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La administración de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa una exigencia directa a Delcy Rodríguez: la colaboración inmediata para la entrega o procesamiento de una “lista negra” de nueve personas de alto interés, encabezada por nicolasito Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.
Según informes obtenidos por el periodista David Alandate, de abecedariola petición no es un simple formalismo diplomático, sino un ultimátum operativo que condiciona la normalización de relaciones, el levantamiento de sanciones y la agenda energética entre ambos países.
Además de nicolasitointentan extraditar a Alex Saab, Raúl Gorrín, Walter Jacob Gavidia Flores, Tareck El Aissami, Samark López Bello y Pedro Martín Olivares.
La propuesta de Washington para sortear el blindaje legal de Caracas se basa en la creación de un “terreno gris” jurídico. Dado que el artículo 69 de la Constitución venezolana prohíbe de forma taxativa la extradición de nacionales, Estados Unidos ha planteado una hoja de ruta que prioriza la operatividad sobre la terminología legal.
El objetivo es que las entregas no figuren en los expedientes como procesos de extradición tradicionales, sino como movimientos administrativos o de seguridad, evitando así una violación frontal de la carta magna que detendría cualquier avance en las negociaciones.
Para los perfiles de mayor peso político, como el hijo de Maduro o los jerarcas del círculo íntimo, se contempla la figura de los traslados por razones de seguridad. Este mecanismo se presentaría como una medida excepcional para garantizar la integridad física de los señalados o para que presten declaración en procesos donde su seguridad en territorio venezolano no pueda ser garantizada.
Este enfoque transforma el traslado en una medida de “protección”, diluyendo la carga negativa de la captura y facilitando que la cúpula chavista acepte el movimiento sin que sea percibido como una rendición absoluta ante la justicia extranjera.
Finalmente, el esquema incluye una capa de operatividad transnacional basada en el historial de viajes. Washington ha dejado claro que, si los objetivos de la lista cruzan las fronteras venezolanas, se activarán mecanismos de captura inmediata similares al que llevó a la detención de Alex Saab en Cabo Verde en 2020.
Al asumir que la justicia venezolana no entregará directamente a todos los nombres, Estados Unidos prioriza a aquellos que, por sus funciones o historial de desplazamientos, ofrecen un mayor “margen de maniobra” fuera del territorio nacional, utilizando la inteligencia compartida para ejecutar las capturas en jurisdicciones menos restrictivas.
