Los peligros de un orden económico al estilo Delcy

Hasta el 3 de enero, Maduro & Co. lograron construir una forma de “normalidad” que fuera lo suficientemente favorable a los negocios como para atraer capital extranjero, atraído por las Zonas Económicas Especiales y por el matrimonio entre la boliburguesía y el capital nacional que sobrevivió al colapso económico en la década de 2010. Chevron y otras importantes empresas internacionales aceptaron hacer negocios en Venezuela porque la ilegitimidad de Maduro no les impedía proyectar retornos en el corto, mediano y largo plazo. Maduro podría ofrecer esta normalidad a costa de la violencia y de un “acuerdo de caballeros”. Aún así, sólo las empresas que se sienten lo suficientemente seguras en lo que sigue siendo una apuesta de alto riesgo en estas condiciones finalmente ingresan al país.

Parte de este acuerdo implicó negociar cierto grado de alivio de las sanciones con Estados Unidos, expresado más claramente a través de la licencia otorgada a Chevron. Ahora, con Maduro efectivamente marginado y Delcy Rodríguez (arquitecta de la reforma económica de Maduro) en el poder, Estados Unidos busca abrir y profundizar sus inversiones. El 9 de enero, Trump se reunió con ejecutivos de importantes compañías petroleras y los instó a realizar inversiones a gran escala en proyectos venezolanos. Varios ejecutivos respondieron que, en las condiciones actuales, Venezuela no podía considerarse un destino seguro para sus empresas. No ven garantías reales de estabilidad o previsibilidad a largo plazo en las reglas del juego económico existentes, porque esta normalidad sigue descansando en la arbitrariedad del Ejecutivo Nacional, el uso de la violencia y los caprichos políticos. Hoy, el poder puede alinearse con Washington. Mañana podría intentar una ruptura antiimperialista.

El supuestamente “moderado” Delcy todavía está lejos de consolidarse frente a los agentes de poder antiimperialistas, como los encarnados por Diosdado Cabello o altos funcionarios de la FANB. Estados Unidos lo reconoce abiertamente, señalando que continúa vigilando a estos actores, insinuando la posibilidad de un segundo ataque o filtrando a la prensa su intención de tener la CIA estacionada permanentemente en Venezuela. Delcy, por su parte, parece estar intentando neutralizar a los sectores antiimperialistas más duros. Se esfuerza por mantener una retórica hostil (que a Trump y Rubio no parece importarles) que no coincide con sus acciones.

Sin embargo, ninguna nueva ley puede borrar la realidad de que, en el centro de toda política, reside el poder arbitrario de toma de decisiones de quien ostenta la autoridad.

Trump comprende las razones detrás de la renuencia del capital a gran escala, que es indispensable para consolidar el nuevo papel de Washington como administrador del futuro de Venezuela. Busca tranquilizar a los inversores que no están negociando con el Estado venezolano, sino con el propio gobierno estadounidense, y que es su palabra (no la de Delcy) la que respalda estos acuerdos. Sin embargo, la propia arbitrariedad de Trump, su estilo de gobierno errático e impredecible, también añade otra capa de riesgo al nivel de inversión que exige de estas empresas.

La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos indica que el nuevo régimen está dispuesto a aceptar cualquier demanda que sea necesaria para que las inversiones se sientan seguras y rentables, estabilizando un marco legal destinado a introducir un grado de previsibilidad en la nueva normalidad que Delcy está intentando reconstruir. Sin embargo, ninguna nueva ley puede borrar la realidad de que, en el centro de toda política, reside el poder arbitrario de toma de decisiones de quien ostenta la autoridad. Como resultado, el riesgo nunca desaparece realmente: lo que hoy es ley puede dejar de serlo mañana.

Cómo podría ser la nueva economía

Lo más probable es que para asegurar condiciones aceptables para el capital estadounidense se requiera que Delcy ofrezca mayores márgenes de ganancia acompañados de garantías legales especiales. También requerirá un cambio en la forma en que se gestiona la subordinación de los trabajadores a este nuevo acuerdo económico nacional. Si la tendencia de Delcy hacia la rehabilitación de la imagen del Estado Nacional incluye la liberación de prisioneros políticos, también puede reflejar un reconocimiento de que sostener la normalidad a través de la explotación y la represión de los trabajadores venezolanos ya no es viable.

Esta posibilidad surgió en su discurso del 15 de enero ante la Asamblea Nacional, cuando propuso crear dos fondos soberanos financiados con las divisas generadas por el nuevo acuerdo petrolero. Un fondo se dedicaría a la “protección social”, destinada a mejorar los ingresos de los trabajadores a través de mecanismos no especificados (¿aumentos salariales o bonificaciones?) y fortalecer la salud, la educación, el suministro de alimentos y la vivienda. El otro se centraría en la reconstrucción de infraestructuras y servicios públicos. Esta última propuesta se alinea estrechamente con la visión de Trump, que presentó al capital estadounidense un acuerdo centrado en restaurar la infraestructura nacional para respaldar las operaciones petroleras.

Las grandes compañías petroleras internacionales pueden obtener ganancias sin vivir en el país, pero las empresas venezolanas no. Para ellos, la transición a la democracia también debe convertirse en una necesidad.

Si estos planes se materializan bajo la supervisión estadounidense, podríamos anticipar un aumento de la actividad económica. Más consumo y mayor oferta de importaciones estadounidenses, sobre todo porque Trump (e insinuado por Rubio el miércoles) ya ha condicionado el pago del petróleo venezolano a la compra exclusiva de productos estadounidenses en cantidades equivalentes.

Es difícil predecir cómo reaccionaría la población. Después de que la presidencia interina de Guaidó no logró derrocar a Maduro, los venezolanos abandonaron cada vez más sus aspiraciones de cambio político, retirándose a la vida privada o a sus actividades económicas como trabajadores o pequeños empresarios, buscando alguna forma de estabilidad personal y familiar a largo plazo, junto con suficientes márgenes de consumo para hacer soportable la vida en Venezuela. Si el escenario económico cambiara radicalmente, ¿aceptaría la población la continuidad del chavismo sin exigir garantías de procesos democráticos en el mediano o largo plazo, siempre y cuando se asegure una nueva era de prosperidad y consumo?

Desafíos para la política democrática

María Corina Machado y la oposición enfrentan un grave problema: la transición podría realizarse sin ellos. Una transición negociada exclusivamente entre Estados Unidos y la facción gobernante de Rodríguez corre el riesgo de dejar de lado demandas esenciales para construir una democracia saludable, como la liberación incondicional de todos los presos políticos, los procesos de justicia transicional, el desmantelamiento de las fuerzas represivas, la protección ambiental en el sur de Venezuela, la reconstrucción de los mecanismos de participación democrática y el logro de elecciones genuinamente libres y efectivas.

Las fuerzas democráticas corren el riesgo de que los ciudadanos acepten el abandono de estas demandas a cambio de una renovada prosperidad económica, sin reconocer que, en el mediano y largo plazo, estas mismas demandas son las únicas capaces de garantizar que la recuperación económica y la liberalización social puedan perdurar más allá de los caprichos del Ejecutivo Nacional.

En lugar de confrontar inmediatamente al Estado Nacional, las demandas democráticas de libertad, memoria, verdad y justicia deberían incorporarse a los propios circuitos de consumo que ha construido el PSUV.

Los actores democráticos podrían evitar que una transición avance sin ellos restaurando, a través de los comanditos, una estrategia de movilización regular y sostenida en torno a una demanda inicial que no represente una amenaza existencial para el PSUV. La exigencia de liberación de los presos políticos es crucial aquí. Como se vio en el intercambio entre líderes estudiantiles de la Universidad Central (UCV) y Delcy Rodríguez, esta demanda abrió inesperadamente un espacio para una forma de diálogo, por imperfecto que fuera.

Para que la nueva normalidad de Delcy funcione, se requiere el olvido y una ciudadanía capaz de consumir libremente sin la culpa que surge al reconocer que este nuevo disfrute se construye sobre la aceptación de la impunidad. Por tanto, una estrategia política democrática debe tener como objetivo generar malestar y evitar el olvido.

Siguiendo esta lógica, las protestas deberían innovar. En lugar de confrontar inmediatamente al Estado Nacional, las demandas democráticas de libertad, memoria, verdad y justicia deberían llevarse a los propios circuitos de consumo que el PSUV ha construido para beneficiar al capital nacional, la boliburguesía, los pequeños empresarios y los trabajadores resignados o apáticos. Esto significa inquietar no sólo a los actores políticos al frente de este proceso de transición, sino también a sus contrapartes económicas. Las grandes compañías petroleras internacionales pueden obtener ganancias sin vivir en el país, pero las empresas venezolanas no. Para ellos, la transición a la democracia también debe convertirse en una necesidad.

Si no por temor a los costos del autoritarismo, entonces su necesidad debería estar impulsada por el alto precio social de no promover la reconstrucción democrática nacional.