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Lo que comenzó como una falla intermitente se ha convertido en una dura rutina de resistencia para los habitantes de la UD-45, en San Félix. Desde hace aproximadamente un año, el servicio de agua potable por tubería se ha vuelto un “visitante nocturno”: desaparece cada mañana y, con suerte, retorna durante la madrugada, dejando a las familias en una constante carrera contra el reloj para cubrir sus necesidades básicas.
El costo de la sed: Un golpe al bolsillo familiar
La gravedad del problema no solo se mide en galones, sino en bolívares. Ante la ausencia de un flujo constante, los vecinos se han visto obligados a recurrir masivamente a la compra de agua embotellada para el consumo humano.
Logística doméstica: Las labores de aseo personal, cocina y limpieza quedan supeditadas al horario en el que llega el suministro, obligando a los ciudadanos a realizar tareas del hogar en horas de la madrugada o durante los breves momentos que hay presión en la red e incluso se ven en la necesidad de recurrir a la compra de botellones de agua para sus quehaceres, generando a la semana un gasto entre mil a 1.500 bolívares en botellones.
Salud y vulnerabilidad bajo riesgo
La situación es particularmente crítica para los sectores más sensibles de la población. El almacenamiento prolongado de agua y el posible uso de fuentes no tratadas han incrementado la preocupación por cuadros clínicos recurrentes.
“Siempre se ven esas enfermedades estomacales; es de suponer que una de las causas principales sea la calidad o el manejo del agua que nos vemos forzados a usar”, comenta un afectado.
Para los adultos mayores y personas con condiciones especiales de salud, la falta de suministro continuo representa un obstáculo adicional, ya que sus cuidados requieren un consumo de agua superior al promedio y condiciones de higiene más estrictas.
Respuestas oficiales insuficientes
A pesar de la magnitud de la crisis, la gestión de Hidrobolívar y la Alcaldía ha sido percibida como esquiva por la comunidad. Los reportes oficiales suelen atribuir las fallas a “labores de mantenimiento”, una explicación que resulta insuficiente para quienes llevan un año sin un servicio estable.
Hasta el momento, los vecinos aseguran que no existe un despliegue de camiones cisterna gratuitos por parte de la Gobernación que alivie la carga económica de los sectores perjudicados, dejando a los ciudadanos a merced de proveedores privados.
Los afectados exigen que los organismos competentes cumplan con su función primordial de garantizar el acceso al agua potable, un derecho humano fundamental que hoy se paga a precio de lujo en la UD-145.
