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«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», señaló la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La ley podría beneficiar a cientos de detenidos que permanecen tras las rejas, así como a los que ya han obtenido la libertad condicional. La nueva ley abarcará casos desde 1999 hasta la actualidad, pero excluirá a quienes puedan haber participado en asesinatos, graves abusos contra los Derechos Humanos y narcotráfico, afirmó Rodríguez.
La presidenta, también líder del chavismo, llamó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz a que en las «próximas horas» presenten la ley, así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.
«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.
Rodríguez pidió a los que ONG y otros organismos consideran «presos políticos», incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».
Varias ONG han reclamado una amnistía general para todos los que consideran «presos políticos», presentando, al mismo tiempo, varias propuestas.
A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas».
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Actualmente, según la ONG Foro Penal, hay 711 «presos políticos», pero el Gobierno venezolano niega que en el país haya personas detenidas por estos motivos y señala que esos arrestados cometieron delitos, en su mayoría, relacionados con terrorismo.
En diciembre de 2007, se promulgó una ley de amnistía en Venezuela, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) perdonó a personas supuestamente involucradas en el golpe de Estado en su contra en 2002.
En 2016, el Parlamento, para entonces controlado por la oposición, aprobó una ley de amnistía, declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que es afín al chavismo, y nunca se pudo aplicar.
En agosto de 2020, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, otorgó, mediante decreto, 110 medidas de indultos a opositores, sindicalistas y actores sociales acusados de diversos delitos, de cara a elecciones legislativas que se celebraron en diciembre de ese año, un evento al que el grueso de la oposición no se presentó.
Machado: la amnistía es producto de la presión de EE. UU.
La líder opositora María Corina Machado contestó que la ley de amnistía es «producto de la presión real» de Estados Unidos y que espera que se haga realidad.
«Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto», manifestó.
Con EFE y Reuters
