

Una nueva lancha supuestamente vinculada al narcotráfico fue atacada el lunes 9 de febrero por el Comando Sur de EE. UU. en aguas internacionales del Pacífico oriental.
Dos tripulantes murieron y uno sobrevivió.
El general Francis L. Donovan ordenó el ataque en lo que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur denomina «rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental», argumentando que quienes iban en la lancha eran «narcoterroristas».
Tras el ataque, el Comando Sur de Estados Unidos aseguró que notificó de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para que activara el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente, según detalló el propio Comando Sur —responsable de las operaciones militares en América Latina y el Caribe— en su cuenta de la red social X.
Ya van 38 ataques de este tipo, que han dejado 138 muertos, según registros reportados por el Gobierno de Estados Unidos.
En lo que va de 2026 se han registrado tres ataques ordenados por Washington contra embarcaciones, como el que se observa en el video de 10 segundos del ataque aéreo del lunes: una pequeña lancha motorizada es atacada, lo que provoca una explosión.
Por esta razón, juristas, defensores de derechos humanos y líderes regionales acusan a Washington de ejecuciones extrajudiciales.
El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ha rechazado que los ataques constituyan un crimen de guerra, afirmando: “Me importa un carajo cómo lo llamen”.
La administración Trump insiste en que los objetivos transportaban drogas, sin aportar pruebas ni explicar públicamente la base legal para atacar las embarcaciones.
Ese mismo lunes, Estados Unidos destruyó 10 toneladas de cocaína y detuvo a cuatro sospechosos en un ataque a un submarino, en conjunto con las fuerzas armadas de Colombia, en el Pacífico.
Estos operativos ocurren una semana después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, donde se reunió con su homólogo, Donald Trump, para limar asperezas.
La administración Trump inició estas operaciones bajo la premisa de una «guerra total contra el narcotráfico» el 1 de septiembre de 2015. Así, autorizó por primera vez el bombardeo de embarcaciones civiles sospechosas sin previo aviso ni intento de abordaje.
Expertos en derecho internacional han argumentado que las acciones de Estados Unidos constituyen un crimen de guerra.
Sin embargo, con esta orden también comenzó la presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas internacionales del Caribe.
Posteriormente, el 3 de enero de 2026, se llevó a cabo la intervención militar en Venezuela, en la que EE. UU. detuvo al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas, para trasladarlos a una cárcel federal de Nueva York.
A Maduro se le acusa de liderar el Cártel de los Soles, descrito por Estados Unidos como una organización criminal jerárquica y unificada, similar al Cártel de Sinaloa. Sin embargo, el 6 de febrero de 2026, el Departamento de Justicia de EE. UU. eliminó la descripción de Maduro como «líder de un cártel» y definió que se trata de un «sistema clientelar de corrupción estatal».
Estados Unidos sostiene que sus acciones son compatibles con el artículo 51 de la Carta de la ONU, que exige informar de inmediato al Consejo de Seguridad sobre cualquier acción de legítima defensa frente a un ataque armado.
Con EFE y fuentes locales
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