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El anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de que todos los considerados presos políticos serán liberados a más tardar el 13 de febrero, lejos de traer paz entre los familiares, ha sido fuente de nuevas protestas.
Las vigilias que se mantienen desde hace casi un mes frente a los centros de reclusión que albergan detenidos por razones políticas sumaron este 7 de febrero demandas renovadas para que las liberaciones se produzcan con o sin Ley de Amnistía, un texto que se analiza actualmente en el Parlamento, de amplia mayoría chavista.
«Este es un proyecto de ley que se hizo a espaldas de las víctimas, sin consultar. Con o sin ley de amnistía seguiremos exigiendo la libertad plena e inmediata de todos», demandó Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa Raúl Baduel, muerto en prisión, y hermana de otro detenido.
Baduel fue parte de los familiares que se manifestaron frente al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) y símbolo de torturas y represión denunciadas por víctimas, organizaciones de defensa de los derechos humanos y por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la ONU.
«Nosotros, como familiares, y yo personalmente en nombre de mi marido, sentimos que esto es una burla, una falta de respeto», agregó la activista Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, un exdiputado opositor detenido desde hace año y medio, en el marco de la represión que siguió a las elecciones del 28 de julio de 2024.
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Los manifestantes mostraron letreros con la palabra “Libertad” y pancartas con fotografías de parte de las 687 personas que permanecen detenidas, de acuerdo con los registros del Foro Penal, una de las organizaciones que presta asistencia a los presos políticos.
«Un show mediático»
Al otro lado de Caracas, frente a la Zona 7 de la Policía Nacional, que el 6 de febrero recibió la visita de Rodríguez, familiares de los detenidos calificaron de «show mediático» la presencia del parlamentario, hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y líder de larga data del Gobierno del hoy depuesto Nicolás Maduro.
«Ellos (Rodríguez y el también diputado Jorge Arreaza) no duraron creo ni 10 minutos, todo fue como un show mediático», se quejó Evelis Cano, madre de Jack Tantak y una de las voces más activas en las vigilias.
Cano cuestionó que Rodríguez no ingresara al centro donde se encuentran recluidos varios de los considerados presos políticos a «escuchar testimonios de sus propias bocas, que es lo que tenía que hacer».
«Estamos esperando que si él (Rodríguez) dio la palabra, que la cumpla», agregó Marina Saldivia, que tiene cuatro familiares detenidos: dos hijos, una nuera y una nieta.
La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) cuestionó la lentitud con la que se han producido las excarcelaciones, con una publicación en redes sociales en la que condenaba que en «72 horas solo se hayan sumado apenas 10 liberaciones, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente”.
Ley de Amnistía, bajo la lupa
Una comisión de la Asamblea Nacional encabezada por el diputado oficialista Jorge Arreaza recibió a representantes de los poderes públicos y de organizaciones no gubernamentales para escuchar sus propuestas sobre la Ley de Amnistía, que fue aprobada el 5 de febrero en primera discusión.
Al encuentro acudieron la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el fiscal general Tarek William Saab y voceros de oenegés como Provea, el Foro Penal, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y Acceso a la Justicia.
El instrumento ha sido objeto de cuestionamientos por parte de activistas y defensores de derechos humanos, luego de que se diera a conocer un texto que, según dicen, excluye más de 24 años de eventos y circunstancias, incluyendo aquellos de naturaleza militar, como las múltiples conspiraciones denunciadas durante el gobierno de Maduro.
Gonzalo Himiob, miembro del Foro Penal, hizo una publicación en X en la que dio cuenta de algunas de las objeciones discutidas y destacó que en el encuentro «se mostró la disposición necesaria a su debida consideración».
Antes de eso, Himiob había mostrado su oposición al hecho de que el proyecto solo hace referencia a 10 momentos históricos, «pues de esta manera quedan por fuera muchas situaciones que califican claramente para la amnistía pero que no tuvieron lugar en los momentos ‘elegidos'».
De acuerdo con el texto publicado por la Asamblea Nacional, esos 10 momentos son el golpe de estado del 11 de abril de 2002, el paro petrolero, las protestas políticas de 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y las posteriores a las elecciones del 28 de julio de 2024.
El activista también pidió «derogar varias leyes que han sido utilizadas de manera continua como herramientas de persecución».
Con él coincidió otro experto, el abogado en derecho internacional Mariano De Alba, que en otra publicación en X cita como ejemplos de esos instrumentos «la Ley contra el Odio, Ley de Fiscalización de oenegés, Ley de Extinción de Dominio y otras».
Otros críticos han rechazado que el proyecto no levanta las inhabilitaciones políticas, ni incluye un marco para el retorno seguro de exiliados y miembros de la diáspora de más de ocho millones de personas que han salido de Venezuela, huyendo de la crisis económica y la inseguridad personal, pero también de la represión política.
Con EFE, AP y medios locales
