de las publicaciones científicas del Sistema Universitario Español (SUE) se realiza en las universidades públicas, frente al 8% de las instituciones privadas. Este es uno de los datos que se desprenden del último informe del Observatorio IUNE de la Alianza A4U, elaborado por el Instituto INAECU, de la Universidad Autónoma de Madrid y la Carlos III.
En opinión del foro, “el proyecto genera una grave inseguridad jurídica y vulnera principios fundamentales como el de irretroactividad, al imponer nuevas obligaciones y requisitos sobrevenidos que afectan a derechos adquiridos por las instituciones, sin siquiera haber finalizado los plazos establecidos en el Real Decreto actualmente vigente”. Las universidades van a tener que alcanzar un mínimo de 4.500 alumnos y contar con tres escuelas de doctorado (algunas están ahora creando la primera).
La Oberta de Catalunya ha afirmado tras la publicación del comunicado que no pertenece al foto y ha recordado las palabras de su rectora, Àngels Fitó, en este diario. Esta cree que la modificación del decreto “solucionará una anomalía que se produce en España al no ser los informes de las agencias de calidad vinculantes”.
El proyecto, que el Gobierno pretende aprobar “el próximo mayo”, para el foro “incurre en un exceso de reglamentación que invade la autonomía de las universidades”. Y recalcan que “resulta de especial gravedad la pretensión de limitar el número de nuevos planes de estudios que se pueden presentar a verificación y modificación sustancial, puesto que limita la capacidad de innovación y la adaptación a las necesidades cambiantes de la sociedad actual”.
En una entrevista publicada en este diario el pasado martes, el catedrático de la Pompeu Fabra Carles Ramió aludía a esta sobreoferta de propuesta de nuevas titulaciones: “A las universidades privadas no les da nada de pereza hacer mucha burocracia. Si quieren una titulación, mandan un alud de solicitudes ―yo esto lo he visto en la agencia catalana de acreditación [AQU]― y termina convirtiéndose en un problema político-institucional. El truco consiste en que demandan 10, para que les apruebes uno, aunque no tenga calidad suficiente porque cómo vas a suspenderles todas. Además, como sistema es perverso, los evaluadores les va dando pistas de mejora y al final le hacen el informe”.
La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ―integrada, entre otras, por la Universidad Europea y Alfonso X El Sabio, en manos de fondos de inversión, o el centro adscrito CESUGA, con un informe contrario del ministerio para su apertura en Galicia― fue la primera en hablar. Manifestó en un comunicado que las palabras del Gobierno eran “un ataque injusto e injustificado a unas instituciones que han demostrado ser clave en la mejora de la calidad educativa y en la empleabilidad de los jóvenes españoles”.
