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La ciencia lo ha confirmado: el cambio climático hizo más intensa y extensa la dana que asoló Valencia y que dejó tras de sí más de 230 muertos, tierras anegadas, negocios arruinados e infraestructuras destrozadas. No es la primera vez que ocurre. Los estudios de atribución encontraron también la crisis climática tras la virulencia de Filomena o de los incendios que arrasaron el pasado verano grandes extensiones de Castilla y León y Galicia. Aunque hacen falta estudios de atribución, es posible que también lo hagan con el tren de borrascas que no cesan y que ha obligado a evacuar a más de 11.000 vecinos del sur de España y otros tantos en Portugal, se ha llevado la vida de 16 personas en la península Ibérica y ha provocado pérdidas millonarias.
Paradójicamente, todas estas evidencias que estamos viviendo en tiempo real, y que se suman a las que la ciencia va acumulando, coinciden en el tiempo con el incremento de posiciones políticas negacionistas o retardistas. Si negar el cambio climático hoy es desoír la ciencia, el conocimiento y la experiencia, ejercer el retardismo que busca ralentizar y aplazar las políticas de transición ecológica es hacer dejación de responsabilidades, poner en riesgo la vida de miles de personas y permitir la ruina de territorios y sectores económicos. En definitiva, es un ejercicio de antipolítica. Porque, ¿para qué está la política si no es para velar por el bienestar y la seguridad —en todos los sentidos— de la ciudadanía?
Las confirmaciones de la ciencia con los fenómenos extremos obligan a fijar como prioridad las políticas tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático, de forma adecuada a cada territorio. Las primeras pasan, en buena medida, por reducir emisiones de gases de efecto invernadero, para lo que hay que cambiar la matriz energética, replantear usos del suelo y otras medidas bien conocidas. Podría pensarse que eso es algo que se juega en los foros globales de Naciones Unidas o en las estrategias empresariales de grandes compañías, y en cierta medida es así, pero no del todo. El fin del subsidio a los combustibles fósiles es también competencia de los gobiernos, y en el despliegue de energías renovables tienen mucho que decir las administraciones locales. Así que, cada cual con sus competencias, las políticas de mitigación cobran importancia y urgencia cuando vemos la sucesión de fenómenos a los que nos enfrentamos.
Junto a ellas, cada vez son más acuciantes las estrategias de adaptación que minimicen los daños de estos fenómenos que van a seguir dándose y de forma cada vez más frecuente. Desde el urbanismo, que debe integrar los nuevos planes de inundabilidad que recogen ya las variaciones observadas, hasta la forma de los cultivos que no puede ignorar la nueva realidad, pasando por infraestructuras que, como se ha visto, no resisten los envites de riadas o tormentas torrenciales. Casas arrasadas, poblaciones como Grazalema pendientes de evaluar riesgos, carreteras cortadas, vías de tren inservibles… Las políticas de adaptación, que en ocasiones se han considerado de segunda línea por no ir a la raíz del problema, deben ser priorizadas por el conjunto de las administraciones públicas.
La obligación de todo gobernante es velar por la seguridad de la población, y el cambio climático es hoy, como recogen desde el informe de riesgos globales del Foro Económico Mundial hasta los informes de seguridad nacional de multitud de países, incluido España, uno de los principales riesgos a afrontar. Mientras se buscan acuerdos para mitigar las causas, es urgente hacer frente a todos los cambios a los que la crisis climática obliga.
El imprescindible y urgente replanteamiento del territorio será más exitoso, acordado y rápido en la medida en que parta de los agentes locales y cuente con procesos inclusivos de deliberación social y colaboración institucional. Esta última se ha dado con notable éxito en la gestión de las inundaciones de Andalucía y ha demostrado su relevancia. Si así se hace, la necesaria transición ecológica se convierte en una oportunidad para fortalecer los sistemas democráticos. En caso contrario, y como vimos también en Valencia, quienes recogen los réditos políticos, al menos en las encuestas, son precisamente los que niegan la crisis climática y cuestionan la democracia.
En definitiva, la gran lección que el estudio de atribución de la dana que acabamos de conocer nos deja es que, como ya se había constatado en otras ocasiones, la ciencia certifica que los fenómenos extremos van a ser más frecuentes y virulentos a causa de la crisis climática. Las políticas para hacerle frente deben incrementar los esfuerzos de mitigación sin dejar de poner el foco en la adaptación. Porque el cambio climático existe, como atestigua la ciencia; insiste, como estamos comprobando; y obliga, porque no hay mayor obligación para un gobernante que velar por la seguridad y las vidas de sus conciudadanos.
