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Desde diciembre del 2025 avanza un proyecto de Constituyente Laboral en el país, pero hasta la fecha, la información que se tiene sobre esta iniciativa es prácticamente nula, de hecho, el tema resonó en la palestra por un mensaje publicado en la cuenta de Telegram de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el pasado sábado, en el que asegura estar avanzando en este proyecto del cual, a todas luces, están excluidos los sindicatos y centrales de trabajadores.
De acuerdo con declaraciones hechas durante el 2025, el objetivo de esta constituyente era proponer reformas que consoliden un nuevo modelo económico y social otorgando mayor participación y beneficios a los trabajadores.
Para Jacqueline Ritcher, abogada y especialista en Derecho del Trabajo, la opacidad en torno a este proyecto comprende una violación a los convenios internacionales del trabajo, ya que no se toma en cuenta las representaciones laborales formales; sino que está siendo articulado por la presidencia y sus asesores.
Las alertas iniciaron esta semana, cuando a través del Sistema Patria se le ofrece a los trabajadores llenar una encuesta en la que se preguntan detalles sobre su situación laboral, Correo del Caroní solo tuvo acceso a las primeras preguntas del cuestionario en las que se consulta si se desea participar y a qué sector pertenece.
“La Constituyente Laboral es una propuesta que nace de un sector del sindicalismo chavista con Francisco Torrealba a la cabeza, con la idea de generar una asamblea de trabajadores y efectuar reformas laborales. ¿De qué tipo? No lo dijeron. Eso luego se cambió a una encuesta para hacer un programa laboral con Delcy Rodríguez, esta encuesta se hace en el Sistema Patria. Independientemente de las preguntas, el problema es que ese no es el mecanismo: cualquier reforma laboral debe ser consultada con las organizaciones sindicales”, expresó Ritcher.
Este medio consultó con dirigentes sindicales y trabajadores de las empresas básicas, quienes confirmaron la existencia de la encuesta que, según lo expresado por Rodríguez, busca recoger propuestas para diseñar políticas públicas y aprobar una ley que “refleje principios de justicia social e inclusión”.
“A través del Sistema Patria se está realizando una encuesta dirigida a los trabajadores, esta encuesta no es más que una trampa para que los trabajadores aprueben a través del llenado de esta encuesta lo relativo a cómo va a ser ahora la Ley del Trabajo. Están autorizando que se modifique la Ley del Trabajo, pero no en beneficio de los trabajadores (…). Se está realizando de manera escondida un trabajo entre las centrales obreras que se han prestado durante los últimos cuatro años para mantenernos un salario de hambre”, expresó Ramón Gómez, secretario general del sindicato de CVG Casa Matriz y coordinador adjunto de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana.
Persiste la vulneración del diálogo y la libertad sindical
Desde el año 2018 la Organización Internacional del Trabajo inició un proceso de comisión de encuesta en Venezuela, en el cual confirmó la vulneración de convenios internacionales del trabajo, específicamente, los vinculados al salario justo, la libertad sindical y el diálogo tripartito.
Ante la inacción del Estado venezolano por solventar la crisis laboral, en el año 2022, esta instancia internacional dio inicio un Foro de Diálogo Social para intentar restituir los derechos laborales en el país, el cual no ha arrojado resultados.
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En conversación con los entrevistados, consideraron que esta Constituyente Laboral es una nueva vulneración al diálogo entre patrono y trabajadores, así como una violación a la libertad sindical.
“Las reformas laborales no se hacen con una encuesta a los trabajadores, se hacen con diálogo social y el diálogo social es con organizaciones no con individuos. Aunque fueran preguntas correctas, los trabajadores no tienen que responder esas preguntas. La agenda la tiene que definir una instancia de diálogo social donde estén las organizaciones más representativas de los trabajadores. Tiene que estar la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Central Alianza Sindical Independiente (ASI) y la Confederación General de Trabajadores (CGT)”, manifestó la abogada entrevistada para la elaboración de este trabajo.
Legalizar la ausencia de beneficios laborales
Ritcher expresó que la única información disponible se limita a un video publicado por la presidenta encargada donde no se ve a ningún líder sindical. A su vez manifestó que estas acciones tienen que ver con el reclamo del sector empresarial en el que exponen que no puede haber aumentado de salario, debido a que esto tendría una incidencia en otros beneficios laborales que serían impagables para los patronos privados.
“Alegan que, si se aumenta un bolívar, habrá hiperinflación y que primero hay que hacer reformas. Francisco Torrealba ha dicho que ese chorizo que está en el artículo 104 de La Ley Orgánica del Trabajo hay que eliminarlo porque dice que todo es salario. Buscan retirar legalmente beneficios a los trabajadores porque hace años ya no los tenemos, con ese salario de 130 bolívares hace años no tenemos beneficios, los tenemos solo en la ley. Están tratando de legalizar una situación de hecho”, manifestó.
Sobre esto, Gómez adujo que el objetivo real de la encuesta es que los trabajadores autoricen la pérdida de ciertos beneficios como las prestaciones sociales o el pago de vacaciones.
“Están participando unos señores que supuestamente fueron electos para ser integrantes de la Asamblea Laboral Constituyente. Eso lo tenían callado, pero están trabajando en secreto. Parte de esa trampa es el llenado de esa encuesta. Rechazamos en su totalidad todas estas intenciones. Si quieren reunirse, tienen que reunirse con los que fueron electos por los trabajadores: los sindicatos. Los derechos de los trabajadores deben ser reintegrados y se aplique un salario mínimo de acuerdo a lo establecido en el artículo 91 de la Constitución”, esgrimió.
Cuatro años de paralización salarial
De fondo, la realidad venezolana es que desde marzo de 2022 el salario mínimo permanece estancado en 130 bolívares, lo que en esa fecha correspondía a “medio petro”, hoy ya no supone ni medio dólar.
Especialistas y gremios han denunciado de forma persistente que mantener este ingreso es una violación a lo que establece la Constitución y una medida que perpetúa la pobreza en el país.
Por su parte, el Estado ha optado por dar bonificaciones por concepto de guerra económica, alimentación, entre otros, que no tienen ninguna incidencia en beneficios como jubilaciones y prestaciones sociales.
La bonificación del salario es una de las realidades más denunciadas por especialistas laborales. En este sentido, los trabajadores entrevistados por este medio aseguraron que más allá de cambiar la normativa laboral vigente en el país, se debe apuntar a apegarse a derecho y cumplir con todo el arquetipo jurídico que fue creado tras años de conquistas y luchas laborales.
