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Venezuela aprobó una ley de amnistía en respuesta a la presión para liberar a los presos políticos. Todavía deja a muchos de ellos tras las rejas.
La medida representa la primera medida institucional para abordar décadas de política de rehenes del chavismo. Las celdas de las prisiones del país han retenido a una amplia gama de personas cuyos delitos iban desde protestar contra el gobierno hasta organizar elecciones. Fueron moneda de cambio constante durante los años en que el régimen fue presionado para negociar con sus adversarios.
La ley parece tener algunos beneficios inmediatos, incluida la libertad del líder de la oposición Juan Pablo Guanipa, quien había sido puesto en libertad e inmediatamente puesto bajo arresto domiciliario después de criticar al gobierno. Coincidió con la liberación de Maykelis Borges, quien se encuentra encarcelada por el delito de ser pareja de un militar exiliado. Salió de la detención con su hija de seis meses, una niña que nació prisionera política, tal vez la manifestación más grotesca y atroz de la política de rehenes en Venezuela.
Pero la ley tiene lagunas evidentes. Excluye explícitamente a cualquier persona que se considere que haya participado en una rebelión o haya pedido la fuerza militar contra el régimen. El gobierno que ahora está abiertamente aliado con su fuerza de ocupación se reserva el derecho de encarcelar a cualquiera que haya pedido esa misma ocupación. La cláusula María Corina, que parece encaminada a excluir a Machado del beneficio de la amnistía por los cargos urdidos en respuesta a su estruendosa e indiscutible victoria (que hizo electo a Edmundo González) en las elecciones presidenciales de 2024 contra el ahora encarcelado Nicolás Maduro.
La ley de amnistía ha aportado sus beneficios, pero también indica que el mundo necesita mantener la presión sobre el chavismo.
La medida de amnistía permitiría al gobierno seguir utilizando leyes que el régimen reconoció el jueves que se aplicaron injustamente para atacar a los adversarios y silenciar a los críticos. Los estatutos antidifamación que se convirtieron en armas convenientes contra la libertad de expresión podrían usarse contra quienes se benefician de la ley de amnistía, poniendo en duda cuánta libertad se proporciona realmente con esta medida de amnistía. Muestra nuevamente que el régimen no está dispuesto a renunciar por completo a su capacidad de reprimir la libertad de expresión y la disidencia.
Esta Ley de Amnistía también muestra cómo el chavismo todavía tiene que luchar contra sus demonios internos, que son muchos. Durante el acto de firma anoche en Miraflores, la gerente local Delcy Rodríguez dijo que iniciarán un proceso de revisión de todos los casos que no están cubiertos por la amnistía, que será liderado por el mismísimo Diosdado Cabello, nuevamente el acto de equilibrio entre lo que les piden sus jefes estadounidenses, la indignación pública por cómo hace las cosas el chavismo y darle su lugar a Cabello. También está eso de que el chavismo siempre ha sido disciplinado respecto de ceñirse a sus narrativas escritas. La ley no puede admitir que los presos políticos sean víctimas, por eso los está sometiendo al humillante proceso de tener que solicitarlo.
Lo que está claro es que venezolanos inocentes siguen tras las rejas y no está claro cuánto tiempo permanecerán allí. El gobierno no está abandonando su manual de estrategia de larga data y Washington se centra cada vez más en Cuba e Irán, lo que deja al régimen más margen de maniobra. La ley de amnistía ha aportado sus beneficios, pero también indica que el mundo necesita mantener la presión sobre el chavismo.
