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Terry Cole, administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), y Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, presentaron una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, actual gobernador del estado mexicano de Sinaloa, y otros nueve funcionarios —en activo y retirados— por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Los acusan de formar parte de una red criminal que habría facilitado delitos como el tráfico de drogas, operaciones relacionadas con armas y secuestros.
Además de Rocha Moya, el documento judicial incluye a Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario general de Gobierno de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General estatal; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, ex subdirector de la policía estatal; Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, y los ex jefes de la polícia de investigación de la Fiscalía, Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras Núñez.
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En estos casos, los implicados son acusados de participar en conspiraciones para importar narcóticos en los Estados Unidos, así como de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, además de conspirar para poseerlos. Las autoridades estadounidenses solicitan como sanción una pena de cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
El expediente también menciona a Juan Valenzuela Millán, exoficial de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, quien enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de drogas y armas, así como de secuestro con resultado de muerte, en específico de una “fuente de la DEA” y de una persona cercana a esta, delitos que, de comprobarse, serían castigados igualmente con cadena perpetua obligatoria.
De acuerdo con Cole, “los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así la entrada de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Continuaremos ejerciendo presión constante contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo respaldan, para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
Por su parte, Clayton afirmó que organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con libertad ni alcanzar sus objetivos sin el respaldo de funcionarios y políticos corruptos. “El apoyo de servidores públicos extranjeros al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a quienes colaboran con el narcotráfico; sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, concluyó.
Entre supuetsos pagos millonarios y “favores” para llegar al poder
La acusación sostiene que el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones más violentas del mundo y que mantiene colaboración con células criminales en diversas regiones, incluidos productores y distribuidores de cocaína en Colombia y Venezuela, y con fabricantes de precursores químicos ubicados en China.
El documento subraya que el grupo delictivo no solo se apoya en alianzas con funcionarios y elementos policiales mexicanos para asegurar el éxito de sus operaciones, sino que también tendría nexos con políticos corruptos en Centro y Sudamérica.
De manera específica, el texto indica que los acusados en esta acción judicial habrían abusado de sus posiciones de confianza y autoridad para, entre otras cosas, proteger a líderes del cártel, proporcionar información confidencial que facilitara la logística del grupo criminal, resguardar cargamentos de droga (mediante la intervención de fuerzas del orden) y omitir la persecución de actos de violencia relacionados. A cambio, según el documento, “recibieron colectivamente millones de dólares provenientes del narcotráfico”, así como otros beneficios que les permitieron mantenerse o acceder a cargos de poder.
