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La sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos anulando los aranceles de Trump del viernes pasado ha destapado de nuevo las divisiones en política comercial dentro de la Unión Europea. El debate se ha vuelto a abrir, y las instituciones europeas marcan sus posiciones respecto al posible acuerdo comercial EE UU-UE.
Entre las preguntas más controvertidas, Bruselas debate hasta qué punto debe la UE someter su política climática y energética a los caprichos de Trump, razón por la cual este lunes el Parlamento Europeo ha decidido paralizar urgentemente la votación del acuerdo comercial prevista para el martes hasta que EE UU ofrezca una posición clara al respecto. Sin embargo, la Comisión Europea sigue defendiendo el principio de acuerdo que firmaron con Trump el pasado julio, que incluye el compromiso de comprar petróleo y gas de EE UU por valor de 750.000 millones de dólares durante los próximos tres años.
Esto significa que, a un precio de 70 dólares por barril, la UE se compromete a comprar 3.600 millones de barriles anuales, o dos tercios de los 5.530 millones de barriles importados globalmente por la UE en 2023. Cuando este petróleo y gas se quemen, generarán 1,54 GtCO₂ anuales, que son más de la mitad de las 2,4 GtCO₂ anuales emitidas por toda la UE en 2024.
Más allá de representar una capitulación comercial bochornosa —EE UU impone aranceles del 15% a la UE, mientras las tarifas recíprocas se quedan en el 0%—, el principio de acuerdo de la Comisión sella la sumisión energética de los Veintisiete a EE UU y firma la sentencia de muerte de la acción climática europea, y toda esperanza de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC.
Importar todo este gas y petróleo de EE UU requiere de la construcción y ampliación de terminales de importación de gas natural licuado, gasoductos de distribución y centrales térmicas de gas. La inversión en estas infraestructuras empujará los precios de la electricidad aún más, generará dependencia de un supuesto aliado que amenaza con acciones militares y atará nuestro futuro energético a los combustibles fósiles durante décadas.
Y el impacto del acuerdo no termina en las fronteras de la UE. Si Europa, el continente que más ha defendido públicamente su ambición climática, es capaz de aparcar toda urgencia climática para satisfacer los designios de Trump, ¿por qué no lo deberían hacer India, Brasil o Australia? De hecho, el preacuerdo ya ha fortalecido la posición negociadora global de Trump, que acaba de imponerle a la India el compromiso de comprar 500.000 millones de dólares de productos energéticos estadounidenses dentro de su acuerdo comercial bilateral.
La industria fósil estadounidense depende totalmente de la imposición de estos acuerdos. La mayor parte del crudo y el gas de EE UU se extrae mediante frackinguna de las formas más caras de extraer combustibles fósiles, que es solo viable en contextos de demanda fuerte y precios altos. Si disminuye el consumo global de combustibles fósiles por la acción climática, las reservas estadounidenses serán de las primeras en dejar de ser rentables. Solo en este contexto se entiende que los compromisos de grandes consumidores son un chaleco salvavidas que impulsa los precios del petróleo a nivel global para salvar el fracking estadounidense. Visto así, EE UU depende de Europa, lo cual implica que disponemos de una posición negociadora fuerte.
Otra particularidad del fracking es que genera muy poco empleo, y tiene unos costes socioambientales devastadores. En la cuna del frackingla Cuenca Pérmica en Texas, los pozos de extracción se encadenan cada pocos centenares de metros, arrasando miles de kilómetros cuadrados de paisaje. Cada uno de estos pozos inyecta centenares de tóxicos a presión en el subsuelo, contaminando el agua, la tierra y el aire, y desplazando los costes sobre la salud de los ecosistemas y una población local ya marginalizada y empobrecida, mayormente de origen migrante.
Mientras tanto, los beneficios del fracking llenan los bolsillos de unos pocos inversores y ejecutivos. Entre ellos se encuentra el pionero de este método, Chris Wright, nombrado secretario de Energía por Trump. No cabe la menor duda de que la Administración estadounidense está capturada por los intereses de las empresas fósiles. Trump representa a la élite petrofeudal, no negocia pensando en el interés de las comunidades de EE UU. Así, un acuerdo para comprar 750.000 millones en productos energéticos no es un acuerdo justo entre sociedades; es una transferencia de rentas de las clases populares a las élites capitalistas estadounidenses, que reinvertirán para seguir extrayendo combustibles fósiles.
Pero no está todo decidido, ni mucho menos. La propuesta de acuerdo de la Comisión tiene que ser aprobada primero por el Parlamento Europeo y después ratificada por los Estados miembros. Los parlamentarios españoles y el gobierno de España tienen la opción de mantener firme su compromiso climático y su independencia energética. Es nuestra oportunidad para bloquear y cancelar el acuerdo.
Tenemos prioridades mucho más urgentes para invertir estos 750.000 millones. Necesitamos inversión para seguir reduciendo el consumo de energía, eliminando usos superfluos e invirtiendo en medidas de eficiencia para usos esenciales como el aislamiento térmico de edificios.
Además, para librarnos de la dependencia de los combustibles fósiles, tenemos que retirar los motores de combustión, las calderas fósiles y los procesos industriales contaminantes, impulsando una electrificación estancada en el 24% desde hace décadas. Tenemos energías renovables abundantes, pero estamos tirando la energía al suelo si no desplazamos el consumo a las horas de sol. Con inversión pública, tenemos a nuestro alcance un sistema energético limpio, autóctono y asequible.
No les demos la razón a los negacionistas petrofeudales de EE UU. Ahora más que nunca tenemos que defender los principios de la justicia climática, mitigar el calentamiento global, avanzar hacia la independencia energética y asegurar un futuro con estabilidad ecológica, social, económica y energética, base imprescindible de nuestra prosperidad colectiva.
Metodología utilizada para el cálculo
El acuerdo de la Comisión y la Administración Trump incluye una cláusula que obliga a la UE a comprar 750.000 millones de dólares en productos energéticos a EE UU durante tres años. Esto son 250.000 millones de dólares anuales. Los productos energéticos incluyen petróleo, gas y combustible y servicios nucleares. La importación de combustible y servicios nucleares es negligible. En 2024 fueron 700 millones de dólares, alrededor del 1% del total del acuerdo, y parece difícil pensar que pueda crecer mucho más, dado que solo hay una central nuclear pequeña prevista para abrir en los próximos años y las políticas europeas limitan la energía nuclear en la mayoría de los países. El precio actual del petróleo es de alrededor de 70 dólares por barril. Con 250.000 millones de dólares anuales se podrían comprar 3.600 millones de barriles equivalentes anuales. Mil millones de barriles equivalentes emiten 0.43 GtCO2 cuando se queman. Así, 3.600 millones de barriles anuales se traducen a 1.54 GtCO2 anuales.
