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El ocaso de Consuelo Porras como una de las fiscales más controvertidas de América Latina. El próximo 17 de mayo, como dicta la ley, Guatemala amanecerá con un nuevo fiscal general, cerrando un capítulo extenso de incertidumbre y temor judicial, que mantiene a más de un centenar de guatemaltecos en el exilio.
Quienes viven en la diáspora escaparon de la suerte que han corrido varios de los denominados «presos políticos», entre ellos el periodista José Rubén Zamora, quien estuvo tras las rejas de un calabozo por 1.295 días (cerca de tres años y medio), donde denunció haber sido víctima de torturas y vejaciones. Aunque ahora se encuentra bajo arresto domiciliario, sigue imputado por varios delitos, los cuales, para la comunidad internacional, son espurios y responden a una persecución política.
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Otros casos similares de los considerados presos de conciencia son los de las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, ambos funcionarios del Gobierno de Bernardo Arévalo cuando fueron detenidos hace más de un año. En su contra pesan delitos por haber liderado el gran paro nacional de 2023, en el que el pueblo de Guatemala, desde la costa caribe hasta la costa pacífica, exigía a gritos la renuncia de la fiscal Consuelo Porras.
Un levantamiento popular que mantuvo paralizado al país por tres semanas, en respuesta a las múltiples acciones de Porras para evitar la asunción de Bernardo Arévalo a la Presidencia. El masivo respaldo popular que impulsaron Pacheco y Chaclán, así como la presión internacional, fueron determinantes para extinguir los intentos de Porras desde las huestes del Ministerio Público.
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El Ministerio Público: ¿arma de persecución?
Cuando Porras asumió la Fiscalía en 2018, Guatemala aún conservaba parte del impulso reformista que dejó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un órgano independiente de la ONU, cuya alianza con fiscales locales había destapado algunas de las tramas de corrupción más profundas del país.
Uno de ellos fue Juan Francisco Sandoval, quien, cuando se desempeñaba como fiscal anticorrupción en 2021, abrió una investigación en contra del entonces presidente, Alejandro Giammattei. Se trataba de un presunto caso de corrupción en el que el mandatario habría recibido una suma millonaria en dólares, envuelta en una alfombra y enviada directamente a su casa por parte de poderosos empresarios rusos y kazajos para mantener operaciones de extracción minera en el país. La investigación enemistó a Sandoval con Porras, quien lo destituyó del cargo y archivó el expediente.
“Estoy por cumplir cinco años en el exilio y, junto con un centenar de guatemaltecos, hemos sido víctimas de un patrón sistemático de persecución ilegal. Algunos ya podrían regresar, pero muchos tenemos que esperar para determinar qué rumbo van a tomar los casos”, afirma Sandoval a France 24.
Su testimonio ilustra el costo humano de una gestión que, según organismos internacionales y organizaciones civiles, convirtió al Ministerio Público en un aparato de retaliación contra quienes habían impulsado investigaciones sobre corrupción estatal y crimen organizado.
Para Sandoval, la fiscal general no solo desmontó estructuras anticorrupción, sino que utilizó el cargo como blindaje político y judicial.
“Refleja que, más que prestar su cargo al servicio del país, ha pretendido utilizar puestos como el de fiscal general con el propósito de garantizarse la impunidad que le genera la inmunidad de la que goza”, afirma Sandoval desde Washington D.C.
El exfiscal incluso considera que la magnitud de los abusos cometidos durante la administración de Porras amerita derivar en casos penales futuros.
“Ella debería enfrentar responsabilidad por crímenes que incluso rayan en los que se encuentran comprendidos en los preceptos de lesa humanidad y, si no es en Guatemala, vamos a ver si en alguna parte del mundo enfrenta su responsabilidad”, subraya.
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¿Qué defiende la fiscal Porras?
Porras, a través del Ministerio Público, ha defendido la legalidad de su gestión. La saliente fiscal ha insistido en que actúa conforme a la Constitución y las leyes guatemaltecas, además de asegurar que el organismo que dirige es independiente y sus decisiones no responden a presiones políticas.
En cuanto a las críticas internacionales, como ejemplo, en febrero de 2024, rechazó «categóricamente» los «señalamientos espurios, maliciosos y antidemocráticos propiciados por el Consejo Europeo, que denotan profundo desconocimiento del sistema jurídico guatemalteco”.
Además, ha calificado las sanciones en su contra como “ataques sistemáticos” que buscan intimidar y coaccionar a funcionarios del MP y apuntó que algunos actores buscan detener investigaciones en curso.
Los intentos de Porras de blindarse con inmunidad
En la recta final de su mandato, a Consuelo Porras, de 72 años, se le ha visto buscando con intensidad altos puestos judiciales con los que pueda mantener intacta su inmunidad o derecho de antejuicio. Sin embargo, todos sus esfuerzos han sido infructuosos.
El pasado febrero, Porras aspiró a convertirse en magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), nominada por el Consejo Superior Universitario, siendo rápidamente descartada. De manera que presentó su expediente ante la propia Corte Suprema de Justicia, que actúa como ente elector para la CC -máximo tribunal del país-, pero tampoco obtuvo eco y quedó por fuera de la selección final.
Habiendo sido desestimada para integrar la magistratura del máximo tribunal de justicia de Guatemala, decidió buscar la reelección para un tercer mandato de fiscal general. Las cámaras de los medios locales la perseguían cuando caminaba entre un tumulto de personas para inscribir su expediente a concurso. Una vez el proceso de selección avanzó a la etapa final, Porras obtuvo la calificación más alta de la evaluación técnica, con 92.33 puntos sobre 100.
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Sin embargo, el alto puntaje de Porras no fue suficiente para la Comisión de Postulación, el órgano encargado de definir la lista final de aspirantes y conformado por representantes de diversos sectores, incluyendo académicos y profesionales. Así, Porras se quedó fuera de las dos instancias de votación para la nómina final de seis aspirantes a encabezar el Ministerio Público.
Sin otras opciones a la vista para blindarse en un cargo de inmunidad, Porras y su red de fiscales miran ahora hacia el exterior con opciones de refugio, afirma a France 24 el excomisionado presidencial del Gobierno de Arévalo y actual director de la ONG Acción Ciudadana, Edie Cux
“Yo creo que sí estaría temerosa; ya hay algunas noticias o información de movimientos de su círculo cercano teniendo viajes a Panamá, México, incluso Belice, podría ser una posibilidad (buscar refugio), teniendo en cuenta que el daño que ha hecho es grande, y que se excedió sobre el uso del poder punitivo”, añade.
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Una sucesión a la Fiscalía bajo sospecha
De acuerdo con los expertos, el verdadero pulso para elegir la cabeza del Ministerio Público no está únicamente en la salida de Consuelo Porrassino en la batalla por su herencia.
En entrevista con France 24, Edie Cux denunció que el sistema de elección de fiscal general no responde a una necesidad técnica ni ética. Se trata de una Comisión de Postulación que, en su opinión, emergió desde la academia para dar visos de independencia, pero que pronto fue politizada.
“Se evidencia el hecho de que las universidades (que forman parte de la comisión) son influenciadas por grupos políticos, apoyando perfiles cuestionables, con antecedentes vinculados con el crimen organizado, a candidatos o candidatas que han tratado de vulnerar el Estado de derecho, incluso la democracia en las elecciones generales, y que han sumido en una profunda crisis al sistema de justicia”.
En esto coincide el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval: “Es indudable que el plan del ‘pacto de corruptos’ era enviar una nómina en la que al presidente no le quedara mayor margen para tomar una decisión que correspondiera al momento que vive el país y, sobre todo, a la importancia que tiene el puesto de fiscal general”.
Según Sandoval, la captura del proceso se refleja en nombres concretos: cinco de los seis candidatos han sido cuestionados: Néstor Guidebaldo de León, César Augusto Ávila, Beyla Adaly Estrada, Julio César Rivera Clavería y Carlos Alberto García Alvarado.
“Son perfiles que, si se empieza a hacer un seguimiento minucioso, tienen involucramientos con actores del pasado señalados en investigaciones de gran corrupción o en casos que denotan impunidad”, concluye el exfiscal Sandoval.
Solo uno de los candidatos, Gabriel Estuardo García Luna, es el más “potable” para suceder a Porras, en lo cual concuerda el excomisionado Cux al afirmar que “no se vincula a ningún grupo de poder y es una persona que trabajó en la corte de disciplina judicial”.
Con este panorama, el presidente Arévalo enfrenta una de las decisiones más delicadas desde que llegó al poder. La persona que designe no solo administrará una Fiscalía golpeada en su credibilidad, sino que definirá si Guatemala inicia un desmontaje gradual de la denunciada maquinaria de persecución o si, por el contrario, el sistema actual logra reciclarse bajo un nuevo rostro.
Porque si bien el 17 de mayo marcará la salida de la figura más visible de la ofensiva judicial en medio de la lucha anticorrupción, para decenas de fiscales, jueces, periodistas y líderes indígenas que han pasado los últimos años entre tribunales, clandestinidad o exilio, la pregunta de fondo sigue intacta: no quién abandona el despacho, sino quién seguirá moviendo los hilos de la justicia.
